La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) ordenó el viernes al ejército investigar la desaparición de diez personas en 1982, durante la guerra civil que vivió este país entre 1980 y 1992, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

"La Sala (de lo Constitucional) ordena al ministerio de la Defensa Nacional y al jefe del estado mayor conjunto de la Fuerza Armada a través de una nueva verificación de sus registros y cualquier otro medio lícito proporcionen información en relación con el operativo militar (realizado en Chalatenango, norte del país)", precisó la CSJ.

La resolución acoge favorablemente la solicitud de 'hábeas corpus' que dos abogados presentaron por la desaparición forzada de María Amparo Romero, quien estaba embarazada, Elvira Orellana, José Rafael Franco, Pastor Serrano, Gladis Serrano, Norberta Serrano, José Mauricio Menjívar, Rosa Orellana y Marcos López.

La desaparición de estas personas ocurrió durante un "operativo militar" denominado 'Operación limpieza', conocido también como 'Guinda de mayo', efectuado en Chalatenango, a unos 85 kilómetros al norte de San Salvador, en los meses de mayo y junio de 1982 por parte del batallón Ramón Belloso (ya disuelto) y otras unidades del ejército.

Un juez ejecutor del proceso de 'hábeas corpus', Juan Antonio Durán, informó a la Sala Constitucional de que "no hay información" y no se tiene documentación sobre operativos militares en Chalatenango entre mayo y junio de 1982, "pues se le informó (por parte del ministerio de la Defensa) que la información era confidencial, secreta y se transmite verbalmente".

"La Sala estableció que todas las desapariciones forzadas de las personas antes señaladas (en Chalatenango) son responsabilidad de la Fuerza Armada salvadoreña", precisó el comunicado.

El "comportamiento" de los militares, según la CSJ, "contraría no solo sus obligaciones legales sino también los propios estándares construidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", por cuanto "obstaculiza la labor de determinar qué sucedió" con los desaparecidos.

"Se estableció que existe un comportamiento totalmente displicente del ministerio de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en torno a los casos de desaparición forzada reclamados", subraya la CSJ.

La guerra civil salvadoreña se cerró tras la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla el 16 de enero de 1992. Su saldo fue de más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.