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Julio Fernández BaraibarDICIEMBRE 21 DE 2016, 10:33 AM
macri_0.jpgMartín Fierro
José Hernández El 10 de diciembre se cumplió un año de la fecha en que el ingeniero Mauricio Macri asumió como presidente de la Argentina. Y como ya estaba escrito en el poema del federal Hernández -esa especie de I Ching que condensa el pasado, el presente y el futuro de los hombres del Plata -el tiempo, en el que "era una delicia ver / como pasaba sus días" el hombre de la pampa, ha querido el destino que acabara.Creciente desocupación impulsada por una disminución del personal empleado, cierre de talleres, cese de las cooperativas de trabajo creadas durante los gobiernos de Kirchner y de Cristina, han vuelto a lanzar a las calles, en los tórridos días que anticipan las fiestas de fin de año, a cientos de miles de trabajadores informales exigiendo mejoras en los subsidios y bonos aguinaldo.Todos los sectores vinculados a la industria, desde las PyMES hasta empresas de la magnitud de las de Paolo Rocca, sufren una tremenda recesión impulsada por la caída vertical del consumo, los aumentos en la energía, la apertura de las importaciones -en la industria textil la situación es dramática- y la absoluta carencia de una política económica por parte del Ejecutivo que tan solo atina a enunciar abstracciones neoliberales y mensajes "new age".
Desde el principio nada ocurrió como el nuevo gobierno había creído o hecho creer.Se acudió a un endeudamiento internacional para pagar a los fondos buitres, con el argumento que ello generaría una lluvia de inversiones. Estas nunca llegaron, pero, como el presidente en sus primeros actos de gobierno, quitó impuestos a la minería y a la exportación agrícola (básicamente a la soja, un negocio más financiero que productivo), se quedó sin financiamiento del Estado.Ello lo llevó a acudir a préstamos internacionales para equilibrar las cuentas corrientes (gastos de personal, mantenimiento y pago de proveedores), aprovechando la excelente situación crediticia que le había dejado el gobierno de Cristina. En menos de un año logró llevar la deuda externa de 0 a 90 mil millones de dólares, un verdadero record Guiness. Mientras la actividad económica caía, el presidente se dio a la tarea de hacer vagas promesas sobre el mejoramiento de la situación en el segundo semestre y la existencia de brotes verdes en la economía.Ayer el Financial Times, vocero de esa organización de caridad llamada la Bolsa de Londres, sostiene en un titular: "Macri rues his magical thinking on Argentina's economic growth. President's promised green shoots of recovery are long overdue" ("Macri lamenta su pensamiento mágico sobre el crecimiento económico de la Argentina. Los brotes verdes prometidos por el Presidente están muy demorados").Se reinstaló la llamada "bicicleta financiera": entrada de dólares para la compra de bonos al 25%, venta de esos bonos y recompra inmediata de una suma de dólares superior superior a la entrada. Ya en el mes de octubre, un alto directivo de BCP Securities había advertido que el país sólo estaba recibiendo "inversiones golondrina" que "vienen para aprovechar las tasas de 25 por ciento en moneda local para irse rápidamente si algo no les gusta".Mientras tanto, el temor a una repetición de los sucesos de diciembre del 2001 y el notorio estado de malestar social que se percibe en las barriadas más pobres del área metropolitana llevó paulatinamente al gobierno a una política de subsidios a los sectores más vulnerables, lo que, desde la ortodoxia neoliberal, fue calificado como "kirchnerista". Verdaderos talibanes, dogmáticos e hiperideologizados, los gurúes al estilo Melconián, Espert o Broda, piden abandonar lo que llaman "gradualismo" y exigen por un drástico ajuste fiscal, devaluación, congelamiento de salarios y achicamiento del Estado.Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarmeEl gobierno de Macri, no obstante, gozó durante casi un año de un privilegiado acompañamiento de la oposición. En parte por ambiciones personales, en parte por el corsé que la distribución de los fondos federales imponen a las provincias, en parte por la crisis política generada en el peronismo como resultado de la derrota electoral, el gobierno de Mauricio Macri logró aprobar en el Congreso todas o casi todas sus iniciativas políticas, desde el pago a los fondos buitres hasta el presupuesto nacional para el 2017.En medio de una feroz campaña judicial y mediática en su contra, Cristina Fernández de Kirchner expresaba en sus apariciones públicas una posición claramente opositora, que se reflejaba en el bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Milagro Sala, la luchadora social de Jujuy y expresión de los sectores más postergados e invisibilizados del norte argentino, continuaba encerrada sin causa por decisión del gobernador Gerardo Morales, un oscuro contador radical que gobierna en nombre de la poderosa familia Blaquier, señores de horca y cuchillo de la provincia.Mientras tanto, la CGT observaba, con una prudencia a veces sobreactuada, el desempeño gubernamental: tan solo algunas exhibiciones de fuerza y de capacidad de convocatoria como diciendo aquí estamos y somos todo esto, pero no mucho más. Por abajo, las seccionales y las comisiones de fábrica peleaban como gato entre las leñas, intentando mantener puestos de trabajo y condiciones laborales.Pero los idus de diciembre rompieron ese idilio, que tenía más de interés que de amor.El primer y sorpresivo enfrentamiento fue alrededor de una ley, pomposamente llamada por el gobierno de reforma política, cuyo principal objetivo era instaurar el voto electrónico. La ley había sido aprobada en Diputados, pese a una importante y fundamentada opinión en contra de la comunidad científica. La discusión principal radicaba en la posibilidad de hackeo sobre el sistema y la pérdida de secreto del voto, al poder leerse el chip que acompaña a la boleta. La sombra del fraude electrónico sobrevoló el debate. No obstante, solo el bloque del Frente para la Victoria y algún otro diputado resistió la ley.En la Cámara de Senadores el proyecto fue recibido con mayor aprehensión. Se ampliaron las exposiciones de técnicos y científicos denunciando la extrema vulnerabilidad de los mecanismos electrónicos, a la vez que se hacían públicos los rechazos que ese tipo de votación ha comenzado a recibir en distintos países de Europa, comenzando por Alemania. Mientras el gobierno se abroquelaba en su posición de sólo aceptar una boleta con chip electrónico, los senadores de la oposición manifestaron su decisión de votar contra la ley del Ejecutivo. La suerte estaba echada.La reunión de los gobernadores peronistas, al día siguiente, ratificó lo que los senadores habían manifestado. Y el gobierno de Mauricio Macri recibió en el Senado un rotundo rechazo a una ley que, sospechosamente, consideraba una piedra basal de toda su mentada reforma política del Estado.La oposición le había puesto, por primera vez, un límite a sus propósitos hegemónicos.Simultáneamente, desde los sectores más excluídos de la sociedad había comenzado una lucha por el reconocimiento de su existencia y de sus imperiosas necesidades. Con el auspicio de la CGT y con la participación de los principales movimientos sociales se creó la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que llevó adelante una serie de movilizaciones populares que darían como resultado un reconocimiento virtual, por parte del gobierno, de su existencia y reclamos.Todo ello terminó en un acuerdo que otorgó un bono aguinaldo a este sector de trabajadores y un aumento en el monto mensual de los subsidios, a la vez que les prometía fondos para la creación de una obra social propia.A medida que la situación económica se deterioraba, el gobierno de Mauricio Macri se encontraba con situaciones políticas que, por impericia o desidia, no estaba en condiciones de resolver. Justo en ese momento, a poco de haber suspendido a Venezuela del Mercosur, comenzaron a sucederse una serie de serios reclamos y advertencias por parte de las Naciones Unidas, la OEA y su secretario general, Human Rights Watch y hasta el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, exigiendo la libertad inmediata de Milagro Sala. Tras los fracasos económicos se sucedieron los papelones políticos.Y en estas condiciones, se llegó a la decisiva votación en la Cámara de Diputados de una ley sobre el llamado Impuesto a las Ganancias -que en realidad debería llamarse Impuesto al Ingreso Personal-. En la demagogia de la campaña electoral, Mauricio Macri había prometido quitar todo tipo de impuesto sobre los salarios. A poco de asumir, en lugar de ello hizo desaparecer los impuestos a las exportaciones de comodities -principalmente soja, como se ha dicho- y a la minería -sorprendiendo a las propias empresas mineras que ni siquiera habían bregado por su desaparición-. Al hacerlo generó las condiciones para la desfinanciación del Estado y, por lo tanto, se encontró en la imposibilidad técnica de cumplir con uno de sus caballitos de batalla electorales.En medio de una serie de desaguisados técnico-políticos -manejo de tiempos parlamentarios, llamada a sesiones extraordinarias, etc.- y de una desconcertante incapacidad negociadora, el Poder Ejecutivo jugó a todo o nada su proyecto de reforma de dicho impuesto. El resultado fue que, con los votos de toda la oposición -Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Frente Renovador y parte del llamado Frente Progresista- es aprobado un proyecto consensuado que lleva la impronta del diputado Axel Kicillof, el último ministro de Economía de la presidenta Cristina.Antes de cumplir su primer año de gobierno, Mauricio Macri se encontró derrotado en la calle, en el Senado, en Diputados y en los ámbitos internacionales. Para colmo de males para el gobierno, la vicepresidenta de la República, una pobre mujer con un handicap motriz e intelectual, proclamó en los medios que el presidente vetaría esa ley, si era aprobada por el Senado, que ella misma preside.El precio del veto de una ley que cuenta con el apoyo de la totalidad de la oposición, más el de las centrales obreras, CGT y CTA, pondrá al gobierno de Mauricio Macri en una muy incómoda situación en el inicio del 2017, un año en el que se renuevan las dos Cámaras del Congreso. Una derrota del gobierno en las elecciones de octubre significará para Macri una muy difícil situación política, teniendo que gobernar durante dos años más con el síndrome del pato rengo.Y, para el gobierno, perder las elecciones no es otra cosa que perder en la Provincia de Buenos Aires, ante un peronismo que conserva muy altos niveles de apoyo popular y, eventualmente, una Cristina Fernández de Kirchner que, de presentarse, exhibe hoy una voluntad de voto del orden del 40%, según diversas encuestadoras del oficialismo y de la oposición.Si a este descalabro político, se le suma la incómoda situación internacional de un presidente que hizo campaña por Hillary Clinton, tiene con Donald Trump un viejo conflicto de negocios, ignora los pedidos de los organismos internacionales respecto a los derechos humanos, está aliado a un gobierno ilegítimo como el de Temer en Brasil, jugó para la integración argentina al Tratado Trans Pacífico, recientemente cancelado por EE.UU. y sólo encuentra apoyo económico en China, país con el que trató de anular los convenios firmados por Cristina, la pregunta no es si Mauricio Macri va a terminar su mandato sino cómo va a hacerlo.Para terminar esta nota de la misma manera que comenzó, voy a recordar estos otros versos de nuestro gaucho inmortal:El tiempo sólo es tardanza