Manuel Valls, nombrado hace 100 días primer ministro para reactivar la economía de Francia y reducir el desempleo, impulsa reformas criticadas por los sindicatos y por una parte de su propio Partido Socialista, que le reprochan estar sometido a la patronal.

Valls celebra este martes por la tarde esos 100 días en el cargo presentando su hoja de ruta para el próximo año en una "conferencia social" que reúne en París a empresarios y sindicatos. Aunque lo hará ante una asistencia escasa.

En efecto, la ruptura entre el ejecutivo y los sindicatos se confirmó tras los recientes anuncios del primer ministro sobre una modificación del código laboral y sobre el aplazamiento de parte de las medidas de un dispositivo que preveía una jubilación anticipada para los trabajadores que realizan tareas penosas.

La CGT (primer sindicato obrero de Francia) y FO (sindicato mayoritario entre los funcionarios) anunciaron de antemano que boicotearían el discurso de Valls ante la conferencia social.

El dirigente de FO Jean-Claude Mailly denunció este martes el "peligroso camino para la economía" emprendido por el Gobierno, y fustigó la "política de austeridad". "Hablarnos de diálogo social cuando el Gobierno decide sin dialogar, eso se llama cine", agregó, aludiendo a las "declaraciones intempestivas del primer ministro".

El discurso de Valls "no merece nuestra presencia a su lado" a raíz de sus recientes declaraciones "en favor de la patronal", estimó por su lado Thierry Lepaon, dirigente de la CGT.

Una tercera organización, la FSU, principal federación sindical de los docentes, les siguió los pasos y optó por el boicot. "No permaneceremos en esta conferencia social porque ha empezado demasiado mal en el plano del método de diálogo social", declaró su secretaria general, Bernadette Groison.

Ante los diputados socialistas, Manuel Valls afirmó este martes que no "minimiza" el boicot de los sindicatos, pero instó a "no darle una importancia excesiva". Agregó que la actitud sindical se debe a "la crítica de la política aplicada desde hace dos años" y no "al rechazo del diálogo". Poco después, en su discurso de clausura de la conferencia social, estimó que "como quiera que sea, una negativa prolongada de diálogo sería una actitud incomprensible".

- Un revés para Valls y para Hollande -

Los sindicatos reprochan al Gobierno las concesiones hechas a las empresas en el marco del 'pacto de responsabilidad', un dispositivo anunciado a primeros de año por el presidente del país, François Hollande, y que es el eje de su política económica. El mismo prevé ayudas e incentivos fiscales por 40.000 millones de euros a las empresas a cambio de la promesa de crear puestos de trabajo. El Gobierno quería que esa conferencia social fuera un espacio de unión nacional, de "diálogo social a la francesa". El boicot de los sindicatos es un revés para Hollande, cuyo objetivo de reducir el desempleo parece cada vez más difícil de alcanzar.

Al retirarse de la mesa de negociaciones, los sindicatos apuntan al jefe del Estado, pero sobre todo al primer ministro, calificado a veces de "socialista de derecha" y al que acusan de someterse a los mandatos de la patronal.

Frente a esas críticas, Manuel Valls sostiene que Francia está "trabada, atascada, paralizada" y aboga en favor de una izquierda que "avance", "que ponga en movimiento la sociedad".

Valls es apoyado por el jefe de Estado, que reiteró el lunes que el diálogo social no puede ser una "perpetua puja de peticiones unilaterales". El pacto de responsabilidad, presentado por Hollande como "el mayor compromiso social en décadas", es el símbolo del giro político dado por el presidente francés a finales del año pasado.

La primera piedra de ese dispositivo fue examinada por los diputados este martes, a través del voto de un proyecto de ley de financiamiento de la Seguridad Social, que fue aprobada en primera lectura. Ese texto se inscribe en el pacto de responsabilidad porque incluye reducciones de las cotizaciones patronales y el congelamiento de ciertas pensiones de jubilación.

Esas medidas desataron también críticas al primer ministro por parte del ala izquierda del Partido Socialista. Treinta y tres diputados socialistas opuestos a la política de austeridad se abstuvieron en esta votación. El grupo socialista, mayoritario, cuenta con 295 diputados. "Nosotros asumimos plenamente y colectivamente el hecho de no aceptar esa línea de deriva del ejecutivo, que abraza la tesis patronal de la disminución del coste de trabajo, pagado por los jubilados", declaró a la AFP el diputado socialista Pouria Amirshahi.