La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciará el próximo jueves si nacionaliza Repsol YPF, la principal empresa petrolera del país y que actualmente pertenece, en su mayoría, a capitales españoles. La mandataria realizará ese día un acto junto con gobernadores de las provincias petroleras argentinas, en una semana plagada de tensión ante la incertidumbre generada por la pelea que desde hace meses mantienen el gobierno y la firma española. De hecho, este lunes arribó a Buenos Aires el presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien realizará un último intento de negociación con Fernández en medio de los intensos rumores sobre la nacionalización del sector que fue privatizado en los años 90. Voceros de la empresa adelantaron que Repsol aceptaría abrir el paquete accionario para permitir una mayor participación estatal, modificar el esquema de envío de utilidades y definir un plan de inversiones junto con el resto de las petroleras que operan en el país. De no llegar a un acuerdo, la empresa demandaría al Estado argentino en los tribunales comerciales internacionales, lo que tendría un impacto directo y negativo en las inversiones extranjeras que llegan al país sudamericano. Por parte del gobierno, los escenarios son llegar a un acuerdo para aumentar sus acciones en la empresa entre un 33 y un 50 por ciento, o declarar de interés público a los hidrocarburos para que el Estado desplace a las privatizadas. La presidenta denunció en los últimos meses a las empresas petroleras, y en particular a Repsol, por incumplir con sus compromisos de inversión y, por lo tanto, no aumentar la producción, lo que obliga al gobierno a importar el energético. El punto máximo de la tensión entre el gobierno y la empresa llegó a fines de febrero, cuando trascendió que Fernández anunciaría la cancelación del contrato de la firma española el 1 de marzo ante el Congreso. Según el diario El País, la decisión fue postergada gracias a una llamada directa del Rey de España, Juan Carlos de Borbón, a la presidenta, aunque desde entonces las presiones oficiales hacia Repsol han continuado. Desde entonces, a la empresa se le han retirado 15 licencias de operación en seis provincias argentinas, lo que se ha interpretado como medidas de presión que culminarán con la cancelación del contrato en todo el país. La incertidumbre sobre el futuro de Repsol ya provocó que, tan sólo la semana pasada, sus acciones cayeran en un 21.3 por ciento, por lo que su valor se redujo de 11 mil 170 a ocho mil 860 millones de dólares.