Nov 01, 2016 0 > El presidente de la nación es acusado de beneficiar a su primo a través de un decreto para ejecutar un plan de vialidad

La justicia argentina solicitó una investigación contra el presidente Mauricio Macri por la posible comisión de un delito a raíz de un decreto presidencial que benefició al primo del Mandatario, Ángelo Calcaterra, para realizar un proyecto vial, anunciaron a Sputnik fuentes judiciales.

"Se abrirá causa por un decreto de obra pública que beneficia a Calcaterra", adelantaron las fuentes.

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los mismos fiscales que investigan a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por la obra pública realizada durante su gestión en la provincia de Santa Cruz, fueron quienes pidieron la apertura de una nueva causa contra el actual gobierno tras la declaración indagatoria que efectuó la exmandataria.

Los fiscales observaron la posible comisión de un delito por parte del actual gobierno, que modificó las condiciones de la adjudicación que había realizado el anterior Ejecutivo para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.

Esta no es la primera vez que Mauricio Macri es acusado de corrupción. Este mismo año, la periodista argentina Gabriela Cerruti presentó una denuncia en Comodro Py por presunto enriquecimiento ilícito de Mauricio Macri durante el 2015.

La exlegisladora de Nuevo Encuentro aseguró que desde que Macri era candidato aumentó su patrimonio en más de un 50% al pasar de 55 millones de dólares a 110 millones. Sin embargo, movimientos políticos de izquierda han denunciado que las denuncias contra el presidente argentino se han engavetado.

A su vez, en reiteradas oportunidades ha salido a la luz pública que los grandes medios de Argentina silencian los casos de corrupción de Macri.

Prueba de ello han sido los casos que lo vinculan con los Papeles de Panamá que no han sido reflejados por medios de derecha.

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Rechazan recortes en presupuesto de DDHH

El equipo técnico de Abuelas de Plaza de Mayo expresó hoy su preocupación por el recorte del presupuesto en lo referido al tema de derechos humanos para el próximo año, señaló Prensa Latina.

La asociación civil difundió en su página en Internet un documento enviado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el que señala su descontento por la reducción de 196 millones de pesos (unos 12 millones 904 mil dólares) en este sector, y pide dar marcha atrás a lo que considera "un brutal ajuste".

El texto apunta que debe tenerse en cuenta el impacto de la inflación prevista como meta en el propio presupuesto sometido hoy a debate, e instan a la Comisión a que exija precisiones al Gobierno sobre el modo en que se va a afectar esa área.

"En particular, observamos con preocupación que la partida presupuestaria destinada para la custodia del Archivo Nacional de la Memoria se reduce en más de la mitad, es decir, en casi 35 millones de pesos (dos millones 304 mil dólares)", sostiene el comunicado.

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Jóvenes protestaron por aumento de tarifa del metro

Decenas de universitarios argentinos del Centro de Estudiantes de Psicología protagonizaron ayer una protesta con ruidos y silbidos contra el aumento del precio del metro.

El billete de metro en la ciudad de Buenos Aires pasó de costar 4, 5 pesos (0, 3 dólares) a 7, 5 (0, 5 dólares).

El Gobierno de la ciudad había dispuesto desde julio un incremento del 66, 6% en la tarifa en las seis líneas de subterráneo.

Pero una jueza de la capital argentina, Elena Liberatori, aceptó la medida cautelar que presentó un auditor de la ciudad "hasta tanto se corrijan las falencias del cálculo de la tarifa técnica en el marco de la protección constitucional de los usuarios", según su fallo.

El Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires apelaron entonces la resolución, que la semana pasada revirtió la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la capital argentina.

A la protesta se unió el repudio por la exclusión del boleto educativo. Con banderas y consignas, los estudiantes se concentraron bajo la avenida 9 de Julio, en la combinación de las líneas B, C y D, y realizaron un llamado "silbatazo" para denunciar que los universitarios fueron excluidos injustamente del tique estudiantil recientemente anunciado por el Gobierno de la ciudad, reseñó Prensa Latina.

La presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología, Carolina Maurente, apuntó que "la misma Cámara que autorizó el tarifazo en el subte, como se le conoce aquí al metro, es la que revocó el fallo que nos incluía a los universitarios en la tarifa social, dejando en evidencia su complicidad con los planes de ajuste del gobierno porteño".

CIUDAD CCS