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Un órgano clave de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) decidió este jueves el cese de la cooperación en materia de seguridad con Israel, medida potencialmente explosiva que, de aplicarse, trasladará el conflicto israelo-palestino a una nueva fase.
Ha sido un verdadero golpe de efecto, por la noche, en Ramala, sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania ocupada. Reunidos desde la víspera, 80 de los 110 miembros del Consejo Central de la OLP (CCOLP) llevaron a la práctica unas amenazas esgrimidas muchas veces y nunca consumadas.
Decidieron cesar "la cooperación en materia de seguridad en todas sus formas" con Israel, piedra angular de la Autoridad Palestina, entidad interina creada en 1994 en la estela de los Acuerdos de Oslo sobre la autonomía, y urgió a Israel a "asumir todas sus responsabilidades como potencia ocupante" respecto al pueblo palestino.
Con estas decisiones, explicó a la AFP Mustafa Barghuthi, miembro del CCOLP, "la Autoridad se niega a desempeñar todo papel de supletorio del ocupante israelí", que prosigue la colonización de los Territorios ocupados y se niega desde enero a revertir a la Autoridad cerca de 500 millones de euros de tasas recabadas por su cuenta y asfixia financieramente a una Autoridad en crisis política.
- Sin calendario de aplicación -
Estas decisiones del Consejo Central de la OLP deben ser ahora ratificadas por el Comité Ejecutivo de la organización, dirigido, como la Autoridad Palestina, por el presidente Mahmud Abas. La OLP no ha precisado calendario y por ahora la cooperación seguía en el terreno, indicaron fuentes militares israelíes a la radio pública.
Según Barghuthi, "estas decisiones obligan a la Autoridad porque la OLP la creó y firmó los Acuerdos de Oslo" en 1993. "El CCOLP ostenta todo el poder legislativo y constitucional sobre la Autoridad y el Gobierno, es el órgano más importante", añadió.
Si se aplican, estas decisiones podrían tener consecuencias equivalentes a un autosabotaje puro y simple de la Autoridad y significar que el destino de 4, 6 millones de palestinos -en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este- quedaría en manos de Israel.
La cooperación en materia de seguridad -que engloba, además del mantenimiento del orden, la coordinación en los puntos de paso, la concesión de pases y otras funciones administrativas- sólo se interrumpió en el momento más duro de la segunda Intifada, y de manera temporal en 2000.
Su interrupción, asociada a una entrega de prerrogativas de la Autoridad a Israel, equivaldría concretamente a forzar al Estado hebreo, en tanto que potencia ocupante, a retomar los asuntos palestinos. Es decir, garantizar los servicios públicos, ocuparse del tráfico por carretera, estado civil y hospitales. Y por ende, enviar soldados suyos a todas las ciudades y localidades palestinas.
- 'El final del periodo de Oslo' -
La Autoridad, que debía desaparecer en 1999 pero sigue haciendo las veces de Estado mientras llega una solución del conflicto israelo-palestino, se encuentra mal.
Israel retiene cerca de 500 millones de euros que le debe desde que en enero pidió la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) para presentar allí, el 1 de abril, sus primeras acusaciones contra los dirigentes israelíes.
Minada por las divisiones políticas e incapaz de pagar los sueldos de sus 180.000 funcionarios, además acaba de ser condenada, con la OLP, a pagar más de 650 millones dólares de daños y perjuicios a víctimas estadounidenses de atentados antiisraelíes.
De hecho, estima Barghuthi, las decisiones del CCOLP suponen "el final del periodo de Oslo, que Israel ha destruido". La noche del jueves, estimó este dirigente, el CCOLP abre "una nueva etapa" dentro de una "estrategia global para el futuro" que prevé sobre todo "el cese de la cooperación en seguridad, la adhesión a nuevas organizaciones internacionales, sobre todo la CPI, el boicoteo de Israel y una campaña a favor de la imposición de sanciones contra la ocupación israelí".
Por parte de Israel, ninguna reacción oficial por la noche a los anuncios palestinos, que se producen en plena campaña electoral en Israel para las legislativas previstas el 17 de marzo, con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como favorito a su propia sucesión.