Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra la nueva ley que restringe su jurisdicción universal e invitan así a la sociedad a desobedecer cualquier otra legislación.

Una insumisión así es un golpe de Estado, un tejerazo, la destrucción de la democracia.

Los magistrados se niegan a acatar esa ley que revoca, por ejemplo, la orden su orden de detener a un expresidente chino y a otros dirigentes del gigantesco país por un supuesto genocidio en el Tibet.

Con igual y ridícula pretensión deberían encausar a todos los políticos chinos, pero no sólo por el Tibet, sino por las decenas de millones de muertos producidos por el régimen comunista desde 1949.

Entre veinte millones y noventa millones, sumando todas las locuras de Mao durante el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

También deberían ordenar la detención de los hermanos Fidel y Raúl Castro, que los mismos jueces rechazan encausar, pese a estar acusados con pruebas de múltiples crímenes.

Estos aspirantes al estrellato de Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricación, son tropel.

Tras el éxito parcial del endiosado exmagistrado con la detención domicilia de Augusto Pinochet en Londres entre 1998 y 1999, esos herederos mediáticos, cabecita de alfiler en un mundo gigantesco, le imitan creyendo que con las leyes españolas pueden detener el planeta.

Presumen de justicieros universales buscando quimeras imposibles que sólo logran enemistar España con otros países, con la pérdida de mercados, trabajo y riqueza, como pasa con China.

Para justificarse alegan ahora que con la nueva ley deben liberar a narcotraficantes capturados en aguas internacionales. Innecesariamente, porque al estar vigilados podían haberlos detenido al entrar en aguas españolas o de los países de destino.

Si los mismos jueces desacatan leyes, la Generalidad Catalana, que se niega a aplicar las sentencias del Tribunal Supremo, se llena de razón ahora al insubordinarse contra ellas para atentar contra la democracia.

Golpistas. Sí, golpistas, como la treintena que apoya la secesión catalana, pese a haber jurado respetar la Constitución.

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SALAS