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22/04/2019

Para el caso venezolano, el marco constitucional consagra lo atinente a los derechos económicos

El amparo jurídico, se refiere al tutelaje que versa sobre la protección y hasta estimulo que desde la perspectiva legal se otorga a un sector como parte de las políticas públicas del Estado para propender a la satisfacción de necesidades o cuyo favor esta dirigido a desarrollar una actividad.

Para el caso venezolano, el marco constitucional consagra lo atinente a los derechos económicos, incluyendo, grosso modo: la libre empresa, la independencia del trabajo y el reconocimiento a la iniciativa privada, la afirmación de la propiedad privada, así como la prohibición expresa de las confiscaciones.

A pesar de lo anterior, el Plan País -La Venezuela que viene- en su dictamen da cuenta que, como país, Venezuela clasifica entre las peores naciones en libertad económica, asunto así respaldado por lo resultados del estudio Doing Business, siendo ello consecuencia, entre otras faenas de:

  • Destrucción, ex profesa, del aparato productivo. Hoy se cuenta con mil empresas menos y Conindustria (2018) reportaba que 45% de las aún existentes, funcionan a una capacidad del 20%, pudiendo inferir, visto lo andado en el 2019, se agravaría.
  • La política oficial en los últimos 4 lustros, se ha constreñido fundamentalmente a los controles, especialmente en la vigilancia de precios, lo que atenta contra cualquier actividad industrial y sus posibilidades de desarrollo, máxime cuando se privilegiaron las importaciones por encima de la producción nacional. Recuérdese aquella máxima impuesta desde la jerarquía gubernamental: No importa lo que se importe, lo importante era importar.

Además de los anterior, a los fines de registrar una empresa en Venezuela, luego de haber identificado el nombre o razón social, disponer del capital y precisado el objeto, se deben realizar, solo a los fines del debido registro, una docena de trámites burocráticos que, en ocasiones, pueden resultar una eternidad, lo que atenta a la formalidad, y muy por el contrario promueve la informalidad.

Ya antes en: El emprendimiento. Cavilando en la Venezuela por venir se trazaba parte de las bondades del emprendimiento, pero quizás lo mas ventajoso resulta en la posibilidad cierta de apalancar la reactivación de la economía a través de las capacidades propias de las personas, los emprendedores o industriosos.

Antes de volver a la arista jurídica del emprendimiento, licencio para destacar parte de las posibilidades de los industriosos venezolanos dada por su formación y experiencia, sobre todo en sectores medulares como la industria petrolera y similares. Sabiendo que, estas actividades son demandantes de bienes y servicios esenciales para su diligencia principal, muchos de quienes fueron sus trabajadores y que hoy se encuentran jubilados o en otro estatus, pero fuera de estas organizaciones, poseen el aforo de asumir el reto de proveedores y/o servicios, teniendo entre su aval, más allá de su Know how, la comprensión de la calidad de los insumos, además de los procesos y similares de estos sectores, lo cual permitiría, entre otras virtudes, generar empleos directos e indirectos, apuntalar la producción nacional, ahorrar divisas y más.

Lo antes indicado tomando en cuenta la industria petrolera, es igualmente desarrollable en el sistema eléctrico, la hidrológica, industrias básicas y otras de gran calado, además de lograr anchuras en materia turísticas dadas las potencialidades propias, aunque no suficiente por sí mismas.

Quizás deba evaluarse, la posibilidad de crear una superintendencia

Y es aquí justamente que la protección jurídica puede afianzar el emprendimiento, al menos por una temporalidad, mediante normas que logren:

ü  Cumplir los preceptos constitucionales antes esbozados.

ü  Disposiciones que estimulen y faciliten la tramitación para alcanzar su forma legal.

ü  Reducción de la carga impositiva para los emprendedores y para quienes los contraten.

ü  Facilidades crediticias o lo que han dado en llamar créditos semillas mediante el sistema financiero.

ü  Programas que incentiven la compra de productos venezolanos, lo mismo que las contrataciones nacionales como estrategia para el ahorro de divisas.

Quizás deba evaluarse, como lo antes señalado, la posibilidad de crear una superintendencia, u otra instancia encargada de la promoción y seguimiento del emprendimiento en Venezuela, incluyendo el registro de las organizaciones dedicadas a esta actividad, similar a la que en 1992 fuera creada para el ejercicio de la libre competencia -PROCOMPETENCIA-,

En fin, de lo que se trata es de procurar las formas legales que estimulen, como gusta decir a los amigos de ATRAEM y en especial al Dr. Alfredo Padilla, los cuenta propistas, que en ningún caso se limitan a las actividades aquí esbozadas a título ilustrativo, sino que alcanza a la gran diversidad de oficios existentes, siendo un área fundamental de desarrollo para el emprendimiento socio-comunitario para la prestación de servicios diversos, así como en la agricultura y otras amplitudes de acuerdo a cada región y potencialidad.

A quienes pretendan descalificar lo hasta aquí delineado bajo dogmas ideológicos, conviene recordar lo apuntado por el representante del gobierno chino a Castro Soteldo, cuando éste le consultaba sobre su éxito, indicándole que el 90% de las compañías en China, son privadas, completando su respuesta el delegado chino que, las empresas privadas elevan la productividad y mejoran la eficacia.

Como siempre

@OrestesSalerno

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