El primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, congelará los salarios de los funcionarios y los subsidios sociales en el marco de un plan para reducir el gasto público en 50.000 millones para 2017, provocando el descontento del ala izquierda de su partido.

El jefe del Gobierno francés detalló por vez primera esos recortes, cuya suma total fue anunciada en enero por el presidente François Hollande, y recalcó que "Francia cumplirá sus compromisos" para reducir el déficit público a un 3% del Producto Interior Bruto. El Estado ahorrará 18.000 millones, 11.000 millones las colectividades territoriales y 21.000 millones en protección social.

Las jubilaciones serán congeladas, salvo las más modestas, al igual que los subsidios sociales (subvenciones familiares, seguro de desempleo), También en este caso, quedarán fuera de la medida los subsidios otorgados a las personas más pobres.

Paralelamente, Valls anunció que los gastos del Estado serán reducidos en todos los sectores salvo en la educación, la justicia y la policía, y que lo salarios de los funcionarios seguirán congelados, como lo están desde 2010.

"El empleo es la primera prioridad", recalcó el primer ministro, en un país en el que la desocupación afecta a cerca del 10% de la población activa.

El jefe de gobierno alegó que "reducir los déficits es recuperar márgenes de maniobra para invertir, para preparar el futuro, pero también para asegurar la perennidad del modelo social" francés y "la modernización de los servicios públicos". Asimismo, anunció reducciones fiscales en favor de las familias más modestas por una cantidad de 500 millones de euros a partir de junio.

El 23 de abril, el Consejo de Ministros examinará este programa presupuestario y el 30 de abril será sometido a votación en la Asamblea Nacional. Tras ello el plan será comunicado a Bruselas.

El anuncio de Valls, que él mismo detalló ante la prensa al terminar un Consejo de Ministros, recibió una acogida glacial entre los parlamentarios del ala izquierda del socialismo, furiosos ya por el hecho de que el Gobierno no haya tratado de renegociar con las instancias europeas el ritmo de reducción del déficit, como lo había dado a entender el Ejecutivo tras la rotunda derrota sufrida por los socialistas en las elecciones municipales de marzo.

Las medidas anunciadas son "inaceptables" "en el fondo como en la forma", declaró el diputado socialista Christian Paul. "No hemos sido elegidos para organizar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, de los funcionarios ni de los asalariados que gozan de subsidios sociales", dijo Paul.

Varios de sus colegas se declararon "aterrados" por los anuncios del primer ministro.

"Las elecciones municipales no han cambiado nada. Vamos a estrellarnos contra un muro", estimó Laurent Baumel, otro diputado socialista, que previó "serias dificultades para el Gobierno" en la votación en el Parlamento sobre estas medidas, el 30 de abril.

La senadora socialista Marie-Noëlle Lienemann afirmó, por su parte, que los anuncios de Valls son "muy desfavorables para las clases modestas y populares" y que no hay en ellas "justicia social".

Las críticas son ásperas también en la oposición de izquierda radical. "Valls hace de alguacil de la Comisión Europea", afirmó en un tuit Jean-Luc Mélenchon, dirigente del Frente de Izquierda.

Para tratar de calmar los ánimos, el primer ministro anunció que propondrá a los parlamentarios una "discusión" sobre "la reducción de impuestos que nos conciudadanos esperan".