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Marco Tulio Soto V.Miembro desde: 14/11/16

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Hace 5d

Por séptima oportunidad, desde el 16 de enero de 2016, el Ejecutivo Nacional sin consultar con el Parlamento, utilizando un argumento espurio del Tribunal Supremo de Justicia, vuelve a decretar un estado de excepción en el país, suspendiendo garantías y derechos constitucionales de los venezolanos

En gaceta oficial del 13 de mayo de 2017, el gobierno nacional anunció la prórroga del Estado de Excepción que le ha permitido ilegítimamente dirigir al país evadiendo los controles que la propia constitución le atribuye a la Asamblea Nacional: presupuesto, créditos adicionales, nombramiento de altos funcionarios, presentación de memoria y cuenta, dictado de resoluciones que aspiran rango de ley, prescindir de procedimientos fiscalizadores e ignorar los controles políticos del parlamento nacional.

Sin embargo, en este último decreto se agregaron facultados que no estaban previstas en las gacetas anteriores, y que guarda relación con los hechos que suceden en el país desde el 1° de abril de 2017, después de que el Tribunal Supremo de Justicia anunciara una tácita disolución de la Asamblea Nacional, y por ende, un golpe al Estado de Derecho que proclama la constitución venezolana.

La más destacada, y a mi criterio bastante peligrosa, es la contenida en el numeral décimo del decreto en cuestión, que permite al Presidente de la República: “Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de instalaciones y bienes públicos y privados.”

Ahora bien, analizar esta competencia de forma aislada no provocaría alarma alguna, no obstante, si la concatenamos con la facultad que ostenta el Poder Ejecutivo de crear, modificar y derogar leyes penales, concedida por los magistrados de la Sala Constitucional, recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; la oportunidad que tiene el Presidente de la República de intervenir, reorganizar o neutralizar cualquier órgano de policía nacional, estadal o municipal, con ocasión al mismo decreto de excepción; y por último, la derogatoria absoluta de control por parte del Parlamento de las actuaciones de los demás poderes públicos, genera este nuevo punto del decreto de excepción un riesgo altísimo para los venezolanos con ocasión a los mecanismos represivos de control, que el gobierno pudiere seguir empleando para evitar la crisis.

Dichos planes especiales de seguridad pública pudieren estar dirigidos por ejemplo a la restricción de garantías como el libre tránsito, y prohibir que en ciertos días, horas o ciudades la población saliera a la calle, como freno a las protestas que se multiplican en cada ciudad, caserío o pueblo del país, y si conectamos ello con la facultad otorgada de modificar leyes penales, el incumplimiento de dicha resolución pudiera generar el encarcelamiento injusto de un número mayor de manifestantes, por el solo hecho de protestar.

Del mismo modo, el Presidente de la República tendría sin ningún problema, a la luz de estos nuevos poderes autoconferidos, la posibilidad de prohibir la circulación de dinero y bloquear cuentas bancarias de manera general, con la excusa de evitar el supuesto financiamiento de nuevas protestas, tal y como sucede como medida de presión en Táchira en estos momentos, donde sin basamento legal el gobernador ordenó que no se surtiera más combustible a la población.

Asimismo, con el pretexto de proteger la seguridad pública, se suspendería la garantía de la inviolabilidad del hogar, y los cuerpos represivos de seguridad (Militares-Policiales) entrarían sin ningún obstáculo a nuestros domicilios, oficinas, establecimientos, con la sola intención de generar miedo y zozobra en una población que decidió salir definitivamente de este gobierno.

No podemos creer que es casualidad que esta nueva competencia se encuentre establecida en el decreto de excepción, si algo caracteriza al chavismo es intentar, por las vías que fueren, revestir de una falsa legalidad todas las actuaciones que realizan, para luego oponerlas ante organismos internacionales y a la opinión pública, culpando siempre a la oposición con el argumento de que no permiten gobernar o con tretas como los tantos presuntos intentos de magnicidio y las teorías inacabables de conspiración.

Lo cierto es que, lo que debería ser una excepción, se convirtió en una situación permanente en Venezuela, nuestros derechos y garantías están a la merced del Ejecutivo Nacional, quien sin control alguno puede decidir suspenderlos por el tiempo que le plazca, sin que exista ninguna institución que pudiera frenarlo, ello por supuesto mientras las Fuerzas Armadas continúen del lado de la opresión, pero si algo enseña la historia latinoamericana, es que los militares son fieles, hasta que dejan de serlo.

Marco Tulio Soto Villalobos

@marcotuliosoto

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