El Consejo de Estado de Colombia condenó este miércoles al Estado a pagar unos 230.000 dólares a los familiares del humorista Jaime Garzón, asesinado en 1999 y cuyo caso es emblema de la violencia contra periodistas en el país.

"El Consejo de Estado condenó a Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional y al extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) por su responsabilidad agravada en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, que a su juicio se constituyó en un delito de lesa humanidad", dijo el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en un comunicado.

"Está probado en los hechos que el mortal atentado perpetrado el 13 de agosto de 1999 fue producto de una violación sistemática a los derechos humanos (DDHH) y de persecución de los que eran blanco algunos líderes de izquierda", aseguró el ente judicial.

Entre lo comprobado durante la investigación judicial, explicó el Consejo de Estado, está que tanto el DAS como el Ejército "adelantaron seguimientos contra el comediante" y "compartieron la información recolectada con el excomandante de las (paramilitares) Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio".

"En cuanto a la reparación, se condena a la Nación a la suma aproximada de 700 millones de pesos (unos 230.000 dólares)", que se repartirán entre la madre y hermanos de la víctima "por concepto de perjuicios morales", así como "por concepto de afectación a bienes constitucional y convencionalmente afectados".

Adicionalmente, el comandante general del Ejército y el director general de la Policía Nacional deberán en los próximos dos meses realizar "un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima" y el ministerio de Defensa deberá divulgar el contenido de la sentencia.

El homicidio de Garzón, un famoso periodista y humorista, es uno de los casos más emblemáticos de la violencia contra periodistas en Colombia, país que vive un conflicto armado de más de medio siglo en el que han fallecido unas 260.000 personas, otras 45.000 han desaparecido y 6, 9 millones fueron desplazadas de sus tierras.

El año pasado, en un polémico fallo, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá negó que el asesinato de Garzón fuera un crimen de lesa humanidad.