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Marco Tulio Soto V.Miembro desde: 14/11/16

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12/07/2017

En pocas horas se espera que los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resuelvan el antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, lo que marcará la estocada final para instaurar una plena dictadura en Venezuela

El gobierno impulsó y mantiene una campaña de descredito contra la primera representante del Ministerio Público, y encomendó en el diputado Pedro Carreño la tarea de lograr, con la complicidad criminal del Tribunal Supremo de Justicia, la destitución de la Fiscal General de la República, por presuntas faltas graves al ejercicio de su cargo.

Ahora bien, no hay que ser un eminente jurista para encontrar viciada la legitimidad de Pedro Carreño para requerir se inicie el Procedimiento Especial de Juzgamiento de Altos Funcionarios, mediante un Antejuicio de Mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Fiscal General de la República, visto que por sí solo el diputado no constituye un órgano institución, ni tampoco está facultado por el ordenamiento jurídico para realizar dicha labor, lo que evidencia una violación flagrante al debido proceso, que anula absolutamente cualquier decisión que emane de este tribunal.

Ciertamente, la Fiscal General de la República tiene la prerrogativa constitucional de ser enjuiciada conforme a este procedimiento especial, pero la legitimidad no puede recaer en un solo diputado de la Asamblea Nacional, por cuanto eso sería sentar precedente donde cualquier funcionario podría iniciar  Antejuicio de Mérito contra aquellos que estén protegidos por esta garantía procesal constitucional, que tiene por objeto salvaguardar la gestión de los altos funcionarios del Estado.

Pero, además es inconcebible que cualquier abogado pueda justificar las acciones posteriores que se suscitaron en dicho antejuicio, como escuchar al Defensor del Pueblo promoviendo una prueba de “polígrafo”, la cual está terminantemente prohibida por la constitución nacional, y demuestra la indignidad de este personaje para ejercer el cargo para el cual fue designado, quien intentó negar sin argumento alguno lo demostrado por la Fiscal General: que el proceso para elegir a los “Magistrados Express” del 2015 estuvo absolutamente plagado de vicios y que deben ser removidos inmediatamente de sus cargos.

Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas preventivas en contra de la Fiscal General, a quien presuntamente se le está enjuiciando por faltas en el ejercicio de su cargo, pero siendo la naturaleza de estas medidas restrictivas de su libertad personal (prohibición de salida del país) y patrimonial (congelación de cuentas y activos), desvirtuando absolutamente los principios de necesariedad y proporcionalidad de los decretos cautelares, pervirtiendo aún más el proceso iniciado en su contra.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia invadiendo competencias que la Ley Orgánica del Ministerio Público le atribuye exclusivamente a la Fiscal General, nombró a Katherine Harrington como Vice-Fiscal del Ministerio Público, quien intentó ingresar ilegítimamente a la sede de la Fiscalía en el maletero de un vehículo, tal y como los delincuentes perpetran robos, secuestros, tráficos de droga y trata de personas, dejando en suma evidencia la naturaleza de este personaje, y la de sus fiscales cómplices, quienes fueron inmediatamente destituidos al saberse implicados con las acciones de esta ciudadana.

Por último, es de hacer notar que aunque esto pinta mal, la Fiscal General de la República ha logrado aglutinar un apoyo externo de la sociedad civil que reconoce la gallardía de sus actuales acciones, pero más importante un soporte interno de los directivos, fiscales, personal administrativo, de seguridad y obrero del Ministerio Público; a la Fiscal General por iniciativa propia, funcionarios de la institución la acompañan en guardias para resguardar su integridad física y la de la Fiscalía, hacen llamados nacionales en su apoyo y reconocen al verdadero Vice-Fiscal, Rafael González Arias, desconociendo a la usurpadora nombrada por el tribunal.

Ciertamente el gobierno tiene pavor de la Fiscal General, porque ha sabido pararse frente a ellos y demostrarles que no la amilanaran a ella, ni mucho menos a sus Fiscales, quienes como abogados profesionales y éticos defenderán la constitución de cualquiera que intente desdeñarla, por cuanto para ello fueron formados.

Marco Tulio Soto Villalobos

@marcotuliosoto

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