Un tribunal de México ordenó el miércoles a la Fiscalía General indemnizar a una indígena que fue acusada y encarcelada "ilegalmente" por el secuestro de seis policías federales en 2006, una medida que ya había beneficiado a otras dos mujeres vinculadas al mismo caso.

Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena de la etnia otomí, deberá recibir una indemnización por parte de la Fiscalía General "por el daño patrimonial y moral que le causó al acusarla y aprehenderla ilegalmente", resolvió el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México.

Ocho magistrados votaron a favor y dos en contra de esta decisión, que contempla el pago de una indemnización cuyo monto no fue revelado por el tribunal, así como el "reconocimiento público" de la inocencia de la mujer "en los mismos medios en los que fue publicada su acusación".

Otras dos mujeres indígenas, Teresa González y Alberta Alcántara, fueron arrestadas injustamente por el mismo caso y, en noviembre pasado, el tribunal también ordenó que la Fiscalía General les indemnizara y reconociera su inocencia, en un fallo que fue considerado histórico.

En 2006, las tres mujeres fueron arrestadas y acusadas de haber raptado a seis policías de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, por lo que fueron sentenciadas a 21 años de prisión. Sin embargo, ante la falta de pruebas e irregularidades en el proceso, fueron liberadas después de poco más de tres años.

Los fallos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demuestran que existe un "mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones", celebró la ONG Amnistía Internacional, con sede en Londres.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay al menos 8.300 encarcelados en México que no accedieron al debido proceso por carecer de un abogado o intérprete.

A finales de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto indultó a un profesor indígena que purgó 13 de los 60 años de su condena por un asesinato que no cometió y, a los pocos días, la Suprema Corte de Justicia liberó a un hombre que fue torturado para confesar la masacre de un grupo de jóvenes.