Desde el año 2003 podemos elegir libremente la compañía que nos suministra la energía. Pero no fue hasta el 2009 cuando el Gobierno terminó de definir la política tarifaria.

En teoría, la competencia es una realidad. Pero, ¿es esto suficiente cuando en nuestro país estamos hablando de pobreza energética? ¿Aprecia un trabajador medio el ahorro en su consumo? Hoy por hoy, no. El usuario no cuenta con un servicio de mayor calidad, y rara vez consigue ahorros significativos. Es más, paradójicamente, algunas tarifas libres pueden salir más caras que la tarifa oficial fijada por la Administración, precisamente establecida para impedir subidas de precio injustificadas.

Ahora, con la liberación, además, tenemos que distinguir entre distribuidora y comercializadora a la hora de contactar con ellos para cualquier consulta o incidencia.

La distribuidora se ocupa del transporte de la energía hasta el hogar del consumidor, de la reparación de averías y de leer el contador. La comercializadora es una especie de intermediario que arrenda la red de suministro a la distribuidora, el precio lo fija y lo revisa semestralmente la Administración, y después vende la energía al consumidor. Esta empresa tiene que ganar dinero, lógicamente, por lo que este método de liberación, y es algo de lógica pura, hace aguas. Puesto que es precisamente con la comercializadora con quien contratamos el suministro de gas o electricidad.

Entonces, las dos alternativas que se nos presentan, tarifa libre o tarifa oficial (TUR) no aportan un verdadero ahorro ni la capacidad exigida de abastecer a toda la población sin excepciones, puesto que esta tarifa básica que fija el Ministerio de Industria para garantizar el suministro energético a un precio razonable, en la práctica no consigue que las tarifas libres dejen de subir excesivamente.

Las tarifas libres que fijan las diferentes comercializadoras poseen cláusulas de revisión que las convierten a menudo en las tarifas más caras

¿Por qué sucede esto? Porque las tarifas libres que fijan las diferentes comercializadoras poseen cláusulas de revisión que las convierten a menudo en las tarifas más caras.

¿Y se molesta el gobierno en mediar en este asunto? Pues no, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y si queremos darnos de baja porque hemos encontrado otra tarifa más asequible, por ejemplo, hagámoslo con tiempo, porque encima es preciso solicitarlo con dos meses de antelación, de lo contrario renovarán un año más nuestro contrato de forma automática y, muy probablemente, con peores condiciones que las actuales. Porque los descuentos de las tarifas libres desaparecen generalmente pasados los seis primeros meses.

Así que por ahora, y ha pasado más de una década, no hemos disfrutado de las supuestas ventajas del proceso de liberación de la energía. Por otra parte el compromiso del Gobierno, y no importa el color, de acabar con el déficit tarifario de la electricidad hace prever fuertes subidas de precio. Por esto, el Congreso, debería exigir que se aborde de forma inmediata la revisión completa del sistema de fijación de precios de la energía mediante un pacto de derechos y obligaciones de consumidores y suministradores que marque unas reglas de juego limpias y transparentes.