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El empeño del Presidente Sánchez en colonizar la Administración con sus afines, evidencia un insólito caso de nepotismo en masa, que sin rubor alguno incluye a su propia esposa; delatando con tan censurable actitud, que lejos de toda regeneración la degradación política continúa

La condición de cargo público va acompañada de un régimen jurídico especial, que agrupa un conjunto de derechos y deberes relacionados con tal categoría y que son inherentes de la representación política que se ostenta.

Una naturaleza instrumental que les viene conferida a los cargos electos de forma reglamentada para poder ejercer sus funciones sin ver perjudicados sus derechos innatos

Prerrogativas que en aspectos de carácter laboral incluye la conservación y mantenimiento de su puesto de trabajo además de permisos para el desempeño de la actividad.

Pero esos derechos políticos y garantías que en reglada aplicación son el motor de la democracia,    suelen verse perturbados cuando el propio beneficiario intenta extender su utilización al ámbito de su entorno político, y conferir idénticas dispensas a quienes por vinculación política que no por mérito, mas allá del derecho de igualdad de oportunidades, pasan a desempeñar cargo de confianza en   la administración pública mediante prácticas de nepotismo, a pesar que dicho proceder colisiona con la moralidad y está directamente emparentado con la corrupción.

Curiosamente esa conducta, aun siendo infame, no piense nadie que recibirá   censura desde las filas de sus opositores políticos; todo lo contrario, lo que puede ocurrir es que encuentre competencia, por cuanto, este tipo de relación clientelar propiciando el nombramiento de familiares, afines o allegados,    resulta ser una fórmula de reproducir el poder político, que aún trastocando el principio de igualdad, al margen de contadas excepciones, es abrazada sin reparo por la gran mayoría de los representantes institucionales.

En la administración del poder, los hechos delatan, que la alternancia política no es una oportunidad para el cambio, sino la apropiada ocasión para consolidar la permuta de intereses, y eso es tal cual,    por mas que se intenten despistar las evidencias asimétricas tras un hipotético modelo de perfección, y así, mientras la clase dirigente desde su poder omnímodo se arroga un estatus de máximos, al país se le mueven las tejas, motivando goteras democráticas, grietas de igualdad y fisuras de entereza.

Resultando por ello un total anacronismo estar dirigidos políticamente por los reproductores del nepotismo, por quienes sin tener empresa no reparan en absurdas promesas de crear un empleo que nunca llega, a la par de favorecer a sus acólitos haciendo de la Administración Pública su factoría de enchufismo y colocación, donde al margen de connotaciones políticas tienen prohibido el acceso el común de los ciudadanos.

Mientras la clase dirigente desde su poder omnímodo se arroga un estatus de máximos, al país se le mueven las tejas, motivando goteras democráticas, grietas de igualdad y fisuras de entereza

Este permanente y extendido conflicto de intereses entre lo personal y lo general, sitúa al nepotismo en una forma de corrupción política, que con sus desatinos y adulteración de la praxis democrática, a pasos agigantados, convirtió la función política en un turbio ejercicio, que disminuye la confianza del ciudadano y en consecuencia pone en serio peligro la estabilidad del sistema, pues cuando los cometidos del hacer público son utilizados en provecho propio, sobra decir que con tal proceder es imposible armonizar políticas en beneficio de los gobernados.

El nepotismo es en si mismo un comportamiento antidemocrático, que mas allá de ser frenado en su tendencia, con el paso del tiempo incrementó su alcance invasor, y ello como consecuencia del simulacro de la tan pregonada Transición que nos convirtió en un país formalmente democrático pero manteniendo prácticas que rechazaría cualquier democracia de nuestro entorno, pues en realidad, lo que aquí ocurrió fue que los dirigentes de la dictadura investidos de legitimidad por los acontecimientos mantuvieron invariable sus comportamientos de antaño, e decir, siguieron actuando con los mismos cánones que en la dictadura.

Por tanto el actual estado de degradación generalizada, es consecuencia del golpe de efecto impuesto a la ciudadanía desde las filas del antiguo régimen mediante el artificialismo de una Constitución sin libertad constituyente, donde en realidad tan solo cambiaron las personas, pero para nada la ética de comportamiento.

Tal es así que en la actualidad, los hechos vienen a demostrar que el proceder de la nueva representación política no difiere en lo sustancial de la perversa actitud de sus predecesores, llegando al extremo de hacer caso omiso de la voluntad popular, y de las mas esenciales aspiraciones de los administrados.

Todo indica por tanto, que convirtieron las instituciones en confortables pesebres para complacer sus apetencias políticas, dicho sea en su más amplio sentido de la acepción;   así lo testifican los cuarenta años transcurridos desde la puesta en escena del Régimen del 78, las cuatro décadas de indecente manejo institucional e imparable degradación de España, que además de dejar sin pulso a la democracia, hicieron que la corrupción, el latrocinio, el nepotismo, el malgasto y la incompetencia se hayan convertido en catálogo de la actividad pública, y por tanto en nuestro referente identitario.

El dilema está servido, y será la entereza y la honestidad de los socios del actual Gobierno   quien a la hora de la verdad tenga la última palabra.

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