Los partidos favorables a la consulta soberanista en Cataluña acordaron este viernes mantener la convocatoria pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional, al tiempo que el Gobierno central anunciaba que recurrirá también la creación de una junta electoral catalana para el 9-N.

Reunidos durante más de tres horas con el presidente catalán, Artur Mas, los partidos proconsulta acordaron "mantener la convocatoria con la voluntad de que la ciudadanía pueda participar y ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre", anunció el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

Estaba previsto que el encuentro, convocado para forjar una posición unitaria, prosiguiera incluso durante el fin de la semana, precisó Homs.

Su comparecencia llegaba pocos minutos después de que el Gobierno anunciara su intención de llevar a la justicia el último paso hacia la consulta del Ejecutivo catalán: la creación de una comisión electoral desobedeciendo la sentencia del alto tribunal.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo denunció como un "incumplimiento de la ley" que llevarán ante los tribunales.

"No nos pueden robar a los 47 millones de españoles que decidamos el presente y el futuro de nuestra gran nación", dijo este viernes la líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho.

La cuestión deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta y cualquier acto preparatorio mientras decide su posición.

- Entrando en la ilegalidad -

Nacionalista moderado en sus inicios, Mas pareció acatar la decisión judicial a principios de semana, congelando la campaña institucional de este referéndum consultivo.

Esta medida levantó discrepancias en el bloque proconsulta, especialmente en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que reclamó reanudarla inmediatamente dado el poco margen de tiempo hasta el 9 de noviembre.

Antes de empezar la reunión con sus aliados, el Gobierno catalán respondía a estas críticas con la publicación oficial del decreto firmado por Mas para crear la comisión de control, un paso que podría arrastrar a España a la mayor crisis institucional de las últimas décadas.

"Ya se ha entrado en el terreno de la ilegalidad", considera Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, para quien esta firma constituye "un delito de sedición, quizá en un grado mínimo por las motivaciones políticas que se pueden entender como siendo atenuantes, pero sedición".

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, discrepa: "Esto es muy vidrioso y se puede interpretar en diferentes sentidos". "El derecho permite jugar con las palabras", advierte.

ERC y las influyentes asociaciones independentistas civiles, que el martes movilizaron a miles de personas en contra de la sentencia, pueden presionar para ir más allá. Sucumbir a estas presiones podría fracturar a la coalición de Mas, Convergència i Unió, donde algunos han abierto la puerta a retrasar la votación si no se puede hacer legalmente.

"Si pese a hacer todo lo posible por nuestra parte, no se pudiera, se deberá votar otro día", escribió Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió.

Hasta el momento, la posición del Gobierno catalán parece ser la de mantener los actos de preparación que no pongan en riesgo a los 4.834 funcionarios y 9.200 policías implicados en la organización.

Mientras, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, muy crítico con el proceso independentista, denunció en su cuenta de la red social Twitter que "el inmovilismo de Rajoy es gasolina para el independentismo".

A cambio, propone una reforma constitucional para convertir España en un Estado federal, que por ahora no convence ni al Gobierno central ni al catalán.