Varios miles de trabajadores e indígenas opositores protestaron el jueves en Quito, por segunda vez en dos semanas, en contra del gobierno de Ecuador con una marcha que derivó en disturbios, que dejaron dos detenidos y un policía herido.

La situación se "convulsionó" tras el "fracaso" de la movilización, dijo el ministro de Interior, José Serrano, a la prensa.

Añadió que la "violencia" de los manifestantes provocó heridas en un policía y la destrucción de un auto patrullero.

La marcha fue parte de una serie de movilizaciones de colectivos opositores que se da desde el año pasado. En la de septiembre hubo 34 policías heridos y 53 detenidos, según cifras oficiales.

"Protestamos por la ley antiobrera que persiste en aprobar el gobierno", declaró a la AFP el dirigente sindical José Villavicencio.

Convocados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que demanda de una nueva ley laboral que respete el derecho a la sindicalización, los manifestantes caminaron bajo una lluvia hasta la colonial plaza de San Francisco, vecina a la casa presidencial.

En medio de discursos de dirigentes en esa plaza, decenas de manifestantes intentaron provocar a policías atacándoles con piedras, palos y bombas incendiarias, constató la AFP.

La plaza fue desalojada por uniformados a caballo y apoyados por perros antimotines, y la prensa local informó por Twitter que camarógrafos fueron agredidos por desconocidos.

En la caminata participaron unas 2.500 personas, estimó en principio el coronel policial Gustavo Terán.

El oficialismo organizó a su vez una feria artesanal frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, y mítines con simpatizantes en el interior del país, donde también se registraron protestas.

- "Entorno bastante complicado" -

En Quito, los manifestantes corearon consignas contra el presidente socialista Rafael Correa y ondearon carteles con leyendas como "Ya basta. Me cansé" o "Ya perdí el miedo. Todos a las calles".

Al inaugurar un centro de salud en Riobamba (160 km al sur), Correa admitió que "estamos enfrentando un entorno bastante complicado" por la brusca caída del precio del petróleo, principal producto de exportación, y la apreciación del dólar.

El 11 de marzo, Ecuador, cuya economía está dolarizada desde 2000, elevó hasta en 45% los impuestos para un tercio de sus importaciones.

Los sindicatos temen que el encarecimiento de las compras disparen la inflación, que entre enero y febrero sumó 1, 21% frente a la proyección de 3, 90% para 2015.

Asimismo, se oponen a la iniciativa gubernamental de "democratizar" las organizaciones obreras a través del "voto universal, libre y secreto".

En la marcha del FUT, que agrupa a las mayores centrales, participó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que se opone a un proyecto de ley de tierras que tramita el Congreso controlado por el oficialismo.

La organización sostiene que esa norma perjudicaría la propiedad indígena y se opone a la explotación de petróleo y minerales que promueve el Ejecutivo. Los nativos aducen que la extracción de recursos naturales tendrá un impacto ambiental.

- País en "crisis" -

Para los sindicatos, Correa está en su contra. "El gobierno mantiene una política antilaboral que ha creado inconformidad", expresó a la AFP el titular del FUT, Edgar Sarango, añadiendo que el país está en "crisis".

El líder opositor y excandidato presidencial Guillermo Lasso manifestó por su parte la preocupación por el "deterioro" de la economía y la libertad de expresión.

El pueblo "necesita manifestar su descontento", dijo el político en un comunicado.

El gobierno de Correa, que se inició en 2007, también redujo hasta en 10% los salarios de altos funcionarios públicos, incluido el presidencial de 7.000 dólares mensuales, para contratar médicos, y recortar el presupuesto de 2015 en 1.420 millones de dólares.

Sectores de oposición además rechazan cambios constitucionales que debate el Parlamento para establecer la reelección indefinida, lo que habilitaría a Correa a participar en los comicios de 2017 para otro período de cuatro años.

La gestión del gobernante fue aprobada por un 55% de ecuatorianos en febrero (frente a 60% de enero), mientras que un 81% de la población consideró que la reelección indefinida debe ser aprobada en consulta popular, según la encuestadora privada Cedatos.