El presidente argentino quiere reformar el Código Penal y hacer ilegales las manifestaciones en su contraCOMPARTE

16 Abril, 2017 0 151 0 El Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, introdujo en la Cámara de Diputados, a través de su partido Cambiemos, un proyecto de reforma del Código Penal, a fin de criminalizar las manifestaciones públicas de todo tipo.La propuesta, explicaron especialistas a Página12, prácticamente convierte en ilegal la protesta social en Argentina y a quienes participan de ella.

Se plantea la modificación de cuatro artículos referidos a las amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte.A todos ellos les agrega las manifestaciones públicas y el castigo a quienes utilicen lo que llaman "elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación".PODERES PARA POLICÍAS Y FISCALES La propuesta macrita establece penas de hasta diez años de cárcel en ciertos casos, que en caso de concretarse, habilitarían detenciones arbitrarias de la policía y la libre interpretación de los jueces. Esto ocurre mientras se multiplican episodios de represión policial en las protestas, tales como ocurrieron en marzo durante el día de la Mujer y la semana pasada, cuando los docentes intentaron instalar una escuela itinerante frente al Congreso argentino.El proyecto de reforma apunta a expandir las posibilidades de las fuerzas de seguridad de actuar contra quienes manifiesten, ejerzan el derecho de reunirse o hagan petitorios públicos a las autoridades nacionales o locales.Introduce aspectos que hoy no están el Código, y que allanan el camino a amplias interpretaciones.Uno de los aspectos más duros de la reforma señala que el objetivo es "no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones, capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes, no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada".Luego, agrega sin ningún tapujo: "Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir, arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos".A professor gives free classes at Plaza de Mayo square in front of Casa Rosada government house as part of a 24-hour national strike in Buenos Aires, on April 11, 2017.

Professors of Buenos Aires public universities protest on Tuesday asking for better wages and against the recent police repression against school teachers, by giving open-air classes in front of the Presidential Palace. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICHPREJUICIOS CLASISTAS Y RACISTAS "El proyecto reinstala un derecho penal de autor para penalizar no ya conductas y en su caso aplicar a cualquiera que las cometa, sino elegir unas personas para castigarlas solo por lo que son: manifestantes pertenecientes a los sectores populares que a diario son demonizados como piqueteros" afirma la abogada Ileana Arduino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina. Añade que el proyecto tiene como principal objetivo ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella. "En realidad, cualquier manifestación pública podría ser alcanzada por esa criminalización. La convalidación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares podría estar habilitando una herramienta sumamente riesgosa porque los procesos autoritarios construyen nuevos enemigos conforme sus necesidades represivas", afirma Arduino.Añade que la reforma es "técnicamente deplorable" y se apoya en la "demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social. Criminalizan al pueblo interpelando al poder en la calle".CIUDAD CCS

FOTO AFP / POLÍTICA ARGENTINA