El capitán guatemalteco Byron Lima, preso por el asesinato de un obispo en 1998, y el director de presidios, Edgar Camargo, comparecieron este viernes ante un juez tras ser acusados de integrar una red criminal desde la cárcel, observó la AFP.

Lima y Camargo fueron llevados bajo estrictas medidas de seguridad al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de la capital, donde rindieron su primera declaración ante el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

El militar y Camargo, arrestado el miércoles bajo cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y conspiración para lavado de dinero, están recluidos en una base ubicada en el centro de la capital, modificacada para albergar a acusados de casos graves de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos.

El juez declaró en reserva el caso, mientras que Lima dijo a periodistas tener pruebas, como fotografías y videos, que involucran al ministro de Gobernación, Mauricio López, con la estructura criminal que lavaba dinero desde prisión.

"Yo no soy el imputado sino él, son mentiras todas esas acusaciones", afirmó a Emisoras Unidas el ministro, quien agregó que nunca se ha reunido con el reo y dijo que las acusaciones buscan desviar la atención por el "golpe duro" contra esa estructura que operaba desde la prisión.

Lima dice tener fotos de cientos de camisetas anaranjadas, con el logotipo del gobernante Partido Patriota (derecha), supuestamente hechas en una maquila que administra el reo en la cárcel, para las elecciones en que ganó el actual presidente, Otto Pérez.

A la audiencia también fue presentada la esposa de Lima, Alejandra Reyes -detenida el miércoles acusada de integrar la banda-, quien sufrió una crisis de nervios y fue trasladada a un centro asistencial.

Tras una investigación de más de un año, Camargo fue detenido y acusado de ser miembro de la poderosa red que liderada Lima, su excompañero de estudios militares, desnudando la infiltración del crimen organizado en el Estado guatemalteco.

La investigación, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ente de la ONU creado para desmantelar estructuras de crimen organizado en el Estado, determinó que el poder real en el Sistema Penitenciario estaba a cargo de Lima desde la cárcel Pavoncito, donde estaba recluido, en la periferia este de la capital.

Según la investigación, Lima cobraba hasta 100.000 dólares para ordenar el traslado de reos en distintas cárceles del país. Además, era el que autorizaba visitas conyugales y brindaba seguridad dentro del penal, con el aval de Camargo.

El capitán del Ejército fue condenado en 2001 a 20 años de prisión por el sonado caso del obispo guatemalteco Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998 tras denunciar las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1960-1996).