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Hace 7h

Los que creen que Rajoy y Rivera van a garantizarles las pensiones, aun no se enteraron que el coincidente propósito del PP y C`s es plegarse a la privatización del sistema en ventaja de los operadores financieros

Cuando el  2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó de forma urgente, con los  síes del PP y PSOE la primera reforma constitucional de calado, pactada  entre ambos y sin referéndum, se  introdujo  de facto en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit, estrictas medidas que indujeron  restricciones  a las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar políticas económicas y de desarrollo del Estado social. Una  determinación que contó  con el respaldo del por aquel entonces diputado Pedro Sánchez que  acatando  la disciplina de voto  de  su partido  se sumó a la mayoría.

Aquella  decisión  de los miembros de aquel  consorcio instrumental de conveniencia  dio al traste con todas las mejoras sociales conquistadas  desde  la instauración de la democracia, porque el contenido  de la reforma en cuestión  fue extremadamente  antisocial como así viene   a indicar la redacción de  su contexto al indicar  de forma concluyente  que el pago de los intereses y capital de la deuda pública  de las Administraciones  tendría  prioridad absoluta sobre cualquier otro aspecto.

Y ello a pesar que su implícito colisionaba de lleno con lo establecido en el artículo  1.1  de la Constitución,   pues el hecho de   priorizar el   pago de  referencia  sobre aspectos esenciales  como  la justicia y la igualdad, supuso en la práctica una reducción del gasto público que en definitiva se tradujo   en recortes en servicios y prestaciones públicas,  que afectaron nocivamente a la totalidad  de los  derechos sociales de la población y vinieron  a controvertir  la  propia concepción  del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.

Tan leonina reforma  fue ante todo la entrega de España a los acreedores, o lo que es lo mismo,    la constitucionalización oficial de la  subordinación de la vida y derechos de la ciudadanía al capital financiero,   cuyo impacto afectó  de forma muy severa  al  sistema público de pensiones,   como así  consta  en la actual redacción  del avieso artículo  135 de la CE, de la que  se deduce que ante una crisis de liquidez, antes cobrará el tenedor de bonos alemán que el jubilado español.

Y ello va seguir siendo así en tanto dicho artículo  mantenga su vigencia, no surtiendo efecto alguno los compromisos que se establezcan para neutralizar las movilizaciones de los afectados, pues  huelga decir que en razón a su obligado cumplimiento el ranking de prioridades del Gobierno está establecido de antemano, de ahí que todo cambio dirigido  a asegurar la sostenibilidad  de las pensiones  debe venir precedido  de la derogación  de  esa infausta reforma. pues la  consecución de tal objetivo es  de todo punto incompatible con las políticas de recortes y de privatizaciones impulsadas desde Europa.

El pasado año, zanjada la crisis y anunciado el crecimiento, la recaudación de la Seguridad Social fue inferior en 1400 millones en relación a los ingresos obtenidos siete años atrás

Pero además de las trabas  de carácter constitucional   hay aspectos de la política económica y de empleo  que por contraproducentes  acentúan la dificultad  para garantizar la prestación de unas pensiones dignas  y la sostenibilidad del sistema  sin pérdida de poder adquisitivo;  muestra de ello lo evidencia el papel desempeñado  por el Presidente Rajoy   que desde que  tomó las riendas del Gobierno, durante  todos los años de su mandato los ingresos de la Seguridad Social  han sido insuficientes  para sufragar el importe de las pensiones.

Hasta el extremo, que cuando el pasado año desde el Ejecutivo   daban por zanjada la crisis y anunciaban  el  inicio del crecimiento, resulta que la recaudación efectiva de la entidad rectora fue inferior en 1400 millones de €uros en relación a los ingresos obtenidos  siete años  atrás; un hecho que por negativo anula la validez del discurso oficial repitiendo  el mantra de estar creando más empleo que nunca,   cuando lo cierto es que como consecuencia de las políticas  neoliberales  de aplicación  los salarios han bajado, y así, las personas que acceden  a la contratación laboral, lo hacen con  salarios notoriamente menores  que antes y por tanto cotizan menos en su aportación al pago de pensiones.

Acentuando la complejidad  otro aspecto que también resta recaudación como sucede con la mayor cuantía de parados  que no perciben el seguro de desempleo  y por tanto el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social, a lo que hay que repercutir también la  menor cuantía  de los que sí reciben ayuda

 

 Por tanto, para asegurar el pago de unas pensiones dignas y la estabilidad del sistema es  necesario revertir la situación, ampliando   la oferta del mercado laboral para que trabaje más gente, y una vez erradicada la precariedad  reducir drásticamente el desempleo con  garantía de  salarios decentes.

Y además de ello, blindarlas constitucionalmente prohibiendo su privatización total o parcial e impidiendo aprobar cualquier medida que reduzca el poder adquisitivo de los pensionistas.

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