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Pasadas las elecciones presidenciales del 7-O, dos posturas extremas han venido afectando la moral y el entusiasmo de la sociedad democrática venezolana frente a los comicios de gobernadores y Consejos Legislativos del próximo 16 de diciembre: por un lado, la tesis del fraude, según la cual la victoria de Hugo Chávez es el producto de la alteración de los resultados electorales por parte del CNE; y, por el otro, el silencio consciente de algunos actores políticos frente a la parcialización y el ventajismo que el órgano electoral le otorga al chavismo en cada elección.
Ambas actitudes, a nuestro juicio, conducen a fomentar la abstención, con lo cual solo se favorece al oficialismo al plantear el riesgo de entregarles en bandeja de plata, sin oposición ni resistencia alguna, las gobernaciones y parlamentos regionales en disputa. El error de quienes levantan la tesis del fraude estriba en un enfoque superficial y prejuiciado que desconoce la fuerza que aún conserva el chavismo en amplios sectores del país, especialmente entre los más pobres; y, en contrapartida, las debilidades y carencias que la alternativa democrática tiene para reconectarse con dichos sectores, conquistar su confianza y traducir en esperanza el desencanto y el descontento que sin duda ha ido creciendo en su seno.
Antes que proponer un balance serio y a fondo de las causas más profundas que pudieran explicar uno y otro fenómeno, cuya combinación impide por ahora construir y hacer estable una nueva mayoría nacional amalgamada en torno a un liderazgo, un discurso y un proyecto alternativos a la propuesta chavista, los promotores de la tesis del fraude prefieren forzar malabarismos técnicos para decir que nos robaron el voto y que con el actual CNE no hay posibilidad alguna de derrotar electoralmente a Hugo Chávez. El error de quienes adoptan el silencio frente a lo obvio consiste en creer que denunciar la parcialización y el ventajismo del gobierno-CNE solo siembra el escepticismo y la impotencia entre los electores, con lo cual se estimula la abstención y se facilita las cosas al oficialismo. Los que así piensan y actúan subestiman la conciencia de nuestro pueblo y ofenden su inteligencia. Ignoran la madurez que se ha ido forjando al influjo del complejo proceso de luchas que nos ha tocado vivir, el enorme aprendizaje adquirido en estos largos años de dura, difícil y adversa confrontación. Y lo único que logran es alimentar la desconfianza de la sociedad democrática en el liderazgo que hoy la conduce o representa. No nos llamemos a engaños: ni las elecciones son una "fiesta democrática", ni las campañas un torneo de mises ni el ente electoral un órgano imparcial. No lo fueron en el pasado ni mucho menos ahora. Por razones múltiples, imposibles de resumir en este artículo, todas, absolutamente todas las elecciones que se realizan en el país han sido y serán una lucha desigual entre los ciudadanos y las fuerzas democráticas que aspiran representarlos contra el poder de un Estado que articula todas las instituciones públicas, incluido el CNE. Ninguna condición electoral alcanzada en esta etapa es el fruto de una dádiva graciosa ni expresión del talante democrático del ente electoral.
El logro de reglas de juego iguales para todos, de condiciones equitativas mínimas que den garantías a los actores participantes, ha sido y será un pugilato permanente en el que se registran avances y retrocesos cada vez. Esto lo ha ido entendiendo y aprendiendo nuestra gente, que sin embargo acude en número creciente a cada elección convocada, con determinación y sin ingenuidades, persuadido de que las elecciones son un escenario de confrontación de visiones de país, de proyectos de gobierno, de programas encarnados por grupos sociales y políticos que aspiran imponer su punto de vista y conquistar el poder para llevarlo adelante.
Pero la condición principal, entre todas las condiciones electorales a alcanzar, es constituir una sólida mayoría social y política alrededor de un proyecto de país, de un discurso que lo exprese, de un liderazgo que lo encarne y lo conduzca, y de una fuerza que con serenidad y firmeza, con sensatez y determinación, se movilice cada vez, en los espacios electorales y fuera de ellos, para hacer valer sus derechos y conquistar sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas. La historia –la nuestra y la de otros pueblos– ha demostrado palmariamente que contra las grandes mayorías hechas conciencia y voluntad políticas no hay fraude que valga ni CNE que sirva de dique de contención. Y esto, obviamente, no depende de las cuatro rectoras que en nombre del gobierno manipulan a su antojo la normativa electoral.
Rafael Venegas
