Siete exmilitares chilenos fueron acusados este viernes como autores y cómplices del homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien murió en 1986 tras ser quemado vivo por una patrulla militar, en uno de los crímenes más horrendos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Casi tres décadas después del ataque, en el que también resultó con graves quemaduras Carmen Gloria Quintana, el juez Mario Carroza ordenó el procesamiento de siete exoficiales y suboficiales del Ejército chileno.

"Se ha dispuesto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas. Particularmente, seis como autores y uno como cómplice", informó el magistrado a la prensa.

"Los seis autores son los oficiales y suboficiales que comandaban la patrulla (militar) y el conductor del camión fue acusado como cómplice", explicó el juez Carroza.

Los procesados como autores son los exoficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los exsubooficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nélson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice.

El caso data del 2 de julio de 1986, cuando en el marco de una serie de protestas en las postrimerías de la dictadura de Pinochet, el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, de 19 años, y la entonces estudiante de ingeniería, Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron detenidos por una patrulla militar.

Tras ser detenidos, ambos fueron rociados con gasolina y se les encendió fuego, para posteriormente ser abandonados -gravemente heridos- en las afueras de Santiago.

Rodrigo Rojas, que había regresado poco antes a Chile tras vivir en Estados Unidos con su madre exiliada por la dictadura, murió después de cuatro días de agonía. Carmen Gloria se recuperó tras resultar con más del 60% de su cuerpo quemado y hoy vive en Canadá.

"Yo nunca pierdo la fe en que se haga justicia (...) pero las heridas no han quedado en el pasado", dijo la madre del fotógrafo fallecido, Verónica de Negri, torturada y exiliada por la dictadura.

-Pacto de silencio-

Transcurridas casi tres décadas del crimen, la justicia pudo avanzar sólo después de que un exconscripto que era parte de la patrulla militar rompió lo que sería un "pacto de silencio" entre ellos y narró al juez todo lo sucedido.

La justicia había cerrado el caso en los noventa con un solo militar condenado por negligencia, asumiendo la versión de que ambos se habían quemado tras el estallido de una bomba incendiaria artesanal.

"A lo mejor llevaban algo oculto y se les reventó", comentó en esa época Pinochet.

Pero en 2013 el caso se volvió a abrir -por una nueva querella presentada por familiares-, permitiendo ahora que los sindicados como los verdaderos responsables fueran detenidos y procesados por la justicia.

"Hay información, hay antecedentes y datos que permiten poder procesarlos por homicidio calificado en el caso de Rojas de Negri y de Carmen Gloria Quintana, por homicidio calificado pero frustrado", explicó este viernes el juez Carroza.

"Estamos satisfechos con la resolución", afirmó Francisco Ugás, secretario del programa de Derechos Humanos del gobierno.

Por su parte, uno de los abogados querellantes del caso, Héctor Salazar, dijo que ahora perseguirán responsabilidades del alto mando del Ejército, por sus supuestas maniobras para fraguar una "coartada", que mantuvo hasta ahora la impunidad en el caso.

"Fue una cadena de rango superior lo que fraguó esta coartada y que se entregó en los cuarteles militares", acusó el abogado Salazar, a radio ADN.

"Vamos a presentar una querella y estudiaremos cuáles son los delitos e encubrimientos de la justicia para apuntar contra los autores materiales que lograron sortear los requerimientos judiciales", anunció el jurista.