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Las Fotos del Príncipe Harry y el Debate "Derecho a la Intimidad versus Derecho a la Información"

29/08/2012 02:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Las Fotos del Príncipe Harry y el Debate " Derecho a la Intimidad versus Derecho a la Información"

Por: Teresa M.G. Da Cunha Lopes

El caso reciente de la publicación de las fotos del Príncipe Enrique de Gales ‘Harry’ desnudo, tomadas sin su autorización al interior de una habitación en un hotel de Las Vegas y difundidas viralmente por las redes sociales y por las ediciones electrónicas de los medios de comunicación internacionales, colocó de nuevo el debate sobre el Derecho a la Intimidad versus el Derecho a la Información, en el centro de la actualidad .

En un primer momento, los diarios del Reino Unido, tanto impresos como electrónicos, acataron la solicitud del Palacio de St. James, a través de la Comisión de Quejas a la Prensa para respetar su privacidad y su Derecho a la Intimidad. Y no publicaron las imágenes del nieto de la Reina desnudo con una mujer no identificada mientras estaba de vacaciones en Las Vegas .

Sin embargo, 24 horas después, el viernes pasado, el periódico The Sun, perteneciente a la cadena de Rupert Murdoch, publicó dichas fotografías, bajo el titular ‘Heir is it!’, un juego de palabras entre ‘Este es el Heredero’ y ‘¡Aquí está!’, convirtiéndose en la primera publicación británica que desafía una solicitud de los abogados de la familia real.

La justificación de Rupert Murdoch (que está lejos de ser un paladino del derecho y que en realidad busca la venganza contra el establishment inglés que lo obligó a cerrar el News of the World después de la investigación parlamentar del escándalo de las escuchas ) y del The Sun se basa en el argumento de ‘la defensa del Derecho a la Información y del Derecho a la Libertad de Expresión’. Según declaraciones de David Dinsmore, editor gerente del The Sun, reproducidas en el diario El País, en su edición electrónica del 24 de Agosto de 2012: ‘ ‘Para nosotros es una cuestión de libertad de prensa’, y una respuesta ‘a la ridícula situación de que millones de personas puedan ver las fotografías en internet, pero no en el periódico favorito de 8 millones de británicos’.

Tal nos lleva, de una forma sucinta y rápida intentar determinar el alcance del Derecho a la Intimidad, del cual el Principe Harry, como cualquier otro individuo es titular frente el ‘Derecho a Informar’ y el ‘Derecho a la Libre Expresión’ de The Sun.

El Derecho a la Intimidad implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, un espacio sustraído a intromisiones extrañas, necesario para mantener una mínima calidad de vida. Para trazar los límites de la Intimidad es imprescindible atender a los usos sociales y, más aun, a los propios actos, a las pautas de comportamiento escogidas por cada persona para sí y en el seno de la familia.

En mayor o menor grado, todas las personas -incluidas las de notoriedad pública, como es el caso de Harry - tienen una esfera de Intimidad, que el Estado, la Iniciativa privada, la Comunicación Social y el Otro, no pueden traspasar impunemente.

En el ámbito de la Intimidad, se han situado diversos aspectos de los cuales resaltamos los tres siguientes:

a) sexualidad,

b) elementos referentes la salud de las personas y a su patrimonio genético o

c)otros hechos -sean ciertos o no- relativos a su vida privada o íntima ( secreto profesional, inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, sanción del abuso en el manejo de datos, información relativa a las personas por parte de quien las posee, uso ilegal de la informática y otras)

d) datos sensibles ambientales.

Sin embargo, si por un lado, las TIC’s (Tecnologías de la Información y del Conocimiento) han reducido las dimensiones del mundo actual a una ‘aldea global’, intercomunicada a través de las denominadas autopistas de la información, por otro lado han alterado las delimitaciones de la Intimidad.

Ésta se ha convertido en un valor de mercado y la frase -ya clásica- ‘la información es poder’ ha dejado de ser un mero eslogan para pasar a ser una realidad incuestionable.

Es evidente que toda revolución tecnológica lleva consigo una reorganización económica, política y social. Las posibilidades de almacenamiento, tratamiento y control de la información que ofrecen el uso masivo de las TIC’s en todas las esferas de nuestro cotidiano las convierten con frecuencia en un instrumento de presión y control social que amenaza la libertad del individuo.

Este peligro se hizo más evidente en el sector público, donde se concentra gran cantidad de información desde los años ochenta del siglo pasado y, se agudiza en el sector privado y en las redes sociales, en el siglo XXI, por la imposibilidad de control y por la viralidad de la difusión de la información.

Deviene, así, imprescindible regular internacionalmente el uso de las TIC’s para evitar el peligro de la contaminación de las libertades (liberties pollution), que es el contrapunto negativo que amenaza con invalidar los logros del proceso tecnológico.

Paradojícamente, la libertad en la red no es sinónimo de una total anarquía y de ausencia de regulación normativa. El ejercicio de la libertad en la red, pasa por el ejercicio efectivo de nuestros derechos fundamentales a la Intimidad, a la Privacidad y a la Protección de Datos. Pasa por el ejercicio por el individuo de la ‘libertad informática’ o, de la ‘autodeterminación informática’, término que sugiere una aproximación más concreta a la idea que aquí plasmamos.

El ciberespacio, la Telepolis, no es ese espacio de libertad que nos pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico, la phusis, los distintos autores intentan imponer sus intereses e ideologías, pero su confrontación no se realiza en los términos ideales del ‘libre mercado de ideas’.

Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente por la mediación de unas empresas, cuya objetivo es maximizar sus beneficios. O sea, bajo el discurso de Murdoch y del editorial de The Sun, lo que se observa es el interés particular, no el interés superior del Estado, de la Sociedad o la defensa del derecho fundamental a la libre expresión.

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En consecuencia, debemos colocar el enfásis en el análisis del objetivo primordial del derecho a la ‘ libertad informática’ o ‘autodeterminación informática’ que consiste en otorgar al ciudadano un haz de facultades que le permita decidir de los datos personales que puedan ser conocidos por otras personas y el uso que va hacerse de ellos. La creación de organismos independientes específicamente dedicados a estos fines, la obligación de inscribir en un registro público todos los ficheros que contengan datos personales o la necesidad de recabar el consentimiento del titular de los derechos, constituyen algunos de los pilares fundamentales de este derecho.

Pero no son los únicos pilares y no son funcionales y operativos en el contexto de la red multifuncional y de la TelePolis En este contexto particular, tendremos que introducir el concepto de ‘Derecho al Olvido’ y desarrollar los mecanismos que permitan su ejercicio por los individuos.

Cabe preguntar, entonces¿Cual es el ámbito y alcance del ‘derecho al olvido’? Es evidente, que la capacidad para acumular información de los buscadores que operan en la red de Internet (Google, Yahoo!, Firefox) puede llegar a ser muy agresiva con los derechos de la persona. Pero a la vez la red es una extraordinaria plataforma de información y expresión (los blogs y redes sociales como Facebook, MySpace, Google +) por la que circulan millones de datos de acceso universal, que objetivamente amplían el espectro informativo.

Sin embargo, la acumulación de valoraciones y noticias que el motor de un buscador o la plataforma social genera a través de millones de páginas web esparcidas en la red digital puede llegar a resultar, según los casos, una hipoteca para el honor o la intimidad.

Hay datos que son de interés público, pero otros pueden ser ya irrelevantes y causar daños a las personas. Es evidente que una información de hace años contenida en la prensa escrita no puede ser excluida de las hemerotecas, pero también lo es que el acceso a su contenido es más difícil que el que ofrece la red digital.

Ahora bien, en el ecosistema del ‘Individuo en Red’, ¿se puede borrar el pasado que aparece en la red?; ¿es lícito reclamar el derecho al olvido cuando algo molesta?

La casuística es muy variada, pero parece razonable afirmar que -por ejemplo- no tienen la misma entidad informativa el caso de aquella persona que reclama que no sean tratados sus datos personales relativos a una infracción administrativa de tráfico o de impuestos, que aquel otro en el que la infracción de tráfico sea delito; o el que protagonice un periodista por un delito de injurias y después sea indultado por el Gobierno.

La pretensión de borrar de la red estos datos es razonable en el primer caso, pero en absoluto lo es en los otros dos. La justificación jurídica se fundamenta en la veracidad y el interés público de la información que aparece en la red. Porque lo que fue de interés público en un momento determinado -la comisión de un delito- no puede desaparecer de la historia. De lo contrario estaríamos ante una falsedad.

Resultaría paradójico que una información de interés público y obtenida con escrupuloso respeto al canon de la diligencia profesional se pueda consultar en la hemeroteca de la edición escrita de un diario y, por el contrario, haya de desaparecer de la edición digital.

Claro que no hay que obviar que también el cúmulo de datos obtenidos sobre una persona a través de los buscadores supone un riesgo para su reputación e intimidad, al proporcionar una información a la que se accede carente del más mínimo interés general. Y que en el criterio de algunos buscadores de Internet prima más la morbosidad informativa que no otros factores más objetivos. Los instrumentos de defensa jurídica de la persona ante unos datos de su pasado que carecen de interés público pero que le pueden afectar en su trayectoria personal y profesional (por ejemplo, para acceder a un puesto de trabajo) se encuentran sobre todo en la acción de las agencias de protección de datos, como autoridades administrativas reguladoras de la llamada autodeterminación informativa ante el uso abusivo de la informática.

Y, si cabe, finalmente, a través de los tribunales. Aunque esta última -y no es ninguna novedad- sea una vía lenta. A fin de proteger los derechos de la persona, la experiencia que cabe extraer en las diversas jurisdicciones europeas (véase el caso de España y de Francia, y el reciente proceso en Suiza contra Google Earth) de las resoluciones de estas autoridades reguladoras pone de relieve la importancia que tiene el cumplimiento de algunos criterios adicionales a los ya apuntados de la veracidad y el interés público del dato.

Por ejemplo, la necesidad de que los medios de comunicación ponderen la relevancia de publicar la identidad de las personas implicadas en una noticia, instando en su caso a difundir únicamente las iniciales. En especial, cuando una sentencia no es firme.

Asimismo, la sugerencia de que las administraciones de las webs (webmaster) se doten de las adecuadas medidas informáticas que permitan evitar la indexación de la noticia.

Se trata de los robots.txt, unos archivos con capacidad técnica para ocultar determinadas páginas de una web a fin de impedir el acceso de los principales buscadores. Ello, sin perjuicio de las soluciones privadas que aportan incipientes iniciativas empresariales que ofrecen al cliente la protección online del historial de una persona, facilitando el borrado de lo que no le interese.

Pero en la sociedad de la información no es fácil escapar al pasado aunque sea perfectamente legítimo pretenderlo.

Por otra parte, la cultura de preservar lo pretérito es diversa, según las diferentes tradiciones culturales. La red es un campo abierto que no conoce fronteras estatales pero que está sometida a límites. Obviamente, Internet no puede quedar al margen de una cierta regulación. Por ello se hace preciso el establecimiento de un marco jurídico o estándar común que permita asegurar la intimidad y la reputación de las personas, pero asumiendo que el derecho al olvido no es absoluto y que lo que en su momento fue una información veraz y de interés público no puede hacerse desaparecer de la red.

Sin embargo, tal no significa que la red es neutral.

Otro peligro evidenciado por el "Caso Harry" y por el "secuestro" de la función de defensor de la libertad de información asumida por Murdoch es terminar con la llamada neutralidad de la red.

Por un lado, las redes sociales y de modo destacado Facebook pretenden convertirse en portales universales, que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción con sus ‘amigos’. Por otro, las compañías de telecomunicación quieren privilegiar la circulación de determinados contenidos, un propósito en el que pueden coincidir con las grandes conglomerados multimedia, interesados en reproducir el viejo modelo de distribución unilateral de contenidos audiovisuales y frente a los cuales el individuo, dificilmente podrá ejercer su derecho de oposición, de rectificación y de olvido.

El "Individuo en la Red" se transforma así en "Hombre de Cristal", sin derechos y sin libertades. Defendamos el derecho de Harry a su Intimidad. Al hacerlo, estamos defendiendo nuestro derecho a la intimidad.


Sobre esta noticia

Autor:
Teresa Da Cunha Lopes (281 noticias)
Fuente:
occidenteperdido.blogspot.com
Visitas:
4378
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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