El encarcelamiento de indígenas acusados de homicidio y el asesinato no esclarecido de cuatro líderes nativos por defender la selva contra la tala ilegal muestran la indefensión y falta de justicia que enfrentan poblaciones originarias en Perú, denunciaron este miércoles organizaciones de derechos humanos.

Entidades internacionales humanitarias denunciaron en una presentación en Lima graves deficiencias en el juicio a 53 indígenas awajun wampis por las 33 muertes ocuridas en 2009 en Bagua (Amazonas, noreste) durante unas protestas contra proyectos de explotación en esa zona.

La policía quiso poner fin a varios días de movilización y corte de rutas avanzando con tanquetas y gases lacrimógenos, lo que originó una huida de los pobladores y un violento enfrentamiento que se saldó con 23 policías muertos, cinco indígenas y cinco campesinos.

El juicio contra los indígenas -acusados por homicidio de los policías, motín y delitos contra el Estado, entre otros- se inició en mayo pasado y no ha respetado reglas básicas de defensa, según el reporte de las entidades.

"Hay grandes deficiencias cuando se trata de hacer justicia con indígenas o proteger sus derechos", dijo a la AFP Rocío Silva Santisteban, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Lima.

"El Estado no sabe cómo brindar justicia en casos interculturales en que indígenas son víctimas o están involucrados. Se producen grandes inequidades en los procesos", señaló.

Muchos de los acusados en el llamado "Baguazo" hablan lenguas nativas y no han contado con intérpretes para su adecuada defensa ni con asistencia legal, denunciaron las organizaciones tras una visita a Bagua para conocer el caso y revisar los expedientes.

Pese a la dudosa validez de las pruebas y acusaciones, muchos indígenas de la etnia awajun wampis imputados fueron detenidos preventivamente por años, indica el reporte elaborado por la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, el Centro Internacional de Estudios Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Ecuador.

- Ausencia del Estado -

"El componente común en el caso de Bagua y en el asesinato de los cuatro asháninkas es la deficiencia en la provisión de justicia para los indígenas", dijo a la AFP Daniel Cerqueira, investigador de la Fundación para el Debido Proceso.

Cuatro líderes indígenas asháninkas que defendían sus recursos naturales fueron asesinados el 1 de septiembre a manos de presuntas mafias de la tala ilegal de bosques en una apartada región amazónica cerca de la frontera entre Perú y Brasil, un caso que generó consternación mundial a 80 días de que se inicie en Perú una cumbre ambiental de cambio climático.

"La COP20 en Lima plantea un escenario en el que estos graves problemas que afrontan los indígenas tienen que quedar expuestos. La cumbre tiene que ser un momento para reflexionar y asumir compromisos, no solo para la diplomacia y los intereses políticos de los países", consideró Cerqueira.

El líder indígena Edwin Chota, uno de los asháninkas asesinados, denunciaba desde tiempo atrás a las autoridades las amenazas de los traficantes de madera a las comunidades, pero sus denuncias no fueron atendidas.

Mafias dedicadas a la tala ilegal en la Amazonia ingresan fuertemente armadas a zonas bajo dominio indígena a extraer madera y desarrollar sus actividades sobre amenazas a las poblaciones, una situación que se agrava en la Amazonía por la falta de titulación de las tierras, según las organizaciones ambientalistas.