La profesionalización de la administración pública venezolana, parece haber sido un tema desechado, y muy por el contrario, dado el afán de controlar las instituciones oficiales, han sido militarizadas, con lo cual se ha puesto al escarnio público, a toda la institución armada, pues la resulta en su gestión no ha podido mostrar el cumplimiento de los principios de: "… honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho", tal como lo contempla el Art. 141 constitucional, además de violentar el encabezado del artículo 145 ejusdem cuando los establecimientos oficiales se ponen a disposición, y hasta subordinación, de parcialidades políticas partidistas.

Ha sido cotidiano el conocer de viva voz de los jerarcas gubernamentales, de acuerdo a las circunstancias, y bajo distintas modalidades, la impertinente participación de los militares en los asuntos reservados a profesionales civiles. Así hemos sabido de la creación de estado mayor para…, lo mismo que la oficialidad dedicada a la siembra y cuido de tubérculos y otras nimiedades impropias de su oficio, además de ocupar cargos en ministerios y viceministerios, gobernaciones y alcaldías, así como el control en las juntas directivas de corporaciones del estado y un largo etcétera, sin poder olvidar que tienen a su cargo una veintena de sociedades propias, de acuerdo a las actas constitutivas y registros, tal como se recoge en la infografía de CRONICA UNO que acompaña a este escrito.

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Esta realidad ha permitido el mantener, por ejemplo, a unos dos mil generales, cifra absolutamente abultada a la luz de otras naciones -EEUU cuenta con 900-, además de la desnaturalización de la labor inherente, con lo cual se podría poner en consideración lo concerniente al mando operacional, destacando si, en las nuevas labores asumidas en la administración pública por hechos de corrupción y otros actos delictivos en desmedro del patrimonio nacional, la prestación de servicios públicos o producción de bienes, lo que se puede apreciar en los informes de instituciones como Transparencia Venezuela, e inclusivo informes del fiscal designado por la ilegal ANC.

Prioridades del plan de gobierno presentado en el manifiesto del Frente Amplio Venezuela Libre

Cuando se examina sus competencias, tal como se intitula en el Art. 328 la carta magna, al estamento militar corresponde: "…garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar…", estándole taxativamente prohibido, subordinarse a persona o parcialidad política alguna, pues lo que de ellos se aspira es un comportarse institucional.

Además de las nefastas consecuencias antes esbozadas y que han generado el rechazo extendido de gran parte de la población a las fuerzas armadas nacionales, se aspira de ellos el respeto el irrestricto a su naturaleza y funciones, concebido en el marco legal,  por lo que se les demanda el no ser parte de una arbitrariedad política, asunto que debe ser parte de la transición a la democracia, lo cual puede ser un acicate la ley de amnistía “a civiles, policías y militares que hayan ejecutado y ejecuten actos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela”, propuesta por la fiscal constitucional Luisa Ortega D., lo que corresponde a la legitima asamblea nacional, enfatizando para el caso de los militares, el retorno a sus funciones y la posibilidad de continuar su carrera castrense en los cuarteles.

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De lo que se trata, es lanzar puentes con los militares institucionalistas para que se comprometan con el sistema democrático y la misma dignidad de ser castrense, que les permita la posibilidad de recuperar el prestigio social de otros tiempo, así como procurar el mejoramiento de las condiciones de vida y de servicio de sus integrantes, tal como apunta entre las prioridades del plan de gobierno presentado en el manifiesto del Frente Amplio Venezuela Libre, pues los males económicos, políticos y sociales ya permeo a la estructura marcial.

Ley de amnistía “a civiles, policías y militares que hayan ejecutado y ejecuten actos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela”

@OrestesSalerno

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