El gobierno socialista francés se impuso en el caso de la venta de la empresa estratégica Alstom y se mantuvo firme ante la huelga de los ferroviarios, su primer conflicto social de envergadura, una actitud que contrasta con sus vacilaciones pasadas.

En el caso de Alstom, emblema de la industria energética francesa, que fue objeto ya de un plan de salvaguarda en 2004, el presidente François Hollande intervino de manera personal, y muy rápidamente, para que Francia conservara el mando pese a la cesión a un grupo extranjero.

Hollande multiplicó las reuniones con los dirigentes de la firma estadounidense General Electric y alemana Siemens, candidatas a la compra, y con los principales ministros concernidos, a fin de unificar la posición francesa.

El gobierno decidió finalmente aprobar la adquisición por General Electric, pero garantizando el derecho de control del Estado sobre el porvenir de la empresa a través de la compra del 20% de las acciones que poseía el grupo Bouygues.

Una de las actividades de Alstom, la fabricación de turbinas, es considerada capital para la independencia francesa en materia de energía nuclear.

"Es importante que nuestros intereses humanos, sociales e industriales se preserven. Va en ello nuestra soberanía. Pedimos a General Electric que deje en Francia lo que nos permite mantener nuestra independencia energética", argumentó este lunes el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, al explicar la posición oficial francesa.

El gobierno se dotó de los medios de intervenir, al adoptar un decreto que obliga a los grupos extranjeros a obtener la autorización del ministro de Economía para tomar el control de empresas estratégicas francesas.

La actitud adoptada por el ejecutivo esta vez es más clara que la que tuvo en 2013 respecto a la firma Arcelor-Mittal, cuando se trató de limitar las consecuencias del cierre de los altos hornos de una cuenca siderúrgica histórica del este de Francia. En la época, las declaraciones contradictorias de ministros dieron una impresión de confusión.

- 'Imagen de firmeza' -

En el caso de Altsom, "las decisiones se tomaron al más alto nivel del Estado", declaró el presidente de la empresa, Patrick Kron, es decir, directamente por el jefe de Estado.

Cuando Hollande reemplazó en abril a Jean-Marc Ayrault por Manuel Valls en el cargo de primer ministro, cambió también su equipo en la presidencia, confiando la secretaría general de la misma a Jean-Pierre Jouyet, de reconocida competencia en materia de economía.

Las reacciones a la intervención del Estado fueron limitadas, tanto en el extranjero como en Francia. No hubo críticas ásperas por parte de Bruselas sobre la gestión proteccionista de París y la oposición de derecha no tomó posiciones contrarias al gobierno.

Le Monde, periódico francés de referencia, señaló este lunes que "cuando el Estado quiere, puede". Agregó, empero, que las decisiones francesas podrían "enfriar un poco más todavía a los inversionistas extranjeros, que preferirán evitar Francia y su Estado intervencionista".

Paralelamente, frente a su primer conflicto social de envergadura, la larga huelga de ferroviarios opuestos a un proyecto de reforma del sector, el gobierno se mostró inflexible.

La ley de reforma será adoptada sin duda el martes en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), con varias enmiendas dirigidas a calmar la inquietud de los ferroviarios, pero el gobierno no la retiró, como pedían los sindicatos que llamaron a la huelga.

En su actitud, el gobierno contó con el apoyo de la oposición de derecha.

"Convencido de la impopularidad del movimiento en la opinión pública, Manuel Valls maniobró con habilidad, aceptando concesiones periféricas para fisurar el frente sindical, pero mostrándose intransigente sobre lo esencial del proyecto", afirmó el diario económico Les Echos.