Un conductor de autobús acusado de manejar un camión cargado con piedras, botellas y bombas en una protesta estudiantil se convirtió este viernes en el más reciente de los personajes opositores emblemáticos en recobrar la libertad para ser juzgado fuera de la cárcel.

José Dacre, conocido como "Maraco", fue detenido en enero de este año de forma preventiva, mientras se desarrollaba un juicio en su contra por supuesta "intimidación pública" con agravantes. Algunos líderes universitarios sostienen que las autoridades fabricaron la evidencia.

El jueves un tribunal militar dictó el mismo beneficio a favor de dos militares retirados de alto rango: el vicealmirante Wilfredo Barroso Herrera y el general Carlos Millán Millán, a quienes se les detuvo en 2008 por supuesto "intento de magnicidio" e "intento de rebelión" sobre la base de unas grabaciones. La defensa alega que se trata de un montaje.

Hace poco más de una semana y en medio de una huelga de hambre a la que se sumaron decenas de estudiantes en todo el país, el joven Julio Rivas fue liberado de una cárcel donde se le había recluido –también preventivamente– acusado de participar en sucesos violentos durante una marcha contra la aprobación de la nueva Ley de Educación, en agosto pasado. Rivas niega los cargos.

Todos ellos forman parte de una lista de 47 personas a las que dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos califican de "presos políticos" y a quienes el gobierno considera "delincuentes comunes".

Sus liberaciones se producen en momentos en que arrecian las acciones estudiantiles para presionar por la situación de esos "presos políticos" y semanas antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudie la situación de Venezuela en el período de sesiones que comienza en noviembre.

Yo creo que es un gesto muy positivo del gobierno. No hay que descalificarlo; más bien apelaríamos por mas liberaciones

Rocío San Miguel, ONG Control Ciudadano

Los cuatro habían sido detenidos con el argumento de que podrían fugarse, en lo que críticos consideraron un exceso dirigido a intimidar a la población, en parte para disuadirla de participar en manifestaciones públicas. Portavoces gubernamentales rechazan esta versión.

"Yo creo que es un gesto muy positivo del gobierno. No hay que descalificarlo; más bien apelaríamos por más liberaciones", le dijo a BBC Mundo la portavoz de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Para San Miguel, "hay un reconocimiento implícito de la circunstancia de que existen en Venezuela personas privadas de libertad por delitos políticos" y su liberación es una forma de "lavarse la cara" frente a la pronta revisión del caso venezolano por parte de la CIDH.

Gonzalo Himiob, de la organización Foro Penal Venezolano, coincidió con San Miguel. "Tenemos que recordar que (Augusto) Pinochet hizo algo parecido para presentar al mundo una cara que no era la real", señaló.

Sus liberaciones se producen en momentos en que arrecian las acciones estudiantiles.

Sin embargo, también celebró la liberación de los detenidos y abogó por el relanzamiento de una iniciativa de 2007 para promulgar una ley de amnistía y reconciliación nacional.

Himiob le dio crédito a las iniciativas estudiantiles –como la huelga de hambre de la semana pasada ante la sede de la OEA– en el cambio de circunstancias para quienes ahora gozan de libertad, aunque sea condicional.

Del mismo criterio se manifestó Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz. "Se presenta ante el público una situación de no respeto a la garantía de ser juzgado en libertad, siguiendo el debido proceso; que se haya puesto esto ante la opinión publica a través de la protesta, además de llamados de la misma Comisión de Derechos Humanos que no siempre se hacen públicos, lleva a que ciertos jueces reconsideren su posición frente a esos procesos", le dijo a BBC Mundo.

Se presenta ante el público una situación de no respeto a la garantía de ser juzgado en libertad, siguiendo el debido proceso

Alfredo Ruiz, Red de Apoyo para la Justicia y la Paz

"Estamos aplicando la Constitución, que establece que preferentemente deben ser juzgados en libertad", le respondió a BBC Mundo el presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Reinaldo García, interrogado sobre por qué se produjeron estas liberaciones en forma inesperada y muy cerca las unas de las otras.

García negó de plano que ninguno de ellos fuera preso político o que hubiera detenidos dentro de esta categoría en el país, al tiempo que aseguró que en Venezuela se respetan los derechos fundamentales. Refirió que en gobiernos pasados a los estudiantes se los repelía con balas, mientras que ahora se usan gases y agua. "Estos jóvenes estudiantes manipulados por la oposición, se quejan mientras lanzan bombas molotov", afirmó.

El parlamentario también aseguró que las liberaciones no tienen "nada que ver con que venga la CIDH", a la que el país "no le tiene ningún temor".

"Si quieren venir, que vengan, pero que lo hagan sin ninguna posición política", indicó.

Portavoces oficiales han venido rechazado la posibilidad de autorizar la visita de la comisión, sobre la base de que ésta apoyó el golpe de Estado