Casi 40.000 maestros 'fantasma' y 70 profesores que ganan más que el presidente de México son algunas de las irregularidades registradas a raíz de un inédito censo magisterial que han despertado la polémica sobre este poderoso y desigual gremio.

México conmemoró el jueves el tradicional Día del Maestro, con miles de docentes en las calles para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y protestar contra la reforma impulsada el año pasado por el presidente, Enrique Peña Nieto, para recuperar el control de la educación y mejorar su deteriorada calidad.

La celebración de este año ha estado rodeada de controversia por las revelaciones que han ido surgiendo del primer censo de escuelas y maestros, elaborado por el oficial Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

Este censo, una de las medidas de la reforma educativa, tenía como objetivo arrojar luz sobre un gremio al que se señala de estar más controlado por su poderoso sindicato -uno de los mayores de América Latina con 1, 4 millones de afiliados- que por las autoridades.

El estudio del Inegi reveló en abril numerosas irregularidades, entre ellas que México paga salarios a 39.222 maestros que nadie conoce ni sabe dónde están, y que otras decenas de miles no dan clase por estar de "comisión". Sin embargo, los extensos datos recogidos por el censo siguen siendo analizados y un centro de estudios mexicano difundió el miércoles otros supuestos excesos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), por lo menos 70 profesores mexicanos tienen un salario superior a los 193.458 pesos mensuales (14.600 dólares), por encima del de Peña Nieto.

La organización civil también detectó que en la nómina de maestros aparecen 1.442 que tienen más de 100 años, y que 1.441 de ellos son de la región de Hidalgo (centro) y tienen la misma fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1912.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, respondió que estos salarios son "absurdos y falsos", y algunos responsables de educación regionales también negaron otros datos.

"Uno esperaría que la autoridad respondiera reconociendo esta situación y diciendo que lo va a solucionar, y no atacando al mensajero que solo usa los datos que los Estados dieron", dijo a la AFP Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa, un centro de análisis del gasto público y fomento de la transparencia.

"Viendo los problemas de corrupción en el sistema educativo, uno entiende por qué, aunque los presupuestos de educación crecen, no mejora la calidad (...) Cuando se detectan estos fraudes y no hay una consecuencia administrativa o jurídica, el mensaje es de impunidad", recalca Fernández, experto en educación.

- Resistencia a una reforma -

En un evento junto a Díaz de la Torre por el Día del Maestro, Peña Nieto defendió los beneficios de su reforma educativa que, en su medida más protestada por el magisterio, vinculó la permanencia, ascensos y bonos de los docentes a unas evaluaciones que tendrán que rendir periódicamente.

La legislación fue contestada en las calles durante meses por una fracción radical del SNTE, que consiguió desestabilizar la capital mexicana con constantes bloqueos de sus principales avenidas y un plantón en el centro histórico.

Salvo manifestaciones puntuales como la del jueves, la protesta callejera de los maestros ha menguado y la preocupación del Gobierno se centra en seis de los 32 estados mexicanos que no han armonizado sus leyes de acuerdo a la reforma, lo que llevó a Peña Nieto a interponer sendas demandas ante la Corte Suprema. "Por todo lo que significa para el país, la reforma educativa sigue adelante", subrayó Peña Nieto el jueves.

Fernández explica la resistencia de esas regiones, en especial la conflictiva Oaxaca (sur), a aplicar la reforma por el temor de sus gobiernos a la reacción y capacidad de desestabilización que tiene el sindicato.

"Los maestros son el sector más amplio de los trabajadores públicos y tienen mucha capacidad de acción colectiva. Su músculo político es importante. Cuando deciden manifestarse o ir a la huelga, las consecuencias para la sociedad son muy grandes y lleva a una gran presión al Gobierno para que lo resuelva", dijo Fernández.