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08/07/2012

La oposición parlamentaria procura, mediante obstrucción del trabajo legislativo como medida de presión, que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sancione a dos funcionarios gubernamentales envueltos en un cuestionamiento ético. La confrontación que inició la semana pasada entre la oposición parlamentaria y el gobierno de Costa Rica llegó a un punto culminante. El enfrentamiento se centra en la exigencia del bloque opositor en la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) que Chinchilla sancione a dos funcionarios gubernamentales cuestionados en materia ética. Por su parte, la mandataria asegura que los funcionarios – el segundo vicepresidente, Luis Liberman, y el ministro de Educación, Leonardo Garnier- no han incurrido en conducta antiética. Ante los planteamientos de Chinchilla y de otras autoridades gubernamentales, en ese sentido, las cinco bancadas opositoras tomaron, al inicio de la semana, la decisión de obstruir el trabajo parlamentario. Específicamente, se trata de abstenerse de aprobar proyectos de ley, en particular, las iniciativas de interés del gobierno. En tal contexto, ningún proyecto fue aprobado la semana pasada, y los 57 diputados de que consta la Asamblea Legislativa iniciaron, el 6 de este mes, un receso, por vacaciones, a extenderse durante dos semanas. Entre los proyectos no sometidos a votación figura el que apunta a autorizar al gobierno la emisión de títulos valores, en el mercado internacional, iniciativa popularmente conocida como “Eurobonos”, impulsado por el Poder Ejecutivo. Mediante la aprobación de ese proyecto, el gobierno contaría con aproximadamente cuatro mil millones de dólares con los cuales sería posible controlar las tasas de interés para préstamos en el sistema bancario, según han indicado altos funcionarios. El punto culminante continuó al final de la semana pasada, cuando la presidencia informó, en un comunicado, que resolvió desestimar el inicio de procedimiento contra Garnier, además de archivar el caso de Liberman. Entretanto, la investigación del caso, iniciada en abril, por el Ministerio Público (MP) se presenta compleja, según el pronóstico formulado, también al cierre de la semana, por el fiscal general de la República y jefe del MP, Jorge Chavarría. La confrontación estalló el 27 del mes pasado, cuando la Procuraduría de la Ética, de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró, en un informe que hizo llegar esa mañana a Chinchila, que Liberman y Garnier cometieron “violaciones a principios éticos”. Esa conducta se dio por parte de ambos funcionarios cuando redactaron, respectivamente, cartas de referencia para una firma consultora privada que fue luego contratada por una empresa estatal. Las cartas se refirieron al trabajo de la firma Procesos Investigación y Asesoría, fundada en 1998 por el ex ministro de Hacienda Fernando Herrero y su esposa, la ex asesora gubernamental en comunicación Florisabel Rodríguez. Ambos renunciaron, al inicio de abril de este año, luego de que el diario local La Nación empezó, al final de marzo, a publicar resultados de una investigación periodística sobre irregularidades en la declaración de ingresos de ambos y de la empresa. El caso involucra, además a la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que contrató a Procesos mediante un cuestionado procedimiento administrativo de concurso llevado a cabo en agosto del año pasado. El informe de la procuraduría fue inicialmente refutado por la presidencia, lo que constituyó detonante clave para que la oposición reaccionase mediante la medida de presión aplicada desde el inicio de la semana pasada. La presidencia anunció, el 27 de junio, horas después de recibido el informe de la procuraduría, que ambos jerarcas actuaron de buena fe y sin dolo, al redactar cartas, y que el documento contiene contradicciones con normas legales vigentes. “Para la presidencia resulta claro que las actuaciones del vicepresidente Liberman y del ministro Garnier en este caso fueran hechas de buena fe y no existió dolo ni culpa grave”, según la declaración oficial. “La presidencia respeta el criterio de la Procuraduría de la Ética pero considera que no se trata de faltas graves a la ética y que los hallazgos no dan pie a la imposición de medidas disciplinarias”, indicó, en un comunicado, la Dirección de Prensa presidencial. “Ante la confusión y dispersión normativa existente en esta materia”, Chinchilla “giró instrucción para que se revisen las directrices y se definan con precisión (...) las reglas” sobre “cartas de recomendación y acreditaciones de experiencia para mayor certeza”, agregó. “Una vez recibido y analizado el informe, la Presidencia (…) manifestó que queda en evidencia que el régimen jurídico aplicable a la emisión” de estos documentos, “de parte de funcionarios públicos, así como sus alcances y sus límites, son confusos”, señaló la Dirección de Prensa. Además, “pueden llevar a conclusiones contrapuestas”, indicó. “Incluso, algunas de las conclusiones se contradicen abiertamente con otras normas del ordenamiento jurídico que en forma expresa permiten y, en algunos casos exigen, la presentación de dichos documentos en los procedimientos de contratación pública”, agregó, sobre el informe. El comunicado indicó que el documento es de “carácter confidencial”, y que fue elaborado “en relación con las supuestas recomendaciones emitidas por el vicepresidente Luis Liberman y el ministro Leonardo Garnier, en una contratación de servicios en Recope”. “En el informe no se hacen recomendaciones concretas, sino que se le solicita a la presidenta de la República ‘proceder como en derecho corresponda’”, agregó la Dirección de Prensa. “El informe se refiere exclusivamente a eventuales faltas de carácter administrativo y no a transgresiones de naturaleza penal”, aclaró. La presidencia ratificó su posición al dar a conocer, nueve días después, la decisión de desestimar el inicio de procedimiento contra Garnier, así como de archivar el caso de Liberman. “Se establece que no hay mérito para abrir un procedimiento contra el señor Garnier por apegarse su actuación a la legalidad y la ética”, indicó la presidencia, en un comunicado que su Dirección de Prensa difundió el viernes pasado. “Asimismo, debe archivarse el caso contra el señor Liberman por cuanto el ordenamiento jurídico no prevé sanciones para este tipo de funcionarios, además de que su conducta resultó apegada a la legalidad y la ética”, señaló, a continuación. La reacción de los diputados opositores a esta ratificación de la gubernamental queda pendiente, en principio, hasta el 23 de este mes, cuando finalice el presente receso parlamentario. Entretanto, Chavarría aseguró el viernes pasado a la local Radio ADN, que la investigación del caso, al que están asignados cinco fiscales, es compleja, entre otras razones, porque “acá hay palabras con significados que los diputados quieren ponerle”. Se trata de “esta serie de términos que hemos estado, viendo en la prensa –de honestidad, objetividad, imparcialidad-, eso es intangible, eso tiene contenidos enormes que hay que precisar”, explicó. “Entonces, las consecuencias jurídicas son de diversa índole, según la gravedad, o no” que se vea “de cómo se afectó la imparcialidad, la objetividad, y la probidad”, planteó.

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