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Venezuela necesita un cambio de rumbo

08/02/2015 20:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ponencia presentada por Rafael Venegas, Secretario General del partido Vanguardia Popular, en el foro: La crisis económica, política y social de la Venezuela de hoy, organizado por la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV

Comencemos por lo que debería ser, según nuestra opinión, el corolario de este foro: un amplio consenso nacional establece que VENEZUELA NECESITA UN CAMBIO DE RUMBO. La gravedad que reviste la crisis general que sacude al país y el inmenso descontento popular asociado a ella, demandan con urgencia una política para salir del atolladero en que hemos sido colocados. Esta política se concreta en un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL que reconcilie a la sociedad venezolana y convoque la voluntad y el compromiso de todos, para encarar el reto de reconstruir un país deteriorado en lo económico, social, político, institucional y moral: un país en el que cada vez más se destruyen fuerzas productivas y se incrementa la tendencia al empobrecimiento de las grandes mayorías sociales, deteriorando sus condiciones de vida y de trabajo. Un país en el que se han resquebrajado todos los signos de la convivencia social y en el que se ha perdido el valor de la vida, imponiéndose las formas más horrendas de la violencia y el crimen, y en el cual el crimen organizado ha tejido una compleja maraña de complicidades que lo imbrica con la Fuerza Armada, los cuerpos policiales, el poder judicial, el poder político y los grupos económicos asociados al régimen. Un país en el que la corrupción ha permeado todos los estratos de la sociedad y del estamento político, en el cual, solamente durante los últimos diez años, se han robado la bicoca de más de 100.000 millones de dólares. Un país en el que el pueblo padece la angustia de un largo peregrinar de cola en cola, todos los días y durante interminables horas, para procurarse los productos básicos que le aseguren su existencia. Un país en el que se ha criminalizado y judicializado la protesta social, en el cual el autoritarismo y la represión parecen ser las únicas respuestas a los reclamos de los diversos sectores sociales afectados por la crisis, represión que ahora se pretende revestir con un manto de legalidad a través de la resolución 008610, emanada del Ministerio de la Defensa. Un país, en fin, en el que se han ido acumulando graves tensiones sociales que amenazan peligrosamente con desbordarse, las cuales necesitan válvulas de escape para que fluyan por cauces democráticos, pacíficos y constitucionales, no como un ejercicio de catarsis, sino como un torrente vital de energías transformadoras.

Buena parte de los analistas que intentan explicar esta crisis han insistido en que estamos frente al fracaso del modelo “socialista”. Nosotros sostenemos que, efectivamente, la naturaleza de esta crisis es la confirmación del fracaso de un modelo y la demostración palmaria de su inviabilidad. Pero lo que ha fracasado, a nuestro juicio, no es el socialismo o alguna inexistente variante vernácula del mismo. Lo que ha fracasado es el modelo rentista-petrolero con todos sus rasgos asociados a las deformaciones estructurales que trajo aparejado históricamente, así como también el régimen político que hoy le sirve de sustento, entendido éste como el proyecto societario de la boliburguesía en el poder. Lo que ha fracasado es el modelo de capitalismo dependiente, rentista, monoproductor, monoexportador e importador de toda clase de mercaderías, con un alto componente estatista al amparo del cual se amamanta una burguesía escasamente emprendedora y productiva, se amortiguan, mas no se resuelven, algunos problemas sociales a través del reparto de renta y se enriquece a un puñado de burócratas que ha convertido el erario público en su festín de Baltazar.

Este modelo, que en Venezuela tiene ya 100 años de historia, ha sido reforzado hasta la exacerbación durante los últimos 16 años, hasta el punto de configurar hoy una economía de puertos que promedia entre $35.000 y $45.000 millones anuales en importaciones –las cuales se financian con el dinero proveniente del negocio petrolero; el que, a su vez, representa el 96% de nuestros ingresos en divisas–, mientras se aniquilan fuerzas productivas; esto es, se destruye el aparato productivo nacional, se lleva la ruina al campo, se quiebran las empresas de la CVG, se debilita la capacidad productiva y financiera de PDVSA, a la par que se desarrolla un sector estatal de la economía, errónea y engañosamente llamado de propiedad social, que es un verdadero desaguadero de recursos financieros y económicos, un verdadero monumento a la ineficacia y la improductividad, a la corrupción y a la negación de derechos laborales y sindicales.

Como puede observarse, la crisis no es solo crisis económica ni su origen está en una supuesta “guerra económica” o en la reciente caída de los precios del petróleo. En 2014 el precio promedio del barril petrolero fue de 90 dólares, mientras por enésima vez el SENIAT batió record de recaudación. No obstante, la economía venezolana registró una inflación de 70% que en el renglón de alimentos alcanzó al 96%, el aparato productivo consignó una caída de 4 puntos del PIB entrando en recesión, el índice de escasez bordeó el 40%, vivimos una caída drástica de nuestras reservas internacionales, un déficit fiscal que ahora se proyecta en el orden de 20 puntos del PIB, a la par que se hipoteca la soberanía nacional y el futuro de nuestros compatriotas a través de una irracional política de endeudamiento público, cuyo monto asciende a más de $160.000 millones solo en deuda externa.

Las consecuencias más dramáticas de esta situación la sufren las grandes mayorías, quienes padecen los embates de una crisis sanitaria y de todo el sistema de salud pública y privada, un grave retroceso en la calidad y alcances del sistema educativo en su conjunto, una situación de deterioro y encarecimiento de los principales servicios públicos y cerca de 25.000 personas asesinadas a manos del hampa. En Venezuela asistimos hoy a una reanudación de la tendencia al empobrecimiento de nuestra gente, de acuerdo con las cifras presentadas recientemente por la CEPAL (6, 7% de crecimiento entre 2012 y 2013, para situarse en 32, 1%, sin contar el balance de 2014, hasta ahora el año más duro de esta crisis, y lo que podríamos esperar de 2015), mientras la cobertura de los programas sociales solo alcanza al 10% de la población, muy a pesar de la engañosa propaganda oficial.

Durante 16 años el régimen chavista ha administrado alrededor de un billón 500.000 millones de dólares producto de los más altos ingresos petroleros y fiscales de nuestra historia, ha contado con el control absoluto de todas las instituciones del Estado, con poderes habilitantes de larga duración y amplio alcance, con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional, de la comunidad internacional y, hasta hace poco, con un gran apoyo popular. Ningún otro gobierno en Venezuela dispuso de tanto dinero, poder político y respaldo popular. No obstante, fracasó estruendosamente, frustrando las expectativas de transformaciones y cambios que despertó en sus inicios. Una vez más se ha sacrificado una importante oportunidad histórica para superar los males seculares que sufren el pueblo y la nación venezolanos.

Es posible y necesario, sin embargo, superar esta crisis sin más diferimientos o dilaciones, sin tener que esperar al 2019 cuando se realizaría una nueva elección presidencial. Es posible y necesario superar esta crisis aquí y ahora y para ello, sostenemos nosotros, existen caminos distintos a las tradicionales medidas neoliberales o fondomonetaristas en torno a las cuales parecen coincidir gobierno y oposición. La crisis no puede ser encarada con políticas que descarguen el peso de la misma sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo, con medidas cuyos proponentes reconocen sus efectos recesivos e inflacionarios. Nos referimos, obviamente, a medidas como la eliminación del control cambiario o el control de precios, aumento de la gasolina, aumento de las tarifas de los servicios públicos o incremento de la presión tributaria sobre productores y consumidores.

En su lugar, nuestra propuesta de CAMBIO DE RUMBO supone una rectificación a fondo de las políticas que nos han llevado al punto dramático en que nos encontramos hoy, lo cual pasa por formular un programa para la emergencia planteado desde la perspectiva de los intereses nacionales y populares, llevado a cabo por un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL que, entre otras medidas, contemple las siguientes:

1) Reducción drástica del gasto militar que actualmente consume un promedio anual de 6.000 millones de dólares.

2) Un programa de reestructuración de la deuda externa que este año supone pagos por el orden de los 11.000 millones de dólares. Este programa tendría como propósito auditar dicha deuda, diferir pagos y discutir nuevas condiciones y plazos para los mismos.

3) Una reforma tributaria integral orientada a reactivar el aparato productivo nacional y a proteger y abaratar el consumo. Esta reforma debe favorecer y facilitar la inversión productiva, estimular el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, proteger los sectores vitales de la economía y los grupos sociales más empobrecidos y vulnerables de la población.

4) En correspondencia con lo anterior, desarrollar un plan nacional de infraestructura que favorezca la reactivación económica, construya y recupere importantes obras de servicio y genere empleo en forma rápida.

La gravedad que reviste la crisis general que sacude al país y el inmenso descontento popular asociado a ella, demandan con urgencia una política para salir del atolladero en que hemos sido colocados

5) Un plan nacional de compras por parte del Estado, tendente al mismo propósito de reactivación del aparato productivo nacional y a la reducción significativa de las importaciones.

6) Reformulación integral de toda la política petrolera del país, con énfasis en la revisión, a la luz de la Constitución y leyes de la república, de los contratos suscritos con las transnacionales del sector, así como de la política industrial y comercial de PDVSA. Solo en este contexto estaríamos en disposición de considerar la revisión del precio de la gasolina.

7) Intervención de la Corporación Venezolana de Guayana a fin de desarrollar todas las medidas necesarias para acometer la pronta reactivación de sus empresas. Esta medida tendría que quedar en manos de una Junta Interventora multidisciplinaria, altamente calificada desde los puntos de vista profesional, técnico y gerencial, pero también incuestionable desde el punto de vista moral, en su compromiso patriótico y su sensibilidad social.

9) Designación de una Comisión Especial para la revisión de la situación de las empresas del Estado, con exclusión de PDVSA, la CVG y demás empresas básicas o estratégicas. Nos referimos específicamente a las empresas de la mal llamada economía social, a fin de verificar su estado financiero y gerencial, su productividad y eficiencia, con miras a su transferencia, bien a sus trabajadores o al sector privado, según cada caso.

8) Conformar una Comisión Especial contra la corrupción y la impunidad, cuyo propósito sería investigar los graves delitos de corrupción cometidos durante este período, así como adelantar las medidas conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos.

9) Adelantar una gran campaña por la vida, fruto de un acuerdo nacional que comprometa a todos los sectores del país, orientada a revalorizar de forma integral u holística el sentido de la vida, a sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad. Este esfuerzo tendría que ser complementado con un conjunto de medidas orientadas a combatir la impunidad y el crimen organizado, a reestructurar los cuerpos policiales y el poder judicial, a desarmar a la población civil y a reestructurar y humanizar el sistema carcelario venezolano, entre otras cosas.

10) Desmantelamiento radical de lo que conocemos como sistema nacional de medios públicos, fuente de despilfarro de los dineros de la nación, de negociados y corrupción, de financiamiento del PSUV y demás factores asociados al llamado “proceso” y de campañas sistemáticas de ideologización y falseamiento de la realidad. En su lugar, volver al viejo esquema de una o dos emisoras radiales del Estado, que no del gobierno, de una o dos plantas televisivas del Estado, que no del gobierno, preservando las prerrogativas que la ley contempla para la publicidad oficial y para la comunicación con el país.

11) Preservación, fortalecimiento y reingeniería de la política y los programas sociales con miras a la protección de los sectores empobrecidos y los grupos vulnerables. Esta medida debe encaminarse a mejorar su cobertura y eficacia orientando su impacto sobre la población en términos efectivos de inclusión social y superación de la pobreza, con base en criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y democratización.

12) Preservación y fortalecimiento de todos los mecanismos de participación política y de las organizaciones sociales y políticas surgidas a su amparo (Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones del llamado Poder Popular), bajo criterios de autonomía efectiva respecto del Estado y los partidos políticos, de integración plural resultante de su amplitud y su naturaleza, de democratización real de su vida interna y de perfeccionamiento de los sistemas de contraloría social y legal, a los fines del mejor cumplimiento de sus funciones y de la administración transparente y eficaz de los recursos que administre.

13) Solo en el marco de un programa como este, de similares propósitos y alcances, deberá incluirse la revisión de la política monetaria y cambiaria del país, la cual, sin lugar a dudas, debe ser corregida y colocada en sintonía con el espíritu y propósitos de esta propuesta.

En torno a medidas como estas y otras que el concurso del debate y los acuerdos seguramente incorporarán, el posible unir a la inmensa mayoría nacional descontenta y desencantada, más allá de la oposición y del oficialismo, más allá de la polarización y el maniqueísmo que levanta murallas y dinamita los puentes para impedir el reencuentro y la reconciliación entre los venezolanos, lo que, adicionalmente, ha resultado buen negocio político y electoral para los hegemones de ambos extremos de la confrontación interna. Del lado del gobierno, aquí están unas ideas y un camino que brindan la oportunidad para una rectificación radical del rumbo. A nuestro modo de ver, el dilema es claro: o cambia la política o cambiamos al gobierno. Del lado del país y del pueblo venezolano, pensamos que los imperativos de la hora presente demandan del liderazgo nacional la proposición de una ruta a seguir. Es la hora, no de la unidad de la oposición, sino de la unidad nacional; de la unidad de todos los sectores económicos, sociales, culturales y políticos del país para transformar el descontento, el desencanto, el pesimismo y la incertidumbre, en esperanza y optimismo respecto del presente y del futuro. Es la hora de encauzar el profundo y extendido malestar social reinante para convertirlo en torrente de luchas por los derechos y reivindicaciones populares, por mejores condiciones de vida y trabajo y por construir un país con SOBERANÍA, DEMOCRACIA, PROGRESO Y JUSTICIA SOCIAL. A ese propósito estamos dispuestos a sumar el concurso de nuestros esfuerzos. A esa lucha convocamos.

Muchas gracias.

Caracas, 5 de febrero de 2015


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