Por estos días en Venezuela, uno de los debates que se han venido dando y que muy probablemente habrán de continuar por mucho tiempo, tiene que ver con el ingreso familiar, especialmente de la clase trabajadora o dependiente, laboralmente hablando, y ello a razón de la crisis económica por la que atravesamos los venezolanos.

De ahí que, la pregunta a despejar, más allá de la suficiencia del ingreso para el mantenimiento digno del grupo familiar y que al menos debe cubrir la canasta básica o mínimo alimentario de los trabajadores, asunto contenido en la legislación nacional, tiene que ver en la fijación del salario a razón del grupo de cargos de manera técnica y científica, procurando mantener criterios de equidad interna y competitividad externa.

La equidad interna, se refiere a la justeza con la que es remunerada cada labor a lo interno de las instituciones a la luz de los aportes que realiza según su importancia, lo cual pasa, entre otros asuntos, por el tamiz de la misión organizacional, es decir; propósito o razón de ser de una institución, siendo lo concerniente a la competitividad externa, una estrategia conforme a la cual la organización procura retener a sus mejores talentos, para lo cual procura conocer el valor de mercado de cada labor, no solo a nivel nacional, sino inclusive en un horizonte internacional, como el caso de la industria petrolera.

A los efectos de establecer el justo valor a lo interno de la organización, se recurren a diversos factores de valoración que exige el cargo a la persona para su cabal desempeño, incluida la formación profesional, la experiencia previa, los conocimientos requeridos y otros más, en tanto que la tasación externa va a razón de la ponderación que en el mercado laboral se otorga a cargos claves, asunto atado a la misión institucional y sus competidores, como antes fue referido.

Cuando la organización bajo estudio se trata del estado, justo es repensar cuáles son sus funciones básicas -misión- o prioridades de la sociedad que dirige. Al respecto el Artículo 3 constitucional (CRBV-1999) da claras luces al respecto cuando señala que:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Del articulo transcrito, son varios los aspectos neurales que se desprenden, el primero de ellos referido a la dignidad de las personas, quienes tienen sus fines propios y que le corresponde cumplirlos, la construcción de una sociedad justa, lo que pasa por darle a cada quien lo que cada quien merece según sus esfuerzos o aportes, y la prosperidad y el bienestar que debe concretarse a través de los principios, derechos y deberes, siendo los vértices esenciales para tales fines, como señala el mismo apartado, la educación y el trabajo.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales

De lo considerado, justo sería demarcar de manera meridiana que las culminaciones enmarcadas en el artículo bajo consideración, la obligación principal a la que se debe ceñir el gobierno nacional, de manera que, en la valoración de las funciones públicas, correspondería ser tenida la educación como uno de los pilares fundamentales y no desdeñadas  como ahora se pretende de su actuar, lo mismo que ocurre con los trabajadores de la salud y otros compromisos públicos, otorgando un desproporcionada recompensa o sobre valoración al componente castrense, con lo cual se quiebra el principio de una sociedad justa.

De lo anterior, toca concluir la inversión de la escala o prioridades a la luz de los fines esenciales del estado, pero: ¿Cuáles serán las razones por las que se patentan tales prioridades?

En primera, podría inferirse el desconocimiento técnico-científico para la mejor administración salarial, o la negación, y hasta el desprecio, de tales procederes, el segundo, sería la prioridad que el ejecutivo otorga a razón de sus intereses, lo cual es así, cuando de manera desproporcionada tasa la labor militar, muy por encima de otras, a pesar del encargo legal que le corresponde cumplir al ejecutivo nacional.

Ahora bien: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tales maniobras administrativas y gerenciales? En primera, un desestimulo no solo al ejercicio de la docencia o medicina, sino que incluye a la formación de manera general que termina siendo despreciada por quienes gerencian la cosa pública, lo que se patenta en el abandono de los centros de estudios, especialmente los universitarios que no ven en la educación la posibilidad de lograr el ascenso y la movilidad social, y por la otra, impulsar la migración hacia otros destinos donde tales formaciones son realmente valoradas, asunto que se ha vuelto la cotidianidad de estos días.

Lo que habría que esperar en materia salarial, no es otra cosa que la justicia social, que a cada trabajador, según corresponda por el esfuerzo realizado, le permita el mantenerse a él y a su grupo familiar para así cubrir las necesidades materiales y espirituales, asunto considerado en la norma laboral venezolana, que dispone en su Artículo 100 (LOTTT-2012), los elementos para la fijación del salario, lo que incluye:  "[…] 2.- La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. 3.- La cantidad y calidad del servicio prestado. […] 5.- La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de aquellos y aquellas que presten el mismo servicio".

Amén de lo anterior, sin duda que la hiperinflación que atravesamos y que parece se quedará un largo rato entre nosotros, sino se cambia la manera de proceder, habrá de mantener la conflictividad laboral en torno al salario y el ingreso familiar, por lo que, además de realizar la justa recompensa a la luz de cada labor y su contribución a los fines esenciales que la sociedad realiza, es necesario tener en cuenta el cambio del rumbo económico, lo que incluye, a decir de especialistas y hasta políticos afines al régimen, el desmontaje de los controles, el de precios y de cambio, imponer disciplina fiscal y monetaria, el refinanciamiento de la deuda externa y otras más, además de dejar la improvisación y abatir la corrupción.

Si lo anterior no se asume en el corto y mediano plazo, la desprofesionalización de la labor publica, incluida la industria petrolera, la educación universitaria, los servicios de salud y muchos más, cada vez será mayor y peor la situación.

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona

El valor del salario no esta en su cuantía, sino en su capacidad para la satisfacción de necesidades.