En México el poder, el lujo y la abundancia se reúnen en la administración pública de alto nivel. Ser secretario de Estado, gobernador, diputado, senador, ministro de la Suprema Corte o funcionario de elite, se interpreta como la posibilidad de hacer uso de recursos a los que muy pocos en el país pueden tener acceso, sobre todo cuando la mitad de la población vive en la pobreza.

Y no solo se trata de dinero, sino de vehículos, aviones, edificios, equipo de seguridad y todo lo que sea necesario para realizar su labor, pero en algunos casos esto puede ser usado también con fines particulares o familiares.

Esto no ha sido bien visto por la sociedad, quien en su mayoría interpreta esto como un abuso del poder. Pero ahora que Andrés Manuel López Obrador ha anunciado las medidas de su plan de austeridad de la administración pública, han surgido dudas al respecto.

Las medidas implican, entro otras cosas,  la reducción del salario del presidente (de 270 mil pesos mensuales a 108 mil 248 pesos), eliminación de asesores y puestos de confianza; choferes y guaruras; así como “fueros y privilegios para funcionarios públicos”, todo para cambiar el uso desmedido de los recursos en la administración federal.

Según una cifra que publica El Financiero, esto provocará el despido de 194 mil 805 funcionarios, una de las consecuencias que puede ser de las más preocupantes para quienes actualmente trabajan en el gobierno.

Además de los traslados de las secretarías a otros estados, lo que también podría afectar a los funcionarios públicos de todos los niveles y sus familias.

Sin duda, visto esto desde una perspectiva donde los altos funcionarios siempre han gozado de beneficios inigualables, tiene mucho sentido la reducción de privilegios; pero desde una posición de funcionarios de mandos medios para abajo, todo esto puede representar más trabajo para menos gente o incluso la necesidad de renunciar.

Es complicado analizarlo cuando no hay elementos suficientes que indiquen cómo será la transición, pero lo cierto es que hay preocupación e incertidumbre entre los trabajadores de las dependencias federales ante el nuevo escenario que les ha planteado el presidente electo.

El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por dar muestras de impunidad absoluta cuando se trataron temas que ponían en duda la honestidad de sus funcionarios más cercanos

También es complicado ver las posibles consecuencias positivas y negativas de esta decisión, ya que siempre se ha asociado al poder político con la corrupción o con la posibilidad de aprovecharse de esas posiciones, para sacar beneficios incuantificables que han generado este descredito que gozan los altos funcionarios y la burocracia en general.

Más cuando el gobierno de Peña Nieto se caracterizó por dar muestras de impunidad absoluta cuando se trataron temas que afectaban la credibilidad y ponían en duda la honestidad de sus funcionarios más cercanos.

Desde la Casa Blanca, Odebrecht y la “estafa maestra” -solo por nombrar los más famosos-, esto no tuvo ninguna consecuencia en las personas acusadas.

Pero aquí entra en juego también una percepción negativa que se tiene del concepto de austeridad, ya que los gobiernos anteriores lo utilizaron para hacernos sentir que entrábamos en una etapa de crisis profunda, que los recursos escaseaban y que como no había dinero, los programas sociales, la educación y la cultura, siempre corrían el riesgo de desaparecer del presupuesto público.

Según AMLO, en este caso será al contrario ya que con estos “ahorros”, pretende aumentar los recursos para fortalecer precisamente estos apoyos y engrosar los presupuestos para beneficiar a la sociedad de manera directa.

Así, el mensaje de poder y opulencia que mantiene la clase gobernante hasta el momento, marcando una barrera impenetrable entre ellos y la sociedad común y corriente, puede ser que caiga y que ahora los políticos sean personas más cercanas a la realidad que vive el país y más de carne y hueso.

Pero finalmente, lo importante es que habrá que esperar para ver si estas medidas en efecto pueden combatir la corrupción y la impunidad que permean a todas las instituciones públicas del país y no se queda solo en un plan de buenas intenciones.