Los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela rechazamos de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, de la autodeterminación y soberanía.

En esta ocasión, el citado funcionario norteamericano, de una manera infame y extorsiva, abiertamente contraria a la Constitución, a la Ley, y al respeto por el Estado de Derecho al que alude, propone a los legítimos y altos administradores de justicia de la República Bolivariana de Venezuela ponerse al margen de la Constitución como norma suprema, con el fin de colocar a la nación al servicio de los intereses imperiales del Gobierno guerrerista de la Casa Blanca.

Esta actuación antijurídica, despreciable e intolerable viola las normas y principios del derecho internacional que rige las relaciones entre las naciones civilizadas. En este caso, se ha formulado una nueva amenaza, unilateral al Poder Judicial venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 Magistrados y Magistradas. En este sentido, denunciamos ante el país y ante la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia y los Magistrados y Magistradas que lo integran ratificamos al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo su apego a la Constitución, a la Ley y al servicio de la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado.

Asimismo, este Tribunal Supremo de Justicia reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas, y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano.

No en vano, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado expresamente que las sanciones de EEUU a Venezuela y a los otros pueblos hermanos son un violatorio de los derechos humanos. Una vez más, ratificamos nuestro compromiso con la patria y con el pueblo venezolano. En consecuencia, seguiremos aplicando en el ejercicio de las atribuciones constitucionales, las medidas, pronunciamientos y en fin las decisiones a las que haya lugar para la protección del orden constitucional a quienes atenten contra la independencia, la seguridad de los ciudadanos, la estabilidad, la paz y la integridad de la nación.

Finalmente, declaramos que no somos chantajeables ni nos subordinaremos jamás ante un gobierno extranjero que pretenda vulnerar la soberanía de nuestra patria.