Ecuador pidió este lunes a Estados Unidos la entrega "urgente" de un coronel de la Policía condenado por un caso de violación de derechos humanos que dejó ocho personas asesinadas en 2003.

El oficial Eduardo González, sobre quien pesa una circular roja de la Interpol desde 2013, lo que autoriza su ubicación y detención, fue sentenciado el jueves a 16 años de prisión junto con otros cuatro policías por la ejecución extrajudicial de ocho personas.

"El ciudadano González se encuentra en Estados Unidos, así que nosotros queremos solicitar y requerir de las autoridades de dicho país que se proceda de manera urgente, de manera oportuna a la captura del mismo, ya sea un proceso de extradición o deportación", dijo el ministro del Interior, José Serrano, en una conferencia de prensa.

González, quien al momento del operativo por el que fue juzgado se desempeñaba como mayor de la policía, aparece como el principal responsable de una intervención policial en noviembre de 2003 en una farmacia que era supuestamente asaltada en la ciudad de Guayaquil (suroeste).

En esa acción murieron ocho personas (seis presuntos delincuentes, el mensajero de la farmacia y un cliente) y desaparecieron otras cuatro, cuya situación todavía está siendo investigada. La justicia determinó que los uniformados ejecutaron a las víctimas en el piso tras haberse rendido, en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos juzgados en Ecuador.

De los cinco policías condenados, cuatro están en prisión y el quinto, González, huyó a Estados Unidos, donde también se encuentran prófugos dos banqueros acusados de malversación de fondos públicos y el derrocado expresidente Jamil Mahuad (1998-200), condenado por peculado.

Serrano reconoció que las autoridades desconocen si el oficial -que será desvinculado formalmente de la policía- cuenta con la nacionalidad o residencia en Estados Unidos.

Sin embargo, "aspiramos que en el caso del ciudadano González no suceda lo mismo que ha sucedido con el caso de los señores Isaías o del señor Mahuad (...) Aspiramos a que esta difusión roja sí sea asumida como un proceso de cooperación con la justicia", agregó el ministro.

Washington y Quito no cuentan con un tratado de extradición, pero aun así las autoridades de Ecuador han pedido infructuosamente la ayuda de Estados Unidos para la entrega de ciudadanos prófugos.