23 septiembre, 2017 7 43 Luis SalasAl parecer, luego de varios anuncios, ya la semana que viene se conocerán las listas de los nuevos precios acordados. Como sabemos, se trata del nuevo mecanismo implementado por el Gobierno Nacional con el propósito de luchar contra la especulación y la escasez.Como también es de conocimiento público, los precios acordados vienen a sustituir al sistema de control de precios, que desde 2003 con sus variaciones fue utilizado con el mismo propósito. Entre 2003 y 2012, este sistema en líneas generales funcionó bastante bien, siendo que el índice inflacionario más alto registrado fue de 30, 9% en 2008, como consecuencia de la crisis financiera mundial. En 2012, último año de gobierno del presidente Chávez, dicho índice fue 20, 1%, siete puntos menos que la inflación de 2011. Pero en 2013 se disparó a 56, 2 y en 2015 a 180, 9. Desde entonces, no se han publicado más cifras oficiales.Entre las varias argumentaciones a favor de este nuevo esquema, tal vez la más importante es que al ser el precio negociado con los productores, importadores y/o comerciantes, estos pasan a ser corresponsables en el sostenimiento del mismo. De tal forma, se espera que así los agentes económicos privados dejen de sabotear y especular, partiendo además del principio reconocido por altos funcionarios públicos con respecto a la poca cacidad institucional para la fiscalización. En resumen: ya no deberían estar corriendo los funcionarios de la Sundde detrás de los especuladores y acaradores para que cumplan con los precios acordados, sino que serán los propios empresarios de la producción y el comercio los llamados a cumplirlos.Sin embargo, en el marco de una economía especulativa con un fuerte componente de puja distributiva como la nuestra, de acciones deliberadas de sabotaje que el propio Estado denuncia permanentemente y ahora de bloqueo económico internacional manifiesto, no parece lo más recomendable que el Gobierno confíe en dicho cumplimiento. Desde cierto punto de vista lo más lógico sería que los comerciantes y empresarios cumplan, y seguramente habrán muchos que así lo desean e intentarán. Pero también es verdad que existen muchos que no desean que los acuerdos se sostengan, bien por razones políticas ?quieren tumbar al Gobierno?, bien económicas ?quieren seguir pescando es río revuelto?, o bien por una mezcla de las dos. A este respecto tal vez vale recordar el célebre ejemplo de los huevos. A finales de 2015, en las víspera de la elección de diputados a la Asamblea Nacional, se acordó con los productores del rubro un precio de bolívares 420 el cartón de 30, varias veces más que el precio fijo de entonces siendo que el especulativo rondaba bolívares 1.200. Se dijo en aquella oportunidad que los productores iban a cumplir pues se les estaba garantizando los costos de producción, para lo cual se habían reunido varias veces previamente. Y sin embargo, casi al día siguiente salieron esos mismos productores a decir que dicho precio no les alcanzaba, ridiculizaron el acuerdo, al Gobierno nacional y hoy día, un año y 10 meses después, el cartón cuesta bolívares 35 mil y contando. De tal suerte, por más positivo que sea acordar precios en vez de imponerlo, si a la experiencia reciente nos remitimos, de no acompañarse de fiscalización de Estado y sanciones que desestimulen realmente la especulación, se corre el mismo riesgo de que los mismos no ser acatados que cuando son impuestos, en especial en vísperas de elecciones. Todos esperamos que el plan esta vez funcione, pero como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado.