Un juzgado de Colombia condenó a 34 años de prisión a seis militares, entre ellos dos sargentos, por haber ejecutado extrajudicialmente a un civil para presentarlo como guerrillero muerto en combate, informó este martes la fiscalía nacional.

Funcionarios del ente acusador demostraron en juicio la culpabilidad de dos sargentos del Ejército y cuatro soldados profesionales, adscritos a un batallón de contraguerrilla, "en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares", según un comunicado de la fiscalía.

De acuerdo con el texto, los militares "dieron muerte" a Wilfrido Chantrix Quiroz el 21 de octubre de 2003, "reportando el deceso como resultado de un supuesto combate contra miembros de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional)", en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar (norte).

La víctima era un "humilde reciclador en Codazzi que padecía problemas mentales, que la noche del insuceso se encontraba en su residencia, no tenía vínculos con grupos subversivos y jamás portó armas de fuego", agregó el documento.

Paradójicamente, uno de los sargentos condenados, José de Jesús Rueda, es "actual jefe de Derechos Humanos del Batallón Nueva Granada" con sede en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander (noreste), indicó el texto.

"El dictamen de la necropsia y el informe de balística no eran concordantes con lo manifestado por los militares sobre el supuesto combate, por la ubicación de los tiradores y la posición del cuerpo de Chantrix Quiroz", añadió el comunicado.

Colombia vive un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.

Según la ONG con sede en Washington Human Rights Watch (HRW), la fiscalía colombiana investiga cerca de 3.000 de estos casos, conocidos en el país como "falsos positivos".

En mayo, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional James Stewart afirmó que estos casos son "fuente de preocupación" para el organismo internacional porque los procesos judiciales relacionados "no se habían centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar", pese a las más de 817 sentencias condenatorias contra uniformados por estos crímenes, según cifras recientes de la fiscalía colombiana.