La fiscalía brasileña denunció el lunes a cinco militares retirados del Ejército por la tortura y muerte del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura militar (1964-1985).

El hecho ocurrió los días 21 y 22 de enero de 1971 en las dependencias del Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI) del Ejército, en Río de Janeiro, y los cinco están denunciados por homicidio y ocultamiento de cadáver.

El Ministerio Público Federal (MPF) en Río de Janeiro informó en su página web de que, para sustentar la denuncia, usaron "documentos encontrados en la residencia del militar Paulo Malhaes", el primer torturador confeso de la dictadura, hallado muerto a finales de abril en condiciones que aún se investigan.

Además de las penas de prisión, el MPF pidió que las pensiones de los acusados se suspendan, así como retirarles las medallas y condecoraciones que hayan recibido a lo largo de sus carreras.

De acuerdo con las indagaciones, Paiva, político crítico de la dictadura, fue detenido en su casa y luego torturado en un cuartel hasta la muerte. Después, los militares crearon un escenario para hacer creer que éste se había fugado.

"Los crímenes cometidos por los militares se dieron en un contexto de ataque sistemático y generalizado contra la población civil por un sistema semiclandestino de represión política", informaron los procuradores del caso. Este sistema estuvo basado en "invasión de domicilio, secuestro, tortura y desaparición de enemigos del régimen. Por este motivo, los crímenes denunciados no prescribieron y no están comprendidos en la Ley de Amnistía de 1979", dijo la fiscalía.

De acuerdo con el MPF, quedó comprobado en las investigaciones que el Ejército brasileño viene ocultando informaciones sobre la participación de militares en acciones de represión de la dictadura. "Por este motivo, los procuradores de la República están requiriendo orden judicial para que las Fuerzas Armadas presenten los legajos completos de los militares investigados", informaron.

A diferencia del resto de los países del Cono Sur, Brasil no ha encarcelado a ningún represor de la dictadura a raíz de la Ley de Amnistía. La justicia penal ya ha aceptado varias acusaciones de fiscales contra represores, pero éstas aún están en trámite o han sido rechazadas en otras instancias.

Brasil reconoce oficialmente unos 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en Argentina y más de 3.200 en Chile.