El intensificar las instituciones, es una labor inmutable de toda sociedad que se debe procurar a los fines de acercarse a la armonía social para potenciar la convivencia general. De manera que la propia dinámica nacional habrá de demandar el surgimiento de nuevas instituciones, cada una de las cuales, así como las existentes, se aboquen a su objetivo explícito.

En la estructuración de la gestión pública venezolana, encontramos una nítida precisión de los roles que a cada instancia -institución- corresponde, a los fines de cumplir sus objetivos -eficiencia-, siendo clave su desempeño a los fines de lograr el efecto deseado -eficacia-.

Como es conocido, en el pacto social vernáculo se incluye entre sus principios la separación de poderes, por una parte, y por la otra los concerniente a la descentralización, atendiendo lo tocante a la territorialidad y la corresponsabilidad entre los poderes y los niveles de la administración.

La Trias Política o separación de poderes, se destaca por la distribución de funciones entre las instituciones del estado, con lo cual se reconoce el estado de derecho de estos tiempos modernos, siendo lo concerniente a la territorialización, el espacio geográfico en el cual, cada gobierno tiene inherencia o surte efecto sus decisiones -mediante actos administrativos- como en el caso del gobierno nacional, regional o municipal, según cada realidad, es decir, la descentralización.

Esta última concepción -descentralización- procuró la desconcentración del gobierno y con él, el acercamiento en la toma de decisiones -participación- de los ciudadanos en los asuntos de su interés -la polis-, de manera especial en las regiones y localidades, lo cual se materializaba a través de la reserva de ciertas actividades -competencias- que además de generarles recursos económicos, le permitieran asumir una serie de servicios básicos y en general la atención a los ciudadanos.

En el caso de los gobiernos regionales, a estos les corresponde, o más bien le correspondía -véase Gran gabinete paralelo para debilitar a la Gobernación e Miranda-, la administración de su territorio, la inversión y administración de sus recursos, la recaudación proveniente de las minas y el papel sellado, la seguridad, los servicios públicos de educación y salud, entre otros, así como lo conveniente a la administración de carreteras, puertos y aeropuertos, tocándole a las municipalidades o regímenes locales, la ordenación urbanística y la dotación de los servicios públicos, lo concerniente a espectáculos públicos, culturales y similares, el ornato, aseo urbano, mercado y mataderos, cementerio, agua, gas y otros.

En cuanto a la administración pública nacional, le atañe la defensa integral del territorio y garantizar la paz pública, la identificación que incluye además de la cedulación y pasaportes, los registros y notarías, la banca y el sistema financiero, así como el mercado de capitales y la política macro económica, el comercio exterior y aduanas, además del manejo de las fronteras, la regulación de la seguridad social, la educación y la salud, la promoción de las actividades agrícolas, pecuarias y pesquera, así como la actividad industrial y la rectoría de los servicios de agua, electricidad, gas y similares.

De lo considerado de los tres niveles de gobierno, proviene la concepción de concurrencia y corresponsabilidad.

Entre los fines del Estado venezolano, se destaca en el preámbulo constitucional el rol de promotor, así como de regulador y planificador de la actividad económica, sin obviar las reservas legales que la misma constitución le confiere.

A partir de lo expuesto, vale la pena ahora considerar ¿cuál ha sido el catálogo o rol del Estado venezolano en los últimos tiempos a partir de las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional?

En este sentido y a partir de la concepción de estratégica -meditación a los fines de procurar un fin, y con él los efectos deseados-, el gobierno nacional ha venido acometiendo una política que ha permitido el engrandecimiento del gobierno, en cuanto las actividades que ahora ha asumido, en menoscabo o minimización del sector privado y la sociedad a través de las expropiaciones, confiscaciones y más recientemente ocupaciones.

La re-institucionalización del país -y la sociedad-, resulta en un deber ciudadano que cada uno

Las expropiaciones o embargo, están contenidas en el texto constitucional y sólo median a razón de utilidad pública y como contrapartida, el expropiado habría de recibir una indemnización justa como consecuencia, lo cual podría ser mediante arreglo de las partes o según dictamen judicial, asunto previo a la materialización del embargo o expropiación.

La confiscación, implicaría, previa justificación, la ocupación temporal de la propiedad hasta por un tiempo finito, en tanto que la ocupación, recuérdese el caso de la empresa Daka -el dakaso y más recientemente la juguetería Kreisel-, se ejecuta bajo una junta de administración, debiendo en todo caso estar amparado en un acto administrativo de efectos generales o particulares, asunto legal pocas veces atendido.

A partir de tal concepción estratégica, el gobierno nacional se ha venido haciendo de su propiedad diversas empresas, así como de tierras dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias, teniendo entre sus haberes, a organizaciones como: Aceites Diana, Cemex, El Piñal Smurfit Kappa Group, Vengas, Asfalto Oriente, Holcim (venezuela) C.A., Crystallex International, Conservas alimenticias La Gaviota, CTV antenas, Hato Caroni, Sambil la Candelaria, Lateos Los Andes y muchas más tal como lo reporta el diario Panorama en su portal WEB: El gobierno tiene casi 500 empresas de alimentos expropiadas y no producen nada.

En el ajustado compendio anterior, se aprecia la propiedad de las más diversas organizaciones lo que no parece tener coherencia, por lo menos desde la mirada de quien esto escribe, atendiendo la concepción de estratégica con la que se pretendió justificar para la defensa del pueblo en el acceso a bienes y servicios, además de echar por tierra, el principio el papel de promotor.

Además de lo anterior, necesario es destacar el surgimiento de otras empresas del Estado como el caso de Corpivensa, Venecartón, Valerisa y Forjacero por sólo citar algunas recientes, además de las empresas manejadas por lo militares que suman 11 en la actualidad.

Igualmente conviene destacar el crecimiento de las instancias del gobierno a través de diversas figuras que no están convenidas en el marco constitucional incluida las vicepresidencias, los estados mayor, protectores, corporaciones, las misiones y las grandes misiones y últimamente los Claps y sus derivados, todo lo cual incrementa la nómina pública y consecuentemente la burocracia y el despilfarro o mala inversión de los recursos.

Lo lacónico hasta aquí presentado, da cuenta de un híper-estado que procura atener todos los aspectos de la cotidianidad de la sociedad, pero que lamentablemente desatiende su función básica de generador de confianza y bienestar, lo cual se agrava cuando interviene, de manera errada indican los economistas, en el control de cambio y en el control de precios, dedicándose fundamentalmente a importar y no producir, sin olvidar la necesidad de retomar la senda de la separación de poderes.

De manera que, lo que toca a los venezolanos, es retomar lo dispuesto en nuestro contrato social, entiéndase, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y re-institucionalizar al estado, lo cual implica, además de la separación de poderes en donde cada uno asuma su función, el atender cada nivel de gobierno sus competencias, el actuar del gobierno como promotor e impulsor del desarrollo, realizar las inversiones debidas en bienes y servicios esenciales -reorientar el gasto público y despolitizar las instituciones-, que cada empresa se dedique a producir y generar empleo amén de cumplir con las disposiciones legales y el pago de impuestos, que el campesino y el agricultor cuenten con los estímulos necesarios para cumplir su labor, que cada ciudadano ejerza con fuerza y contundencia su condición de ciudadano cumpliendo sus deberes y exigiendo sus derechos, que funcione apegado a derecho, el sistema de justicia, que lo militares se concentren en su función, lo mismo que nuestra principal industria -PDVSA-, incorporando a los mejores a las funciones públicas para dignificarla y acabar con males como la corrupción, además de contar con una carta de navegación consensuada que marque el camino a recorrer y horizonte a conquistar en el mediano y largo plazo. En fin, asumir la re-institucionalización de la sociedad, donde todos somos importantes y todos somos necesarios.

Cada institución -la familia, la iglesia, las universidades y los gremios- deben necesariamente asumir su compromiso social y actuar en consecuencia, una formando en valores, la otra satisfaciendo las necesidades espirituales, la tercera generando conocimientos y tecnología y la última, procurando la organización social.

La re-institucionalización del país -y la sociedad-, resulta en un deber ciudadano que cada uno debemos asumir desde nuestra trinchera, dejar de autoexcluirnos y buscar responsables foráneos a nosotros mismos. Es hora de actuar y dejar de justificar nuestros infortunios.

Cada institución -la familia, la iglesia, las universidades y los gremios-, tiene su rol que debe cumplir

@Orestes Salerno

Un libre pensador