Una ejecución prevista para este martes en Texas, dos semanas después de la polémica muerte de un condenado en Oklahoma tras una larga agonía, fue suspendida a último momento por una corte de apelaciones para que se pueda demostrar o no la discapacidad mental del acusado.

La ejecución de Robert James Campbell, programada mediante inyección letal para las 23H00 GMT en la prisión de Huntsville, en Texas (sur), fue "suspendida" el tiempo necesario para que se pueda demostrar o no la discapacidad mental que padece el condenado, según sus abogados.

La Constitución establece que en caso de padecer una incapacidad mental el acusado no puede ser condenado a muerte, señalaron los tres jueces del tribunal al dar a conocer su fallo.

"Es lamentable que estemos revisando ahora la evidencia de la incapacidad intelectual a último momento, justo antes de la prevista ejecución", escribieron los abogados. Y advirtieron que Texas "jamás reveló que poseía los resultados de tres pruebas de inteligencia que muestran que Campbell es un deficiente intelectual".

- En la mira -

La ejecución Campbell estaba en la mira de los estadounidenses porque significaba la primera después de la larga agonía que sufrió Clayton Lockett durante su sentencia en Oklahoma (centro sur), lo que reavivó la batalla entre partidarios y opositores a la pena capital en Estados Unidos y despertó fuertes críticas, incluso de la Casa Blanca.

"Esta será una prueba que todo el mundo observará con atención" en el Estado que más ejecuciones lleva adelante en el país, dijo antes Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena Capital.

"Si alguna cosa sale mal, seguramente será remarcada a nivel mundial" porque ninguna persona "quiere ver repetirse lo que pasó en Oklahoma, eso golpeó las conciencias" y alimentó las polémicas en la prensa y la política.

El 29 de abril, Clayton Lockett murió tras una agonía de 43 minutos luego de que se le inyectara un cóctel letal con drogas que nunca habían sido probadas. Habitualmente los condenados mueren 10 minutos después de la inyección.

El presidente Barack Obama calificó esa ejecución como "profundamente perturbadora" y pidió al Departamento de Justicia una revisión completa de los procedimientos para ejecutar a los condenados en los 32 Estados que autorizan la pena de muerte.

Oklahoma decidió aplazar por seis meses las ejecuciones previstas para revisar sus métodos, pero su estado vecino, Texas, persistía este martes en sus intenciones de ejecutar a Campbell. Su gobernador, el republicano Rick Perry, dijo que estaba convencido de que "las ejecuciones en Texas son gestionadas de manera apropiada".

- Aún sin información -

Uno de los predecesores demócratas de Perry, Mark White, cree por el contrario que "el sistema tiene serios defectos". "Estaba convencido de que hacíamos un buen trabajo, (ahora) no estoy tan seguro", dijo, fustigando la ejecución "horripilante, inhumana, equivocada" de Oklahoma.

"¿Por qué siempre creemos que el gobierno tiene razón en lo que concierne a la pena de muerte?", se preguntó el ministro de Justicia del estado de Virginia, el republicano Mark Earley, partidario de esta pena siempre y cuando sea "justa" y no aplicada de manera precipitada.

Considerando que demasiado a menudo se olvida a las víctimas, la gobernadora republicana de Oklahoma, Mary Fallin, defendió la "ejecución legal" de Clayton Lockett, recordando que fue condenado por la violación de una joven y el asesinato de otra, enterrada viva.

En Texas, Campbell fue condenado por el secuestro de una empleada de un banco en una gasolinera, su violación y muerte.

¿Cuál es el denominador común entre ambos estados? El silencio mantenido sobre el origen y los procedimientos de fabricación de los productos utilizados para la inyección, en momentos en que en Estados Unidos es muy difícil conseguir los barbitúricos necesarios.

El lunes, los abogados de Campbell pidieron a una corte de apelaciones que revea la jurisprudencia que autoriza el secreto de Estado en materia de inyecciones letales.

Los derechos de Campbell de acuerdo a la Octava Enmienda de la Constitución -que prohíbe las penas crueles- no pueden estar protegidos sin la información necesaria "para asegurar una ejecución que no sea inhumana ni bárbara", dijo el abogado Maurie Levin, quien también apeló a los presuntos problemas mentales del condenado.

Inyección letal, secreto de Estado, deficiencia mental: "Hay mucha incertidumbre en torno a este asunto", estimó Dieter.