Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Angel Monagas escriba una noticia?

OTRA VEZ UNA INHABILITADA ES CANDIDATA DEL PSUV

07/05/2010 13:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

PSUV

?No estoy inhabilitada?: Jenny Cedeño

Texto: Yesibeth Rincón

PANORAMA. La diputada Jenny Cedeño negó ayer que se encuentre inhabilitada para aspirar a la AN por el circuito 4 de Maracaibo.

?Eso es mentira. Estuve inhabilitada en el 2003 pero pagué la multa que se me colocó y el año. Cuando cumplí la sanción trabajaba en la Alcaldía y salí del gobierno por un año?, respondió Cedeño a las versiones sobre una posible inhabilitación y al presunto nombramiento de Elba Alvarado, su suplente, como principal.

?Lo que yo estaba esperando era que el Tribunal aceptara mi apelación para resarcir mis daños morales y eso no ocurrió. Pero no tiene nada que ver con la inhabilitación ni con la candidatura, sigo siendo candidata?, aclaró.

MI JUICIO: Eso no es lo que dice la sentencia del 16 de Abril del 2010. Primero se agarra una embustera que a un ladrón:

PRIMERO: ES FALSO, QUE APELARA PARA RESARCIR DAÑOS MORALES. ¿Por qué?

En el escrito que sustento la decisión de la Sala Constitucional del 16 de Abril del 2010, se lee: El 10 de agosto de 2007, comparecieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Miguel Rondón y Claudia Valentina Mujica Añez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 56.367 y 37.020, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad n° 11.247.724, y solicitaron la revisión de la sentencia n° 02898 dictada el 19 de diciembre de 2006, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal. Fundamentaron tal revisión en el siguiente fundamento: Los representantes judiciales de la solicitante expusieron lo que sigue: Que a su representada se le lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la Sala Político Administrativa impuso a la ciudadana Jenny Cedeño, ?la carga de publicar un cartel de emplazamiento, aplicando esa obligación, la cual está destinada por el legislador patrio, para los actos administrativos de efectos generales, toda vez que al demandar la nulidad de ellos, se ve afectado el interés general, y no como erradamente lo aplicó en el presente caso, imponer al justiciable, quien tiene el derecho constitucional a acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses frente a un acto administrativo que únicamente afecta su esfera personal y no el interés general, haciendo nugatorio el mismo por la aplicación analógica de la carga procesal del cartel de emplazamiento?. REVISION Y TUTELA.

Es decir los abogados en representación de la ciudadana JENNY CEDEÑO, piden a la SALA CONSTITUCIONAL, la REVISION DE LA SENTENCIA que declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada subsidiariamente en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional, por el abogado Javier Simón Gómez González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO MÁRQUEZ, contra la Resolución N° 01-00-028 del 12 de junio de 2003, emanada del CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual la mencionada ciudadana fue destituida del cargo de Coordinadora Regional del Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL ZULIA), que desempeñaba en la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por el período de un año, en virtud de haber sido declarada su responsabilidad administrativa por decisión del 23 de mayo de 2002, emanada del Contralor General del Estado Zulia; y contra la Resolución N° 01-000-111 del 23 de diciembre de 2003, emanada del Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la accionante contra la referida Resolución N° 01-00-028 Y LO PIDEN EN RAZON DE QUE ESTA DECISION lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .

Ahora bien que es la TUTELA JURIDICA EFECTIVA: Una corriente ha señalado que la tutela judicial efectiva se limita a lo establecido en el art. 26 de la CRBV que establece:

?Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente?? (CRBV, 1999: art. 26).

Por su parte, Pico I Junoy (1997) argumenta que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende -palabras del Tribunal Constitucional Español- un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto.

En el mismo orden de ideas, Carroca (1998) expresa que la tutela judicial efectiva garantiza: la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales iniciando un proceso; la obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes; la posibilidad de las partes de poder interponer los recursos que la ley provea; y la posibilidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia

En contraparte, otra corriente considera que la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en el artículo 49 de la CRBV; es decir, que por tutela judicial efectiva se entiende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a las pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a un tribunal competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado por jueces naturales y derecho a no confesarse culpable, entre otros. Esta corriente encuentra sustento en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril de 2001, Nº 576, expediente Nº 00-2794, que ha expresado: ?La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca una mínima garantía (?) Es, pues, la garantía jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano (?) para conseguir una decisión dictada conforme el derecho (?)?.

Puede apreciarse de la precedente sentencia que no basta con el hecho de que el ciudadano acceda a los tribunales, sino que se requiere la sustanciación de un juicio apegado al debido proceso, que se dicte una sentencia ajustada a derecho, y finalmente, que sea efectiva; es decir, que la decisión se pueda ejecutar.

Y QUE ES LA REVISION DE UNA SENTENCIA EN SALA CONSTITUCIONAL: Es el procedimiento y también el acto de parte que lo inicia, que tiene por objeto una decisión jurisdiccional a la que se imputa un defecto de forma o de fondo y tiene por finalidad la corrección de tal defecto. En este sentido Enrique Vescovi refiriéndose a los recursos e impugnaciones asienta que un orden jurídico adecuado a sus fines, necesita que dichos recursos funcionen correctamente para evitar que las violaciones, inevitables, persistan, para que los actos irregulares se regularicen, para que los derechos violados, que es el supremo objetivo puedan ser restablecidos.

REVISIÓN CONSTITUCIONAL:

DE OFICIO O A PETICION DE PARTE

Aproximación Conceptual. Apreciada desde las alturas de la Constitución o del máximo Tribunal de la Republica (TSJ), es una potestad constitucional extraordinaria, discrecional, ejercida exclusivamente por la sala Constitucional; desde la cual es garantizada la supremacía y efectividad de las normas y principios Constitucionales. En tal sentido, sólo procede contra las sentencias firmes y por las causas expresamente señaladas en la ley. Visto desde el resto de la estructura judicial (los demás tribunales), y de los particulares, es un medio de impugnación que se interpone ante la sala constitucional, contra los fallos definitivos, en las cuales se supone infringidas las normas Constitucionales, legales o interpretaciones de la sala Constitucional sobre normas y o principios Constitucionales; así como, sentencias en alzada o definitivamente firmes de amparo constitucional. Es de significar, en este punto de la reflexión si estamos frente a un recurso o ante una solicitud, polémica sobre la cual nos referimos brevemente. La doctrina constitucional usa indistintamente Recurso y Solicitud, no obstante a nuestro juicio, la ley y la jurisprudencia le dan relevancia al termino solicitud cuando viene ejercido a instancia de parte; es decir, por alguien distinto al Tribunal Supremo de justicia, pero cuando este último actúa ( sala Constitucional ), de oficio lo hace en nombre de una potestad o atribución. Ahora bien, la Ley Orgánica del T. S. J según sentencia del 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), incorpora definitivamente el termino de ?solicitud?, para la revisión de las sentencias definitivamente firmes, por ante la Sala Constitucional.

La doctrina constitucional usa indistintamente Recurso y Solicitud, no obstante a nuestro juicio, la ley y la jurisprudencia le dan relevancia al termino solicitud cuando viene ejercido a instancia de parte; es decir, por alguien distinto al Tribunal Supremo de justicia, pero cuando este último actúa ( sala Constitucional ), de oficio lo hace en nombre de una potestad o atribución. Ahora bien, la Ley Orgánica del T. S. J según sentencia del 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), incorpora definitivamente el termino de ?solicitud?, para la revisión de las sentencias definitivamente firmes, por ante la Sala Constitucional.

La sala Constitucional, por otra parte, en sentencia del 11 de Marzo de 2005 (caso 11 de abril), ha precisado las sentencias que pueden ser objeto del recurso de revisión, así:

Entre los fallos que, ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la sala, pueden ser objeto de revisión:

1- Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por los demás Sala del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.

2- Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la Republica o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgado del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma Constitucional. En estos casos hay también un errado control Constitucional.

La supremacía y la fuerza del ordenamiento jurídico derivado de las previsiones constitucionales, precisan la sujeción de personas e instituciones que integran la sociedad venezolana al imperio de la norma Constitucional que conjuntamente con la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, constituyen los pilares fundamentales de nuestra sociedad, aunado a la competencia que constitucional, legal y jurisprudencialmente en forma inequívoca, se le ha otorgado a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer por vía de revisión las decisiones definitivamente firmes que versen sobre amparos constitucionales, de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas o de aquellas que se han apartado u obviado expresa o tácitamente alguna interpretación de la constitución hecha por la sala con anterioridad al fallo impugnado; que hayan sido proferidas por las demás salas incluyendo la sala plena del T. S. J y demás tribunales del país.

Con esto se busca anular las Sentencias que contraríen alguna Doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o infrinjan principios o reglas de rango constitucional. Se debe hacer por escrito fundado ante la Sala antes citada de forma directa, ya que la potestad de revisión constitucional de Sentencias Definitivamente Firmes, está expresa, excepcional y limitadamente atribuida a la competencia exclusiva a esta Sala como máximo intérprete de la Constitución, que abarca tanto fallos que hayan dictado otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como los demás Tribunales de la República, tales como Cortes de Apelaciones, Tribunales en Funciones de Juicio, Control y Ejecución. Es primordial informarle que la Sala Constitucional puede revisar las sentencias de otras Salas del TSJ cuando las sentencias en cuestión se hayan dictado después de la entrada en vigencia de la Constitución del año 2.000, antes no.

Si bien alguna parte de la Doctrina no está de acuerdo con esta figura jurídica, mientras se pueda utilizar, esta representación la tendrá como alternativa de trabajo.

?pero pagué la multa que se me colocó y el año. Cuando cumplí la sanción trabajaba en la Alcaldía y salí del gobierno por un año?

Es obvio que no se trato de ninguna apelación y menos buscar resarcir daño moral, si eso es verdad porque su abogado Javier Simón Gómez González para la época presenta escrito ante la Sala Político Administrativa en fecha 13 de julio del 2004, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Jenny Elina Cedeño Márquez, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos, conforme a lo previsto en el ?artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia?, contra la Resolución N° 01-00-028 del 12 de junio de 2003, emanada del Contralor General de la República, mediante la cual su representada fue destituida del cargo de Coordinadora Regional del Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL-ZULIA) que desempeñaba en la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por el período de un año, en virtud de haber sido declarada su responsabilidad administrativa por decisión del 23 de mayo de 2002, emanada del Contralor General del Estado Zulia; y contra la Resolución N° 01-000-111 del 23 de diciembre de 2003, emanada igualmente del Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la recurrente contra la referida Resolución N° 01-00-028 del 12 de junio de 2003.

EL COLMO DEL DESCARO Y LA MENTIRA:

No es la primera vez que esta ciudadana se burla de sus electores y del pueblo en general. Si es verdad que ella pagó la multa y cumplió el año de inhabilitación, como es que se presentó para ser candidata en las Elecciones del 2004 y de hecho fue candidata apoyada por el MVR y por otros partidos. Recuerdo claramente que se retiro de la administración Municipal donde era Directora General de Asuntos Políticos, oficina ubicada en el sexto piso, a mano izquierda en el palacio municipal de Maracaibo, y fue todo un problema porque debía retirarse tres meses antes del proceso y no quería renunciar. De ser cierto lo que ella dice tampoco ha debido ser candidata en el 2004 y lo fue nominal y por lista.

vicente diaz VICENTE DIAZ

De hecho el rector VICENTE DIAZ, la pone en primer lugar como ejemplo de una declarada inhabilitada como Candidata: al efecto declaro en la prensa nacional:

-No es la primera vez que los rectores deben decidir si aceptan a inhabilitados?

-Efectivamente no es un caso nuevo, ya sucedió que la Contraloría emitió una prohibición de ejercicio de un cargo público a algunas personas y el CNE permitió su postulación porque no existía una sentencia firme. Este no es un tema nuevo, sucedió en el pasado y hay casos suficientes que demuestran que una persona que no ha sido condenada penalmente y que como parte de la condena no tenga penas accesorias de inhabilitación política puede postularse.

-¿Cuáles son estos casos?

-En el lejano pasado tenemos el caso de David Nieves y Salom Mesa Espinosa que estando presos salieron de la cárcel por el voto popular y fueron al Parlamento. En la actualidad tenemos ejemplos de personas que fueron inhabilitadas por esta Contraloría y fueron postulados y ganaron, y han ejercido cargos públicos teniendo la prohibición de la Contraloría. De memoria puedo citar tres casos: El de Jenny Cedeño, una diputada a la Asamblea Nacional del PSUV. Ella fue inhabilitada el 21 de junio de 2003 y fue electa el 4 de diciembre de 2005 y es diputada actualmente. (Vicente Diaz)

Este caso ya lo conoce la Dirección Nacional del PSUV. La Presidenta de la ASAMBLEA NACIONAL esta conteste del mismo y según ella y otros Diputados, JENNY CEDEÑO ya cumplió la sanción ordenada prima facie por la Contraloría General de la República. No entiendo porque su caso ha sido usado como ejemplo de ?inhabilitados? que no debieron ser candidatos. No entiendo porque si ella cumplió la sanción, la Sala Político Administrativa recibe un escrito en contra de la decisión de la Contraloría General de la República y luego piden la revisión de esa decisión a la Sala Constitucional. A LEOPOLDO LOPEZ, por ejemplo no se le deja ni acercar al CNE, igual a otros.

AHORA BIEN, SIEMPRE HE DICHO QUE EL DERECHO ES LOGICO y solo basta interpretar los hechos para encontrar quien tiene la razón.

Si la ciudadana JENNY CEDEÑO, cumplió con la sanción ¿Porqué recurrió a la Sala Político Administrativa en el 2004 y porque se le admite el recurso si ya no había materia que decidir porque como la mencionada señala ya ella había cumplido? ¿Por qué se presenta de candidata ese mismo año y ejerce cargos públicos en la Alcaldía de Maracaibo?

Peor aún, si lo que busca es resarcimiento por daño moral ¿Porqué no impulso la causa en su contra y todo lo contrario, su falta de impulso procesal e inactividad, hizo que se le declarara el desistimiento? Y porque si ya había cumplido la sanción vuelve a recurrir al Tribunal Supremo en su Sala Constitucional. No era más daño someterse dos veces al escarnio público luego de producida la sentencia. Ahora bien en ninguna parte del escrito de sus abogados, habla de ?daño moral? o ?resarcimiento?. No creo que JENNY CEDEÑO sea una persona que le sobra el dinero y el tiempo para gastar en un caso judicial. Máxime cuando estaba a las puertas de un proceso.

Es un problema más que jurídico, es un problema moral, aunque la Fiscalía debería revisar el caso no vaya hacer que haya algo por ahí que raya con la Ley contra la corrupción. LE MINTIERON A LAS BASES DEL PUSV, no se respeto el principio de igualdad. Ellos desconocen todo esto que yo he mencionado. Creo que si ellos saben que tienen una candidata que ha sido sancionada por corrupción en el desempeño de sus funciones cuando ejerció cargo público, de repente su voluntad electoral en las internas hubiese sido otra. El socialismo del siglo XXI, ese del que habla CHAVEZ exige respeto a la dignidad humana y eso empieza por decir la verdad. De hecho acuden a la SALA CONSTITUCIONAL buscando los mismos efectos que en el caso del ALCALDE DEL MUNICIPIO SUCRE JORGE BARBOZA. Aunque me comentaron que volverán acudir al Tribunal Supremo. Cuidado porque este si es un caso para la Sala electoral.

Aguas abajo, los militantes ya empiezan a preguntar quien la sustituirá: ¿Suena MARIA DE QUEIPO?

CSMariadeQueipo (6).JPG

ELBA ALVARADO ¿O SERA DE ELBA ALVARADO?

LIGA URL


Sobre esta noticia

Autor:
Angel Monagas (667 noticias)
Fuente:
Juicio a la Noticia
Visitas:
525
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.