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Experiencia Republicana En EspaÑa

13/08/2014 05:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image La República fue siempre muy nefasta para España y ha causado invariablemente numerosos problemas, todos ellos muy graves. La conflictividad originada por el régimen republicano ha sido siempre excesiva, excesivamente trágica y hasta traumática. Los que vivieron de cerca los deplorables acontecimientos que surgieron durante la vigencia de ambas Repúblicas, quedaron definitivamente vacunados contra el republicanismo.

La I República Española inició su andadura en febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo I, y fue muy efímera, ya que no duró nada más que hasta el 3 de enero de 1874. El nuevo régimen se caracterizó precisamente por su desbarajuste continuado y su inestabilidad política. Sus cinco fugaces presidentes intentaron infructuosamente reconducir los destinos de la nueva República. Pero la falta de una base republicana suficientemente amplia y consolidada, la obcecación y la falta de escrúpulos de los responsables políticos republicanos, aceleraron la desaparición de la joven República.

Al instaurarse la República, fue elegido presidente Estanislao Figueras. Pero, como consecuencia la crisis económica que aquejaba a España, la proclamación indebida del Estat Català y la división interna de su propio partido, fue apartado del cargo a los cuatro meses escasos de su nombramiento. Le sustituyó en la magistratura más alta del Estado Francisco Pi y Margal. El nuevo presidente de la República era un federalista convencido y convirtió a España en una República Federal. Esta decisión sirvió de estímulo al cantonalismo, que ya había hecho estragos en varias regiones españolas, sobre todo en Valencia, Murcia y Andalucía, y se desató seguidamente la fiebre disgregadora. Además de Cataluña, se declararon Repúblicas independientes varias provincias e incluso algunas ciudades. Es el caso de Valencia, Castellón, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Cartagena, Jumilla y Camuñas.

Con el federalista Pi y Margal al frente de la República, España entró en un proceso acelerado de desintegración nacional. Como consecuencia del desmadre institucional originado, se vivieron hechos sumamente insólitos y llamativos. La república de Granada, por ejemplo, declaró la guerra a la de Jaén, y la de Jumilla se envalentonó y amenazó a la de Murcia y a las demás "naciones" vecinas. Los cantonalistas de Cartagena fueron mucho más atrevidos y no se contentaron con declarar la independencia. Aprovechando el caos político del momento, tomaron el Ayuntamiento y, una vez dueños de la ciudad, se apoderaron del arsenal y del puerto donde estaba amarrada casi toda la flota de guerra española, que utilizaron posteriormente para bombardear la ciudad de Alicante.

La evolución caótica de los sucesos, que llevó a España al borde mismo de la desintegración, además de provocar la dimisión del presidente Francisco Pi y Margal, contribuyó, cómo no, al derrumbe definitivo de la I República. Y como era de esperar, sirvió también para que aumentara considerablemente el número de conversos a posiciones más conservadoras.

Y si la I República fue manifiestamente nefasta para los intereses y la unidad de España, la II República no se quedó atrás y acabó como el rosario de la aurora. La II República fue un fracaso manifiesto. Para empezar, nació con un déficit notable de legitimación, ya que fue proclamada unilateralmente en el año 1931 por los republicanos, sirviéndose de unas elecciones municipales, que además perdieron. Y asumieron el cambio de régimen sin preocuparse por integrar y sumar apoyos y con un ánimo claro de desquite contra quienes pensaban de manera diferente. En vez de concordia, el texto constitucional republicano de 1931 rezuma revancha, adoctrinamiento y sectarismo en todos sus artículos.

En el Gobierno provisional de la República, formado precipitadamente el mismo 14 de abril de 1931, había dos posturas muy diferentes en relación con la confesionalidad del Estado. Ambas posturas compartían unánimemente el deseo de secularizar al Estado y poner fin a la tradicional colaboración con la Iglesia. Discrepaban, sin embargo, en la forma y en el alcance de esa secularización. Una de las posturas, francamente minoritaria, liderada por Niceto Alcalá-Zamora y por Miguel Maura, auspiciaba la secularización del Estado, pero no de la sociedad. Se conformaba con revocar los distintos privilegios de la Iglesia, acumulados a lo largo de los años, pero garantizando plenamente la libertad de culto.

Pero terminó imponiéndose la otra postura, defendida por el PSOE y por los demás republicanos de izquierda, que era radicalmente anticlerical y partidaria de secularizar también a la sociedad. Y sentenciaba sin complejos que la Iglesia era culpable, faltaría más, de todos los males que aquejaban al pueblo, incluidos el paro, y el atraso económico. Era además un pesado lastre, un estorbo insalvable para el progreso y para la modernización de España. En consecuencia, adoptaron unas medidas extremadamente contundentes y desproporcionadas contra la Iglesia para someterla y acabar de una vez con su poder social.

Los socialistas y las huestes de Álvaro de Albornoz y de Marcelino Domingo que, juntamente con los anarquistas, integraban esta intransigente postura, ya no se contentaban con cerrar los colegios de las órdenes religiosas e implantar la famosa "escuela única" en contra de toda racionalidad. Buscaban también, de manera insistente, su disolución definitiva y nacionalizar todos sus bienes. Y para conseguir sus propósitos, los responsables del nuevo régimen, se olvidaron de las más elementales fórmulas de integración y de convivencia, se radicalizaron aún más y comenzaron a aplicar indiscriminadamente una política mucho más drástica y revolucionaria.

El sectarismo ideológico de esa izquierda revanchista llegó tan lejos, que trataron de sepultar definitivamente la España tradicional y milenaria, para implantar otra culturalmente muy distinta y antagónica, donde no había sitio para el centro político y, menos aún para la derecha conservadora de siempre. A los partidos republicanos de izquierda les sobraba arrogancia e insolencia y, en consecuencia, se dejaron llevar por el matonismo ideológico, por la violencia y, cómo no, por la arbitrariedad irracional más absurda e irresponsable.

El cambio de régimen del 14 de abril de 1931 se realizó realmente, como suele decirse, con nocturnidad y alevosía. Los republicanos de izquierda, y los republicanos inducidos por su enfado ocasional con la monarquía, dieron ese arriesgado paso por su cuenta y a destiempo, sin acuerdo previo y sin consenso alguno con las demás fuerzas políticas. Esta manera de proceder, tan torpe como malvada, tenía que terminar inevitablemente en el fracaso más absoluto, como así sucedió. Esa falta de entendimiento entre la izquierda y la derecha terminó en una cruel Guerra Civil, con la que pretendían zanjar sus diferencias ideológicas y políticas y que, por supuesto acabó de manera traumática con la II República.

La Guerra Civil, claro está, abrió muchas heridas y muy profundas que tardaron casi cuarenta años en cicatrizar. La Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 que dio origen a la transición democrática, obró el milagro y cerró todas esas heridas. Aunque parecía imposible, la derecha y la izquierda aparcan, temporalmente al menos, sus eternas diferencias, y ponen fin a sus habituales enfrentamientos.

Pero llegó José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, dispuesto a enterrar el pacto de la transición, dando al traste con aquella voluntad de entendimiento que cristalizó en la Constitución de 1978. Quiso borrar de un plumazo los acuerdos básicos de la transición democrática y construir un nuevo régimen, basado directamente en la legalidad de la II República. Para conseguir su propósito, necesitaba romper nuevamente la convivencia pacífica, enfrentando a unos españoles contra otros, impedir que el Partido Popular volviera a ser alternativa de Gobierno y, por supuesto, arrinconar a la Iglesia en las sacristías.

Y a eso dedicó Rodríguez Zapatero sus pocas luces y todos sus esfuerzos, desde el principio de sus legislaturas hasta el final, a dividir expresamente a la sociedad española y a reabrir viejas heridas, que ya estaban cerradas y hasta olvidadas. Lleno de prejuicios ideológicos, Zapatero era incapaz de aceptar la realidad histórica heredada de aquella transición. Para el entonces secretario general del PSOE, la democracia que disfrutamos no es legítima, ya que procede básicamente de un franquismo reformista. Buscará, por consiguiente, la ruptura que no se produjo a la muerte de Franco e iniciar así una segunda transición entroncada directamente con la II República.

La Memoria Histórica sirvió de revulsivo para buena parte de la izquierda española, sobre todo para la izquierda eminentemente revolucionaria, y la que no ha sido capaz de olvidar el antiguo discurso de clases. A partir de entonces, la bandera tricolor de la II República, que había desaparecido prácticamente del mapa español, comienza a ondear profusamente, en todas y cada una de las manifestaciones organizadas por los partidos de izquierda y por los sindicatos de clase. La Ley de Memoria Histórica alteró profundamente el ambiente político, lo que llevó a ciertos sectores de la izquierda a urgir la restauración inmediata del régimen republicano.

Con la abdicación del Rey Juan Carlos I, aumentó desmesuradamente la euforia republicana entre los partidos de izquierda. Para toda la izquierda revolucionaria, y para la izquierda que sigue practicando el discurso de clases, el régimen republicano ha dejado de ser una simple aspiración coyuntural, para convertirse en una alternativa real de modelo de Estado que debe sustituir urgentemente al sistema monárquico actual que, según ellos, es totalmente ilegítimo por su origen.

El principal defensor de este movimiento republicano es el partido comunista, camuflado, claro está, tras las siglas de IU. No olvidemos que el comunismo acostumbra a esconder su ideología y hasta sus siglas, para disimular su fracaso y su desprestigio histórico. Para el comunista Cayo Lara, faltaría más, la República es "una sociedad más libre, democrática y culta" que cualquier otra forma de Gobierno. Un Estado no puede ser plenamente democrático si su máximo representante no es elegido directamente por el conjunto de los ciudadanos.

Por eso el coordinador general de IU, arropado por todos los miembros de esta coalición, busca afanosamente la estrecha colaboración de las demás fuerzas de izquierda, incluidas las más reaccionarias y radicales, para forzar la llegada de la III República y garantizar así la igualdad de todos los hombres y las mujeres de España. Con la República, según dicen, estarían a salvo los derechos sociales de los españoles. De ese modo, la orientación de las leyes dependería exclusivamente del pueblo, en vez de responder a los intereses particulares de los mercados y de los distintos especuladores financieros.

La coincidencia casual de la renuncia del Rey con el proceso electoral al Parlamento europeo, llevó al renacido Frente Popular a invadir la calle para exigir el cambio inmediato de modelo de Estado. En el espacio de tiempo que va del anuncio de la inminente abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey, estos mercachifles de la película organizaron un sinfín de manifestaciones, todas ellas muy ruidosas pero muy poco concurridas. Pedían insistentemente la celebración inmediata de un referéndum que abriera las puertas de par en par a la III República.

Esta caterva de demócratas de pacotilla y baratija quiere que los pueblos de España decidan qué tipo de régimen quieren, Monarquía o República, teniendo en cuenta, eso sí, que la Monarquía fue impuesta por Franco y está, por consiguiente, anclada en un pasado demasiado sospechoso y un tanto nefasto y siniestro. Y justifican su falaz propuesta argumentando que, hoy día, los españoles no somos "súbditos sino ciudadanos". Esto significa, que ha llegado ya "la hora de que la gente tenga la palabra" y decida por sí misma.

Los valedores de la III República española están cometiendo lamentablemente los mismos errores que los patrocinadores de la República de 1931. Compartimos prácticamente los mismos problemas que los españoles de entonces: paro excesivo, mucha pobreza, un retraso económico considerable y los desafíos reaccionarios de los soberanistas. Y además, toda esa ralea de marxistas, estalinistas, leninistas o bolivarianos, que claman por la república, cometen el mismo error que los republicanos de 1931: quieren una República a la carta, extremadamente ideologizada, donde no haya sitio para el Partido Popular y, mucho menos, para los católicos.

De este modo, como ya pasó en 1931, la República iniciaría su andadura agraviando innecesariamente a una parte muy importante de la ciudadanía española. No se puede buscar consenso reavivando pasados fantasmas y manteniendo vivo el viejo enfrentamiento entre rojos y azules. La revancha y la venganza contra quienes piensan de manera diferente no sirven nada más que para restar apoyos. Y así, de llevarse a cabo ese hipotético establecimiento de la III República, fracasaría inevitablemente, como fracasaron las dos anteriores.

Barrillos de Las Arrimadas, 17 de julio de 2014

José Luis Valladares Fernández


Sobre esta noticia

Autor:
Valla (105 noticias)
Fuente:
joseluisvalladares.blogspot.com
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Tipo:
Reportaje
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