Una empresa del cuñado del ex alcalde de Sucre va a tener que pagar por no construir la obras que le asignaron. No hay noticias de otro caso en el que las contratistas hayan devuelto dinero.

Una de las empresas vinculadas al ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos tendrá que devolver dinero al municipio Sucre, y con multa incluida. Esta vez la justicia dio la razón a un gobierno contrario al del Presidente Hugo Chávez: un tribunal respaldó la decisión de sacar de juego a la compañía, e incluso obligarla a pagar el adelanto y los daños y perjuicios que ocasionaron por una obra que nunca llevaron a cabo.

El Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital declaró sin lugar el recurso interpuesto por la contratista Proyectos y Obras Maga C.A., en cuyo registro de accionistas destacaron nombres tan familiares como el de Oswaldo Chacón, cuñado del ex alcalde de Sucre.

La empresa acudió a los tribunales hace más de dos años para reclamar la suspensión de un contrato, pero el pasado 16 de julio finalmente perdió el caso. El juez Fernando Marín concluyó en la sentencia que tardaron más retrasando la construcción que ejecutándola: "El tiempo acordado en las actas de paralización de la obra, de 3 meses y 27 días, supera con creces el lapso de ejecución (...) y evidencia el incumplimiento de la parte recurrente".

El último cheque

El gobierno de Rangel Ávalos seleccionó en agosto de 2008 a la empresa de su cuñado para terminar el proyecto piloto de un conjunto residencial que ya en 2005 otra contratista no había terminado de levantar Petare adentro, en el sector La Ciruelita del barrio San Blas.

El contrato fue otorgado tres meses antes de las elecciones municipales; Proyectos y Obras Maga se llevó uno de los últimos cheques que salieron de la administración Rangel Ávalos, sin embargo la obra nunca se concretó. Ni siquiera ahora.

Pasaron los comicios, la oposición celebró la conquista de Petare y al llegar al poder, la administración de Carlos Ocariz reclamó en el año 2009 los cuatro edificios que iban a hacer la diferencia en la alfombra de ranchos que tapizan el este de Caracas.

Esos debieron ser días difíciles para Rangel Ávalos. Una serie de denuncias empezaron a advertir que varios familiares y amigos estaban detrás de buena parte de las contratistas municipales. Meses después Proyectos y Obras Maga devolvió casi todo el adelanto de la obra: los cheques números 39241477 y 39241479 del extinto Central Banco Universal suman 846.468, 41 bolívares fuertes, que en julio de 2009 volvieron a las arcas de la Alcaldía de Sucre.

Algo tuvo que pasar después de esos días. Eso cree la presidenta del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de la Alcaldía de Sucre, Tatiana Noguera. De otra forma no se explica por qué la misma compañía que devolvió dinero luego los demandó por haber rescindido su contrato.

Falta la multa

El tribunal terminó dando la razón a la alcaldía. En el sector La Ciruelita, aun así, nada ha cambiado: el terreno sobre el que hoy descansan cuatro inmuebles inconclusos, sin servicios tan básicos como el de agua potable, prometía convertirse en el espacio de una docena de edificios que las misma comunidad iba a administrar bajo la figura de condominios.

Noguera aún no precisa qué van a hacer con el dinero que devolvió la empresa. No puede garantizar que esos recursos hoy alcancen para concluir las viviendas, pero adelanta que además de ese monto cobrarán una multa por los daños y perjuicios, así como los gastos del proceso judicial.

"El tribunal ratificó la decisión que rescindió el contrato y ahora tenemos que esperar que termine el receso judicial, para que otra sala determine el monto de la multa", señala. "Por cada día de retraso deberán entregar entre 5% y 10% del total de la obra".

Tres de los edificios que construyeron en tiempos de Rangel Ávalos fueron entregados sin agua, electricidad ni acabados. El cuarto fue invadido posteriormente a pesar de que ni siquiera lo terminaron de construir. A falta de una de las dos rampas de acceso, los habitantes improvisaron una suerte de trapecio sin barandas que hay que atravesar para entrar o salir por uno de los lados.

Con Chávez

Antes de abrir la puerta de su casa y declarar a la prensa, lo primero que advierten algunos de los afectados es que los de la zona están con Chávez y para dejar las cosas más que claras, piden dejar constancia de que el 7 octubre van "rumbo a los 10 millones de votos".

Después viene todo lo demás. Desde uno de esos 12 apartamentos que al final terminaron de acomodar los propios vecinos, la señora Nancy Mejías reconoce que los recursos del municipio terminaron evaporándose. "Lamentamos que personas que están con nosotros en el Proceso no hayan hecho las cosas como deben ser". Por eso ya no pide que le terminen su vivienda, pero sí que la ayuden a olvidarse de ir y venir con tobos.

"Que me pongan mi agua", dice. "Si no van a terminar lo que falta, que al menos arreglen lo que hay", agrega su hija, Teresa Escalona.

Cobraron doble

Antes de comprometerse con anuncios que no saben si van a poder cumplir, la presidenta del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, Tatiana Noguera, señala que lo primero que harán es atender la solicitud de cambiar los certificados de adjudicación que los residentes recibieron de manos de la administración anterior, por títulos que les garanticen la propiedad de sus viviendas.

Según el expediente DSOU-AUD-007-09 de la Contraloría del municipio Sucre, la administración de Rangel Ávalos pagó hasta dos veces algunas de las partidas destinadas a levantar ese complejo habitacional.

El documento enumera una lista de más de 10 irregularidades que, aparte de saltar pasos fundamentales como el de abrir una licitación, destaca que los cuatro edificios ya existían para el momento en que se llamó a levantar el último de ellos: "Considerando las declaraciones dadas por los residentes (...) se infiere que en el sector no se han realizado trabajos (...) desde el año 2005".

La empresa alegó que no inició la obra por falta de unos materiales de construcción. Las actas procesales del juicio indican que en ese momento no encontraron perfiles metálicos para armar una escalera.

Aunque se intentó contactar a los representantes de la compañía, ninguno de los números telefónicos que inscribieron en el Registro Nacional de Contratistas coincide con oficinas propias. Al otro lado del teléfono nadie tiene idea sobre la empresa Proyectos y Obras Maga: en uno de los números responden empleados de una agencia bancaria, mientras que el otro conecta con una casa de familia.

Caso inédito

Hace tres años que esta historia se hizo pública. Poco después de que Rangel Ávalos entregara la alcaldía, aparecieron cuatro empresas que se llevaron al menos 360 contratos. Los domicilios y accionistas de Proyectos y Obras Maga concidían con los de Construcciones Chat 5000, Obras y Proyectos Milenium 2000 y Representaciones Convega, que en total sumaron facturas por más de 87 millardos de bolívares de los de antes.

Una pequeña porción de toda esa montaña de dinero fue presupuestada para terminar los edificios de La Ciruelita. Aunque se trata de poco más de 6% del monto que recibieron por todas las obras, no hay noticias de otro caso reciente en el que una empresa cuestionada haya tenido que devolver dinero a ese o cualquier otro organismo del Estado.

Silencio oficial

Las personas que estaban detrás de esas empresas ahora aparecen en otras que también fueron consentidas por la administración Rangel Ávalos: Constructora Franchesco y Constructora JJ1162.

Si esa información está disponible en el Registro Nacional de Contratistas, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Seniat, ¿hasta dónde habrá llegado la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República con las denuncias que hace tres años empezaron a advertir sobre esta situación?

En ambos organismos dijeron que iban a averiguar: tanto en la Contraloría como en la Fiscalía esta semana quedaron en precisar en qué paró todo. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, adelanta de cualquier modo que "no ha pasado nada". El 29 de abril de 2009 se le vio a las puertas de la Contraloría con 14 cajas llenas de acusaciones contra la administración de su antecesor; tres años después solo se sabe que parte del dinero de una de las obras será recuperado.

"Esta investigación se hizo sin connotaciones políticas; esperamos que de igual manera la Contraloría nos diga qué pasó con esos recursos de Sucre", concluyó Ocariz en abril de 2009.

Jpoliszuk@eluniversal.com