El jefe negociador del gobierno de Colombia con las FARC, Humberto de la Calle, tildó este martes de "error" que la Corte Constitucional pidiera opinión a esa guerrilla sobre una demanda relativa al blindaje del acuerdo de paz que las partes discuten en Cuba.

"Estamos seguros de que esta sociedad abrirá con generosidad las puertas de la democracia a las FARC una vez dejen las armas (...), pero no es conveniente que la participación de las FARC comience a ocurrir antes de dar ese paso, a riesgo de mezclar nuevamente política y armas", dijo De la Calle.

El jefe negociador aseguró así, durante un foro en la Universidad Externado de Colombia, que la decisión de la Corte Constitucional de pedir opinión a la guerrilla y "adelantar la presencia de las FARC en los órganos de decisión del Estado es realmente un error".

El lunes, el máximo tribunal en relación a la Carta Magna divulgó un documento en el que pedía a los delegados del gobierno y las FARC en Cuba, así como a expresidentes y representantes de la ONU, expresar su opinión sobre una demanda interpuesta por el exfiscal general Eduardo Montealegre que busca blindar los acuerdos de paz.

Según dijo Montealegre, el objeto de la demanda es que "las partes tengan la certeza de que, aún con un (futuro) presidente enemigo del proceso de paz, los acuerdos (que alcancen) serán obligatorios".

Sin embargo, De la Calle dijo este martes que por ahora "el sitio adecuado" para recibir las opiniones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), es solo la mesa de diálogos en Cuba.

"Creemos firmemente que, en el plano político y también en el plano de las competencias jurídicas, es el gobierno el que ha asumido y debe asumir la responsabilidad de las negociaciones (...) si logramos un acuerdo, entran en juego los contrapesos: la ciudadanía, el Congreso, la Corte Constitucional", aseguró.

"Estamos estudiando fórmulas y estamos dispuestos a impulsarlas en aras de brindar la mayor seguridad a los acuerdos y la mayor estabilidad jurídica", pero "es prematuro obligar a la rama judicial a pronunciarse sobre algo que tendrá efectos sobre un acuerdo futuro, que aún no existe", dijo el jefe negociador.

La decisión de la Corte de solicitar la opinión de las FARC ya había generado fuertes cuestionamientos de la oposición en Colombia. La guerrilla, por su parte, agradeció el gesto del tribunal.

En paralelo al proceso con las FARC, el gobierno de Colombia anunció a fines de marzo el próximo paso a una fase pública de conversaciones de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras dos años de conversaciones informales.

El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, ha dejado en más de medio siglo 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6, 8 millones de desplazados.