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Venezuela debe emprender reformas para mejorar sus condiciones carcelarias y enfrentar la violencia de sus prisiones, pidió este lunes la organización Human Rights Watch (HRW), luego de la muerte la semana pasada de 35 reclusos.
"Miles de internos han muerto en las prisiones venezolanas en los últimos años, incluyendo decenas de ellos en la cárcel de Uribana desde 2013", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en un comunicado.
"¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario?", resaltó.
Reclusos del penal de Uribana, en el estado de Lara (norte), realizaban la semana pasada una huelga de hambre cuando un grupo de ellos irrumpió violentamente en la enfermería y "asaltaron la farmacia procediendo a ingerir múltiples fármacos", según el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
El saldo fue de 35 presos muertos y un centenar de intoxicados, algunos de los cuales fueron conducidos a centros hospitalarios. La Fiscalía anunció el viernes que presentará ante un tribunal al director de la cárcel.
Venezuela debe impulsar investigaciones "oportunas, exhaustivas e imparciales" para esclarecer estas muertes, y a la vez abordar las denuncias del Comité contra la Tortura de la ONU sobre las condiciones de detención en el país suramericano, señaló HRW.
En un informe difundido la semana pasada, el comité de Naciones Unidas denunció la "tragedia" del sistema penitenciario venezolano, plagado de cárceles hacinadas y violentas donde las armas "circulan casi libremente".
Según Vivanco, Venezuela debería aceptar la solicitud del Relator Especial contra la Tortura de la ONU de visitar el país, y otorgarle "acceso pleno" para llevar a cabo una "investigación independiente".
Este es el segundo hecho grave que se registra en Uribana en los últimos años luego de que en enero de 2013 murieran 58 reclusos en una reyerta para controlar el penal, con capacidad para 850 reclusos pero que alberga a unos 3.700.
En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas, contra una capacidad instalada de 19.000. En ese lapso murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según la organización civil Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
"La impunidad de las violaciones de los derechos humanos de los presos es la regla en Venezuela", afirmó HRW.
Frente a las denuncias de violencia, tráfico de armas y drogas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura aplicar un régimen de humanización y disciplina.