El abogado Maikel Moreno, un expolicía y exfuncionario del Gobierno que purgó una condena por homicidio, fue designado el viernes presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, considerado la trinchera jurídica del mandatario Nicolás Maduro.

Moreno, exagente de inteligencia de 50 años, fue elegido por sus compañeros para estar al frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en reemplazo de Gladys Gutiérrez, decisión que, según los analistas, anticipa una ofensiva legal del Gobierno contra opositores.

"Este TSJ va a continuar con la labor de la magistrada Gladys Gutiérrez, uniendo a todos los poderes para el ataque a la corrupción y la impunidad", prometió el magistrado tras su nombramiento.

En el último año, la corte dictó medio centenar de sentencias que redujeron las facultades del Parlamento, controlado por la oposición, que acusa al tribunal de servir al chavismo.

Una de esas decisiones declaró en desacato a la Asamblea legislativa y anuló todas sus decisiones, alegando que la cámara se niega a desvincular a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.

Doctor en Derecho Constitucional, Moreno está signado por la controversia. En 1989, fue hallado culpable de asesinato mientras cumplía labores como policía en la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

Fue destituido y encarcelado, pero en 1990 obtuvo un beneficio procesal. Tres meses después ingresó al Poder Judicial como secretario de un juzgado en Caracas. Cuando Maduro era ministro de Exteriores, lo designó consejero en Italia (2007-2008) y ministro consejero en Trinidad y Tobago (2008-2010).

También fue defensor de Richard Peñalver, quien aparecía en un video disparando en medio de una marcha opositora en Puente Llaguno (centro de Caracas), el 11 de abril de 2002. Ese día, un golpe de Estado sacó brevemente del poder al fallecido exmandatario Hugo Chávez (1999-2013).

Moreno se desempeñaba hasta este viernes como primer vicepresidente del TSJ y titular de la Sala de Casación Penal.

- Diputados en la mira -

Juristas consultados por la AFP estiman que su designación -y el hecho de que provenga de la sala penal- hace prever no solo que el Parlamento seguirá siendo "anulado", sino que sus integrantes podrían enfrentar procesos que llevarían a su destitución y encarcelamiento.

Con Moreno "el énfasis va a a estar puesto en la solicitud de antejuicio de mérito" contra diputados opositores, dijo la expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, refiriéndose a un procedimiento para enjuiciar a parlamentarios.

"El gobierno está preparando una ofensiva contra algunos diputados de la Asamblea por la vía penal para inhabilitarlos, juzgarlos y encarcelarlos", advirtió por su parte Raúl Arrieta, quien representó a Venezuela ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Bajo la dirección de Moreno, la Sala de Casación Penal ratificó el pasado 16 de febrero la condena contra el opositor Leopoldo López, quien cumple sentencia de 13 años y nueve meses de cárcel por cargos de "incitación a la violencia" en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

Para Sosa, la designación de Moreno "es un premio" por la sentencia contra López, el más emblemático de más de un centenar de "presos políticos" que denuncia la oposición.

A juicio de la especialista, los antecedentes penales del magistrado le inhabilitan, pues la Constitución establece que para integrar el TSJ se debe ser ciudadano "de reconocida honorabilidad". Sostiene que tampoco cuenta con los requisitos académicos ni la trayectoria profesional necesaria.