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Comision de funcionamiento y reestructuracion del sistema judicial responsabiliza a jueza superior del zulia

07/11/2010 18:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA JUDICIAL RESPONSABILIZA A JUEZA SUPERIOR DEL ZULIA

GRAVE SENTENCIA MORAL

Expediente: A-038-2010

Comisionada: Alicia García de Nicholls

En fecha 30 de abril de 2010, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° 1207-10, del 16 de ese mismo mes y año, emanado de la Inspectoría General de Tribunales, anexo al cual remitió expediente disciplinario N° 070662 -nomenclatura de ese Órgano-, conjuntamente con el escrito contentivo de la apelación interpuesta en fecha 25 de marzo de 2010, por el abogado Luis Bastidas de León, titular de la cédula de identidad número V.- 5.837.031, apoderado judicial de la ciudadana Yajaira Coromoto Martínez Añez, titular de la cédula de identidad número V.- 9.727.617, contra el auto dictado por ese Órgano Instructor en fecha 20 de Octubre de 2009, mediante el cual ordenó el archivo de las actuaciones contentivas de la investigación llevada contra la ciudadana Gloria Urdaneta de Montanari, titular de la cédula de identidad N° V.-5.165.634, en su condición de Jueza del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo, estado Zulia, al considerar que no había incurrido en falta disciplinaria alguna. En esa misma fecha -30 de abril de 2010- se dio entrada al expediente, asignándosele el N° A-038-2010, y se dio cuenta a la Comisionada Presidenta Doctora Alicia García de Nicholls, a quien corresponde conocer, sustanciar y decidir el recurso interpuesto.

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DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apelante efectuó un resumen del trámite procedimental dado por la Inspectoría General de Tribunales a la denuncia que interpuso y finalizó precisando la fecha cuando ese Órgano dictó el acto conclusivo que impugna. De seguidas esgrimió los argumentos por los cuales disentía de esa decisión, y en tal sentido señaló en cuanto a lo asentado en el literal quinto de ese acto al indicar que de "las actas del presente expediente, así como la investigación efectuada y las defensas esgrimidas por la Jueza GLORIA URDANETA DE MONTANARI, esta Inspectoría General de Tribunales constató que, la denuncia contra la Jueza Superior en lo Civil y Contencioso de la Región Occidental, versó sobre presunto retardo en la admisión del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Yajaira Martínez, contra el acto administrativo N° R 0002-1999, de fecha 02 de julio de 1999, dictado por el Rector de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, con sede en Cabimas del estado Zulia; así como, en la presunta omisión de pronunciamiento por parte de la Juzgadora, en cuanto al decreto de la medida cautelar solicitado por la hoy denunciante.- (subrayados míos).-" Adujo el recurrente que la pretensión intentada en esa causa, distinto a lo señalado en el acto impugnado, era un recurso de nulidad ejercido conjuntamente con un amparo cautelar, por lo que su tramitación era prioritaria a cualquier otra, más aun cuando la causa fue remitida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de junio de 2006 y no fue sino hasta el día 6 de marzo del año 2007, cuando al Jueza le dio entrada al expediente, circunstancia de la que, en opinión del recurrente, se desprendía un evidente retardo procesal en la actuación desplegada por la Jueza. A los fines de sustentar el alegato anterior especificó los lapsos en los cuales se verificó ese retardo, indicando que desde junio de 2006, fecha en la cual el expediente llegó al Tribunal a cargo de la Jueza investigada, hasta el seis de marzo de 2007, cuando le dio entrada, transcurrieron más de nueve (9) meses, siendo que en la misma ya se había verificado la contestación de la pretensión, e incluso la promoción y evacuación de pruebas, por lo que, en su opinión, lo único que correspondía a la Jueza era dictar sentencia en relación a la controversia allí debatida, previo el necesario pronunciamiento en cuanto a la medida cautelar que había sido requerida junto a la pretensión principal.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Tomando en consideración los fundamentos de la apelación y lo expuesto por la Inspectoría General de Tribunales en su acto conclusivo se observa que los hechos denunciados fueron los siguientes:

1) Retardo en la admisión del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Yajaira Martínez contra el acto administrativo N°R0002-1999, de fecha 2 de julio de 1999 dictado por el Rector de la Universidad Nacional experimental Rafael María Baralt, con sede en la ciudad de Cabimas del estado Zulia.

2) Omisión de pronunciamiento en cuanto al decreto de la medida cautelar solicitada conjuntamente con el mencionado recurso de nulidad.

3) Daño patrimonial causado como consecuencia del aludido retardo.

En cuanto al primero de esos hechos, observa esta Comisión que tal retardo fue efectivamente comprobado por la Inspectoría, sólo que consideró la existencia de circunstancias que lo justificaban, tales como el congestionamiento del Tribunal, el cual devenía de la multiplicidad de competencias que éste tenía bajo su conocimiento; aunado a que durante el lapso cuando fue realizada la investigación la Jueza se encontraba ejerciendo dos cargos simultáneamente, vale decir, como Jueza Rectora y como Jueza Superior.

Al respecto se desprende de las actas cursantes en autos que durante la tramitación de la causa judicial N° 7600, contentiva del recurso de nulidad interpuesto, conjuntamente con un amparo cautelar, por la ciudadana Yajaira Martínez, contra el acto administrativo dictado en fecha 2 de julio de 1999, por la Universidad Nacional experimental Rafael María Baralt; se presentó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se pronunció al respecto en fecha 29 de marzo de 2006, declarando competente al referido Juzgado Superior, el cual para esa fecha se encontraba a cargo de la Jueza Gloria Urdaneta Montanari; dicha Sala el 16 de mayo de 2006, remitió la causa al Tribunal declarado competente, el cual la recibió en fecha 14 de junio de 2006. Ese Juzgado Superior ordenó en fecha 6 de marzo de 2007, formar y reasignar el número que anteriormente le había dado antes del surgimiento del conflicto de competencia, y se pronunció sobre la admisión de la pretensión del accionante el día 7 de agosto de 2007 (folios 64 al 67, 73 al 86, 112 al 125 pieza 1 del expediente disciplinario).

Así mismo se constató de la certificación de días de despacho que riela a los folios 140 al 170 de la pieza N° 3 del expediente disciplinario, que entre el día 14 de junio de 2006, cuando se recibió el expediente, hasta el 6 de marzo de 2007, oportunidad en la que, como se indicó, se dio entrada al expediente transcurrieron noventa y un (91) días de despacho; y desde esta fecha hasta el 7 de agosto de 2007, en la que se admitió la causa transcurrieron sesenta y dos (62) días de despacho, lo que en consecuencia demuestra que desde la oportunidad en la que fue recibido el expediente hasta aquella en la cual se emitió pronunciamiento en cuanto a la admisión transcurrieron un total de ciento cincuenta y tres (153) días de despacho.

Establecido lo anterior esta Comisión considera necesario señalar que puede entenderse y comprenderse, como así lo ha expresado este Órgano en anteriores oportunidades, siempre con fundamento a las pruebas promovidas y admitidas en cada caso, que existan situaciones que incidan directamente para que los asuntos no puedan ser resueltos dentro de los lapsos y términos para decidir o emitir pronunciamiento en un asunto judicial, bien sea de oficio o a petición de parte, según lo establecen las normas que así lo señalan.

Entre esas circunstancias puede ciertamente incidir el exceso de trabajo y congestionamiento del Tribunal, pero no puede ni debe ser extendido al extremo de lesionar no sólo derechos fundamentales de los justiciables, sino que se constituya per se en una lesión a los postulados contenidos en la Carta Política del Estado, entre los que se mencionan por ejemplo, el de oportuna respuesta, tutela judicial efectiva, justicia expedita, lo cual en definitiva se traduce en el desiderátum constitucional de acceso a la justicia, que persigue fundamentalmente crear una nueva conciencia jurídica, la cual tiende a dar vigencia plena del programa axiológico contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tal consideración es oportuna en razón del argumento esgrimido por la Inspectoría en su acto conclusivo referido al congestionamiento del Tribunal, que, en opinión de ese órgano exime a la jueza de responsabilidad disciplinaria, máximo cuando no riela en autos prueba de tal circunstancia, pues el derecho de petición es determinante para hacer efectivo los mecanismos de una democracia participativa.

El ejercicio de ese derecho de petición garantiza, otros de igual rango constitucional, permitiendo una comunicación entre la administración y los ciudadanos y ciudadanas, aumentando así el grado de legitimidad del Estado y sus instituciones, es por lo que la respuesta que requiere un justiciable debe producirse sino en el lapso o en el término prescrito por la Ley, en un tiempo no prolongado, que resulte gravoso a sus derechos e intereses, objetivo éste que a su vez encierra una política de paz social y armonía, en las relaciones justiciable-Estado, que a su vez transciende a la comunidad en general.

De allí, que los Jueces y Juezas deben ser celosos guardianes de estos postulados, razón por la cual al administrar justicia, están obligados a dar atención a las normas procedimentales establecidas, leídas a la luz del principio de instrumentalidad de las formas, es decir que su respeto es predicable en cuanto cumple un fin; y en el caso de las peticiones y solicitudes ante los órganos de administración de justicia tienen el propósito de garantizar que los pronunciamiento se dicten dentro de los lapsos y términos establecidos en la Ley, tomando en cuenta los principios de eficiencia, economía y celeridad procesal que orientan las actuaciones judiciales. Por ello las peticiones deben ser resueltas por parte del órgano jurisdiccional correspondiente en cumplimiento estricto a los plazos que en cada caso dispongan las leyes procedimentales, y cuando de manera excepcional, no se pueda dar respuesta a ese fundamental derecho, deben expresarse las razones que lo imposibilitan, lo cual afianza la certeza y la seguridad jurídica de la sociedad en el sistema de justicia, como vía para resolver los conflictos que de carácter jurídico afectan sus derechos e intereses, además de fortalecer el sistema de justicia como política de Estado.

En el presente caso esta Comisión considera que el haber retardado casi durante catorce (14) meses el pronunciamiento referido a la admisión de la pretensión del accionante, no es justificable bajo el argumento del congestionamiento del Tribunal o multiplicidad de competencias. Así como tampoco lo justifica el hecho de ejercer dos funciones –jurisdiccional y administrativa- pues si bien se entiende que tal circunstancia exige un compromiso mayor por parte del Juez/a las desempeña, no le puede eximir de cumplir con los postulados Constitucionales antes indicados.

Con fundamento en lo anterior esta Comisión considera que la actuación de la Jueza Gloria Urdaneta de Montanari es reprochable desde el punto de vista ético disciplinario, al considerar que si incurrió en la dilación procesal denunciada. Así se decide.

Respecto al segundo supuesto fáctico referido a la omisión de pronunciamiento por parte de la Jueza en cuanto a la medida cautelar solicitada conjuntamente con el mencionado recurso de nulidad, se precisa señalar que la Inspectoría en su auto de cierre señaló en ese sentido que estaba plenamente demostrado que la misma fue peticionada el 9 de agosto de 2007, y que a partir de esa fecha la Jueza sólo conoció de la causa por un lapso de cinco días de despacho, pues en esa oportunidad se inhibió del conocimiento de la causa, lo cual en su opinión no podía ser considerado como un retardo injustificado, fundamentando esa decisión, nuevamente en las circunstancias de multiplicidad de competencias y del congestionamiento del Tribunal...."

En consecuencia, considera quien decide, que ciertamente, tal como lo alegó el apelante se desprende de los autos la existencia de elementos que comprometen disciplinariamente a la Jueza Gloria Urdaneta de Montanari; por lo que ordena a la Inspectoría General de Tribunales proceda realizar acto conclusivo contentivo de la correspondiente imputación contra la aludida ciudadana, quien para la fecha de la denuncia era Jueza Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Luis Bastidas de León, apoderado judicial de la ciudadana Yajaira Martínez Añez, contra el acto conclusivo dictado por la Inspectoría General de Tribunales en fecha 20 de Octubre de 2009, mediante la cual ordenó el archivo de las actuaciones referentes a la investigación llevada a cabo contra la Jueza Gloria Urdaneta de Montanari, al considerar que no había incurrido en falta disciplinaria alguna; en consecuencia, se revoca el mismo y se ordena a la Inspectoría General de Tribunales proceda dictar acto conclusivo contentivo de la correspondiente imputación contra la mencionada ciudadana.

Notifíquese de la presente decisión al apelante el abogado Luis Bastidas de León, apoderado judicial de la ciudadana Yajaira Martínez Añez, a la Inspectoría General de Tribunales, al Ministerio Público, y a la Jueza Gloria Urdaneta de Montanari. Líbrense los oficios correspondientes.

Remítase el expediente a la Inspectoría General de Tribunales a los fines de que realice acto conclusivo contentivo de la/s correspondiente/s imputación/es contra la aludida ciudadana. Dada, firmada y sellada. En caracas, a los doce (12) días del...2010

La Comisionada, Dra. ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS Presidenta

AL LEER ESTA SENTENCIA, PIENSO EN EL CASO DE LA JUEZ MARIA AFIUNI.

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