El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en Ginebra que espera que para junio México cuente con una Ley General de Desaparición Forzada.

"Es un reto inmediato" que hay que conseguir antes de junio cuando concluye la actual legislatura, dijo Gómez Robledo al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento de la Convención en la materia.

Antes de que se pueda aprobar la ley, "de acuerdo con la fórmula constitucional de distribución de competencias que rige en México, se requiere que sea la Constitución la que habilite al Congreso para expedir una ley general en esta materia", habían explicado hace unas semanas por escrito al Comité las autoridades mexicanas.

Es un trámite necesario para "homologar en todo el país el tipo de desaparición forzada", según el escrito.

Asimismo, Gómez Robledo aseguró que su país acatará las recomendaciones que le formule el Comité, que llegarán "en poquito menos que dos semanas".

El subsecretario se comprometió a que su país "dará seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones".

"Podemos anticipar que van a ser recomendaciones en torno a los pendientes y desafíos que tiene todavía México, tanto desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista de políticas públicas", anunció.

Por otra parte, Gómez Robledo reconoció y se comprometió a subsanar, la inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones forzadas.

"Hay un registro que mezcla personas no localizadas y eventualmente personas desaparecidas forzadamente, es algo que hay que corregir sin duda alguna", admitió.

En lo que respecta a la "guerra sucia", los desaparecidos de la represión política secreta contra opositores de los años 1960 y 1970, la delegación no fue capaz de responder a la pregunta del Comité de si hay 1.300 desaparecidos, según los datos que se hallan en su poder, o son 500 como figuran en el informe de México.

En la reunión con el Comité el lunes, antes de iniciarse el examen del gobierno mexicano, varias Organizaciones No Gubernamentales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa pidieron a los expertos de la ONU que exhortara a México a que "unifique" los registros de desaparecidos.