Uno de los miembros de la recién creada junta electoral de la consulta sobre la independencia de Cataluña renunció a su cargo al entender que la votación, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, no ofrece garantías democráticas.

"No puedo avalar una consulta que, a mi parecer, no ofrece garantías democráticas", anunció el domingo en su cuenta de la red social Twitter el catedrático de ciencia política Joaquim Brugué, uno de los siete miembros nombrados para la comisión de control encargada de supervisar la votación prevista para el 9 de noviembre.

"Me parece que nos estaríamos haciendo más daño que beneficio si realizáramos la consulta en estas condiciones", explicó este lunes el catedrático en una entrevista a la radio catalana Rac1.

El nombramiento y creación de esta comisión, con las funciones propias de una junta electoral, sembró polémica en al producirse una vez que el Tribunal Constitucional había suspendido cautelarmente la ley de consultas y el decreto de convocatoria, aceptando un recurso del Gobierno central.

Hasta que los magistrados no se pronuncien definitivamente sobre el fondo de la cuestión, la sentencia también prohíbe todo acto de preparación para el 9 de noviembre.

Aun así, el presidente catalán, Artur Mas, firmó el pasado jueves el decreto de creación de esta comisión, que entró en vigor al día siguiente, al publicarse en el diario oficial de la Generalitat.

Pocas horas después, mientras los partidos proconsulta catalanes decidían mantener en pie la convocatoria en una maratoniana reunión, el Gobierno central anunció que impugnaría la constitución de dicha comisión ante la justicia.

Así, este lunes, la Abogacía General del Estado presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional pidiendo la anulación de esa comisión de control, alegando precisamente que su constitución vulnera la suspensión cautelar de la ley de consultas decretada por el alto tribunal.