La Corte Constitucional de Colombia restableció este martes la autorización para realizar corridas de toros en Bogotá, prohibidas por el alcalde Gustavo Petro hace casi dos años con el fin de evitar "las torturas y el trato cruel hacia los animales".

En su fallo, el tribunal garante de la Carta Magna en Colombia consideró que no permitir el espectáculo taurino constituye una vulneración del "derecho a la libertad de expresión artística" de los amantes de esta práctica "legalmente regulada".

La Corte Constitucional se pronunció así sobre la demanda presentada por la Corporación Taurina de Bogotá contra la decisión de Petro de suspender, en forma unilateral, el contrato firmado hasta 2015 para el alquiler de la Plaza de Toros La Santamaría, tradicional escenario de la fiesta brava en Bogotá.

"Ni el marco legal para la realización de la tauromaquia (...) ni los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional (en 2010), facultan a la administración distrital para imponer la alteración de la estructura del espectáculo taurino para eliminar la muerte del toro", indicó un resumen del fallo conocido por la AFP.

El texto ordena además la restitución inmediata de La Santamaría para la presentación de espectáculos taurinos, y da seis meses de plazo a la Alcaldía para reiniciar la temporada de corridas de toros.

Petro, un excongresista de izquierda y exguerrillero, decidió revocar en diciembre de 2012 el contrato por el cual se cedía La Santamaría a la Corporación Taurina de Bogotá para las tradicionales corridas.

La temporada de La Santamaría (con capacidad para unos 14.000 espectadores) estaba entre las más importantes de Colombia, uno de los países con mayor afición taurina de América Latina.

La Corte Constitucional permitió en 2010 este tipo de tradiciones siempre que se eliminen las conductas "especialmente crueles".

El debate sobre la violencia en las corridas de toros se ha extendido en los últimos años en España y varios países de América Latina.

En 2011 la ciudad de Quito decidió en una consulta popular, a propuesta del presidente ecuatoriano Rafael Correa, vetar la muerte del toro en la arena, y en 2010 la región española de Cataluña prohibió las corridas