La Policía de Ecuador volverá a ingresar a una apartada comunidad indígena en la Amazonia para arrestar a tres opositores prófugos, que están condenados por injuriar al presidente Rafael Correa, anunció el viernes el mandatario.

"Vamos a entrar nuevamente con la Policía diciendo 'por favor, entreguen a los prófugos'. Si impiden la acción de la Policía con estos grupos armados, declararemos el estado de emergencia", dijo Correa en una entrevista radial.

El presidente ejerce la máxima autoridad de la fuerza pública y está facultado a decretar el estado de excepción, mediante el cual puede disponer el empleo de militares y policías, según la Constitución.

El lunes, la Policía fracasó en un intento de detener al legislador destituido Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa, quienes están refugiados en la comunidad indígena Sarayaku, 200 km al sureste, en la provincia amazónica de Pastaza.

La justicia condenó a 18 meses de cárcel a los dos primeros y a seis meses al facultativo por injuriar al mandatario.

El director de la Policía Judicial, general Milton Zárate, ingresó el lunes en helicóptero a Sarayaku, la cual tuvo que abandonar por la "hostilidad" de decenas de personas, varias de ellas encapuchadas y armadas, que se acercaron al aparato, de acuerdo con el ministro del Interior, José Serrano. Añadió que los prófugos están "custodiados por grupos armados".

"Están cometiendo, los dirigentes sarayakus, delitos; esos grupos armados están cometiendo delitos, impidieron que entre la Policía y se actuará con todo el rigor de la ley", manifestó Correa el viernes.

Los aborígenes sostienen que la fuerza pública no puede ingresar a su territorio de unos 2.800 km2, en virtud de que goza de medidas cautelares dictadas en 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de una sentencia contra Ecuador por violar derechos de los nativos en el marco de actividades petroleras.

Los condenados deberán ir a la cárcel a raíz de una denuncia penal que presentaron contra Correa en 2011 por presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos durante un operativo militar que rescató al mandatario de un hospital en Quito durante una rebelión policial en 2010.

La fiscalía desechó la denuncia por "temeraria", tras lo cual Correa inició la demanda y ganó el juicio que derivó en la condena contra los opositores, que alegan que la justicia actuó con sesgo político.