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En Venezuela Ley contra delitos mediáticos penaliza a cualquier ciudadano

05/08/2009 02:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Informaciones sobre la escasez de algunos alimentos producida por el control de cambio, protestas contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación y noticias sobre la llegada a venezuela de la influenza AH1N1, podrian ser cnsideradas como generadoras de zozobra

Toda persona que obstaculice o impida por coacción, violencia, amenaza, engaño o soborno o el libre funcionamiento de cualquier medio de comunicación social, público o privado, lesionando el derecho a la información veraz, oportuna e imparcial del cual son titulares todos los ciudadanos, será castigada con pena de prisión de uno a cuatro años se indica en el artículo 12. Irónicamente, este artículo es como un bumerang(arma de caza usada por los aborígenes australianos), porque condena hechos como el cierre de RCTV y la confiscación de sus equipos de transmisión, las rutinarias amenazas contra Globovisión y la clausura de 32 emisoras de radio y dos de TV, entre otros. Si la Ley contra delitos mediáticos hubiera estado vigente el 1 de julio de este año, tal vez hubiesen sido castigados los responsables de los ataques ocasionados a la sede de el diario El Carabobeño, de la ciudad de valencia; a donde llegó un grupo de simpatizantes del chavismo disgustados por la línea editorial de este diario.

El proyecto de Ley Contra Delitos Mediáticos, presentado a la Asamblea Nacional por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, y que será discutida este martes por integrantes de la comisión de medios, limitará el acceso a la información y las denuncias de los ciudadanos, pues tiene por objeto prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos.

Tomando como referencia informaciones difundidas en los últimos meses y la reacción de voceros gubernamentales, se muestran este trabajo algunos ejemplos de lo que el gobierno consideraría delito mediáticos, y las sanciones a las que hubiesen estado expuestos dueños de medios, jefe de prensa periodistas, productores nacionales independientes, locutores y cualquier persona que haya usado los medios de comuniación para protestar o denunciar algún problema en su comunidad.

Acciones u omisiones: Según el artículo 4 de la propuesta, los delitos mediáticos constituyen las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz imparcial, que atente contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comuniación social. Desde esa óptica, todos los medios de comuniación críticos comenten delitos mediáticos.

Un delito mediático puede ser dar, primero que cualquier autoridad, una información sobre una emergencia, como lo hizo Globovisión con el temblor que ocurrió la madrugada del 4 de mayo de este año en Caracas. Por esta acción el canal fue acusado de generar zozobra en la población.

Un balance de la cantidad de asesinatos ocurridos un fin de semana por la delincuencia podría ser calificado también de delito mediático, pues estas informaciones generan sensación de impunidad o de inseguridad, si se toma en cuenta las frases pronunciadas por los últimos ministros de interior y justicia Ramón Rodríguez Chacín y Tarek El Aissami, y la defensora del pueblo Gabriela Ramírez.

La pasividad de las autoridades en torno al caso de los 800 mil dólares enviados en 2007 a la presidenta de Argentina Cristina Kirchner para su campaña, según reveló a CNN el portador del dinero Guido Antonini Wilson, y las denuncias sobre presunta corrupción en el complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, entrarían en la misma categoría porque lesionan la estabilidad de las instituciones del Estado.

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Otro delito mediático sería la convocatoria a marchas opositoras, porque según el presidente Hugo Chávez Frias afectan el orden público. Esta falta también puede ser penalizada por el artículo 11 que trata acerca de la instigación.

Divulgación de noticias falsas: En el artículo 5 se señala que toda persona que divulgue a través de un medio de comuniación social noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los interés del estado, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años. Se aplicará la misma pena a la persona responsable del medio de comuniación social.

Informaciones sobre la escasez de algunos alimentos producida por el control de cambio, las protestas contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación y las noticias sobre la llegada a Venezuela de la influenza AH1N1, en abril pasado, podrían ser consideradas por el gobierno como generadoras de zozobra.

Manipulación de noticias: El artículo 6 establece que toda persona que manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años. Se aplicará la misma pena a la persona responsable del medio de comunicación social.

Cuando estalló la crisis política en Honduras, a principios de julio pasado el gobierno proclamó que los medios privados no informaron sobre el golpe de estado, pero la mayoría incluido El Carabobeño, reflejó las versiones tanto del presidente depuesto Manuel Zelaya como la del presidente Roberto Michelleti. En ese mismo mes, la comisión nacional de telecomunicaciones Conatel, abrió un procedimiento administrativo contra los medios radioeléctricos que transmitían los mensajes de Asoesfuerzos y Cedice en defensa de la propiedad privada ante el avance de un proyecto de Ley de Propiedad Social.

Con una Ley contra delitos mediáticos aprobada, al gobierno se le facilitaría la vía para condenar a los responsables de estas dos informaciones que, desde superspectivas ideológicas, son falsas.

Negativa a revelar información: El artículo 7 establece que el director, gerente, editor o responsable del medio de comunicación social que se niegue a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima, cuando ésta le hubiere sido requerida por el ministerio público, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

En algunos casos no se revela la identidad del declarante por proteger su integridad. Este apartado va en contra de la Ley de Ejercicio del Periodismo, en la que se destaca que ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos (artículo 8).


Sobre esta noticia

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Hechizada (607 noticias)
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Nota de prensa
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